Las Trabajadoras De Ayuda A Domicilio Amenazan Con Ir A La Huelga: “Somos Grúas Humanas”

Hablar de las trabajadoras de ayuda a domicilio implica sumar horas, kilos, analgésicos. Las horas que acumulan a la semana, muchas de ellas con jornadas parciales. Los kilos que levantan en cada casa, porque su labor consiste precisamente en asistir a personas con dependencia en labores básicas de su vida diaria, como levantarse de la cama y asearse. Los analgésicos que toman para poder aguantar. Y el dinero que ingresan a final de mes, que obliga a algunas a pluriemplearse para subsistir con sueldos mileuristas. Ana Richarte tiene 58 años y lleva 26 en el oficio. Ha llegado a tomar opioides y está a la espera de que la infiltren. “Me tratan en la unidad del dolor. Tengo las cervicales destrozadas”, dice. “Terminamos siendo grúas humanas”.

Un grupo de estas trabajadoras ha dicho que hasta aquí, que basta ya. Unas empezaron a hablar con otras y estas a su vez con otras. Y ahora, según cuenta una de las impulsoras, son unas 2.000 activas en un chat. Este martes, algunas acudirán al Congreso de los Diputados, donde en la comisión de Derechos Sociales se votará una proposición no de ley que ha presentado ERC. El texto pretende dignificar las condiciones de trabajo de un servicio que permite que personas en situación de dependencia puedan ser atendidas en sus casas. Las trabajadoras quieren que este sea un pistoletazo de salida y les gustaría que sus movilizaciones culminen con una huelga general. Para ir dando pasos en su lucha, también están contactando con sindicatos y partidos.

“Voy dopada a trabajar”, cuenta Richarte. “Los trabajadores no deberían cargar más de 25 kilos… pues imagínate lo que supone mover a alguien que pesa 90”, dice esta sevillana. Atiende a cinco personas cada día. Ella tiene una jornada completa, lo que achaca a su veteranía y a sus años de lucha. “Cobro unos mil euros, el salario mínimo [actualmente está fijado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas]”. En el sector, resume, hay “sