Ignacio Cosidó ha tenido el honor de ser el primer alto cargo del PP en declarar en el juicio del caso Kitchen. A las 09.44 de este miércoles, el exdiputado enfilaba la cuesta arriba que conduce hasta la sede de la Audiencia Nacional ubicada en la madrileña calle de Génova, a escasos metros del cuartel general de los populares. Citado como testigo, quien fuera el director general de la Policía Nacional cuando se activó el despliegue de espionaje a Luis Bárcenas en el seno de ese cuerpo y del Ministerio del Interior, ha comparecido durante poco más de una hora ante el tribunal. Pero su interrogatorio no ha deparado sorpresas: según ha repetido, nunca supo nada de Kitchen, ni de ninguna investigación paralela urdida contra el extesorero que amenazaba a su partido. Ha insistido en que tampoco ordenó al oscuro comisario José Manuel Villarejo ninguna misión: “No era una persona de mi confianza”.

La lista de testigos de la sesión de este miércoles —la quinta del juicio— incluía el nombre de Cosidó como plato fuerte. El exparlamentario debía declarar el martes, pero el retraso acumulado en la vista obligó a posponer su comparecencia a esta jornada. Este aplazamiento ha permitido al exministro Jorge Fernández Díaz, principal acusado y ausente en los dos días anteriores, no perderse la cita. De hecho, Cosidó se ha dirigido a él nada más entrar en la sala de interrogatorios. Con una sonrisa amable y poniéndole una mano en el hombro, el ex director general de la Policía le ha saludado antes de colocarse ante los tres miembros del tribunal, presidido por Teresa Palacios.

A partir de ese momento, Cosidó ha mantenido el guion que ya escribió en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la trama, en la que compareció en 2021. ¿Tuvo conocimiento de que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, encabezada por el imputado Eugenio Pino, puso en marcha una investigación sobre Bárcenas ajena a la unidad que le seguía los pasos por Gürtel? “No”. ¿Comentó con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, algún tipo de operación para conseguir información del extesorero? “No”. ¿Sabía que se captó a su chófer, Sergio Ríos, como confidente? “No”. ¿Oyó a alguien hablar de algún despliegue llamado “Kitchen” o “cocina”? “No recuerdo. No tengo constancia”. Según ha repetido una y otra vez, no sabía nada de nada.

Fernández Díaz nombró a finales de 2011 como director general de la Policía a Cosidó —responsable del famoso mensaje de WhatsApp que presumía en 2018 de que los populares conseguirían por “detrás” el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo—. Estuvo en el cargo hasta 2016. Las pesquisas del magistrado instructor Manuel García-Castellón nunca se dirigieron contra él, aunque la Fiscalía Anticorrupción reclamó su imputación unos días antes de que se dieran por finalizadas las indagaciones. Eugenio Pino y José Manuel Villarejo lo habían señalado, pero García-Castellón consideró que no había indicios suficientes para ir contra él.

Pino, que defiende que Kitchen fue una operación legal contra un sospechoso de corrupción, dijo que despachaba de “todo” con el director general. Villarejo fue más allá y, directamente, afirmó que el exdiputado del PP le encargó participar en el espionaje a Bárcenas: “El señor Cosidó me dijo: ‘Este es un tema muy importante en el que el propio presidente del Gobierno tiene interés”. Sin embargo, al declarar este miércoles como testigo, el político conservador ha marcado distancia con ellos. “Solo me he encontrado una vez con Villarejo y fue un saludo protocolario al [yo] tomar posesión”, ha dicho, antes de incidir en que el ex DAO no le habló jamás de Kitchen.

Cosidó se ha esforzado especialmente en exponer ante el tribunal que él no entraba en las investigaciones judicializadas. Y que, si los mandos de la Policía le transmitían algún dato, eran informaciones genéricas y al final de las operaciones. Por eso, según ha remarcado, tenía un conocimiento somero de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevaba el caso Gürtel. “Sabía que estaba investigando la UDEF, pero no sabía que hubiera implicadas otras unidades de la Policía”, ha remachado.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la trama Kitchen, activada en la cúpula de Interior y de la DAO, quería apoderarse del material sensible que Bárcenas pudiera guardar de altos cargos del PP para evitar así que llegara hasta los investigadores del caso Gürtel. Es decir, a la UDEF, que entonces acorralaba al partido conservador y al que no se informó de este espionaje paralelo. “No recuerdo que yo diera una instrucción sobre qué unidad debía hacerse cargo de una investigación”, ha despejado Cosidó a preguntas del abogado defensor de Pino, que ha remarcado que tampoco conoció que otras unidades distintas (como la UCAO y Asuntos Internos) hicieron seguimientos al extesorero. “En determinadas operaciones de crimen organizado, es muy común que una unidad pueda pedir apoyo a otra. Pero siempre, en este caso, sería bajo la responsabilidad de la UDEF y, entiendo, bajo la supervisión de la autoridad judicial”, ha añadido.

Según ha continuado el exparlamentario ante el tribunal, él tampoco tenía “atribución” sobre el uso de los fondos reservados —que se utilizaron para pagar al chófer—. Ni le llegó ninguna petición de Bárcenas o de su entorno de que necesitaban adoptar medidas de seguridad. Unas palabras que cobran importancia después de que varios agentes rasos, destinados en 2013 en Asuntos Internos, declararan el martes que sus superiores le pidieron vigilar a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, por su “protección” y sin que ella los detectara. La Unidad de Asuntos Internos estaba encabezada entonces por Marcelino Martín Blas, que se encuentra entre los acusados.

Los límites de la causa

Diez personas se sientan en el banquillo de los acusados en este juicio (aunque ni Villarejo ni el inspector jefe Bonifacio Díez han asistido a la jornada de este miércoles), con Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino a la cabeza. El juez instructor García-Castellón delimitó toda la responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior y la Policía Nacional; y excluyó la denominada “conexión política”, que apuntaba a altos cargos orgánicos del PP y había provocado la imputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares, y su entonces marido, Ignacio López del Hierro.

Esos límites impuestos en instrucción están muy presentes en la vista oral. La presidenta del tribunal ha permitido preguntar a Cosidó sobre su relación con Cospedal durante el espionaje a Bárcenas: “Era escasa, porque estaba ejerciendo como secretaria general del PP y también, creo, llegó a ocupar la presidencia de Castilla-La Mancha”. Sin embargo, cuando se ha querido profundizar más sobre la exdirigente del PP, la magistrada Palacios ha advertido que la ex secretaria general no se sienta en el banquillo. La jueza tampoco ha permitido preguntar si había una “inquietud” dentro de la formación conservadora que motivara algún movimiento contra el extesorero.

Después del escándalo que el año pasado frustró el juicio por la muerte de Diego Maradona (1960-2020), este martes se iniciará un nuevo proceso oral para determinar si siete profesionales de la salud que atendían al exfutbolista argentino son responsables de homicidio con dolo eventual. En 2025 llegaron a realizarse más de 20 audiencias en las que declararon 44 testigos, pero todo fue considerado nulo cuando se descubrió que una de las juezas de la causa, Julieta Makintach, estaba siendo filmada para protagonizar una serie documental sin el consentimiento de las partes.

Cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo son acusados de haber descuidado y propiciado el deceso de Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 cuando cumplía internación domiciliaria tras una cirugía. Afrontan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Según la acusación formulada por la fiscalía, el equipo de salud tuvo un desempeño “inadecuado, deficiente y temerario” que dejó al entonces entrenador “en una situación de desamparo”, “abandonándolo a su suerte”. La muerte de Maradona se produjo por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, en el marco de un crítico cuadro general que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias.

El nuevo juicio oral se desarrollará los martes y jueves en los tribunales de San Isidro, en el extrarradio de la ciudad de Buenos Aires. A su cargo estará el Tribunal Oral en lo Criminal 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Sobre los más de 200 testigos inicialmente considerados, se acordó que dará testimonio alrededor de un centenar, desde familiares y amigos del Pelusa hasta médicos y policías.

La anulación de todo lo actuado el año pasado supone que, tanto las declaraciones testimoniales como las pruebas y alegatos de la fiscalía y demás partes, deberán presentarse como si el proceso nunca hubiera comenzado.

De los siete acusados, la mayor responsabilidad recae sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Luque (44 años) se había convertido en uno de los médicos personales de Maradona en sus últimos años. En aquel noviembre de 2020, le había realizado una cirugía craneal por un hematoma subdural y luego había recomendado su internación domiciliaria para que se rehabilitara. La internación se cumplió en una casa que no habría contado con las mínimas condiciones necesarias para el cuidado del paciente. Según la imputación, el médico incumplió sus obligaciones de atender a Maradona y desestimó los síntomas de las dolencias que provocaron su muerte.

La psiquiatra Cosachov (40) había comenzado a tratar a Maradona cinco meses antes de su deceso. De acuerdo con la fiscalía, le administró al exentrenador de la selección argentina medicación contraindicada por sus dolencias y no lo controló en forma directa. Además, omitió “encargarse personalmente de la reanimación del paciente” pese a que era “la única médica presente en el lugar” cuando fue hallado inconsciente.

También está acusado el psicoanalista Carlos Díaz (33), virtual responsable de no haber requerido la internación de Maradona en una institución adecuada y de haberle ocultado a la familia del exfutbolista cuál era su real estado. Al enfermero Ricardo Almirón (41) se le imputa desatender los protocolos al asentar la información sobre la salud del paciente. Entre los acusados están también tres encargados de supervisar y coordinar la atención de Maradona: los médicos Pedro Di Spagna (49) y Nancy Forlini (56) y el enfermero Mariano Perroni (44). Una octava acusada, la enfermera Gisella Madrid (41) será juzgada en un proceso aparte, en un juicio por jurados que aún no tiene fecha de inicio.

“Bochorno mundial”, “inaudito”, “vergonzoso”. Así definieron los abogados de los acusados, en mayo último, a la revelación de que se estaba grabando una película en secreto durante las audiencias. “Ofició de actriz, no de jueza”, sentenció entonces la fiscalía sobre Makintach. Todas las partes intervinientes en el proceso la recusaron y Makintach fue sometida a un juicio político. Por unanimidad, fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales.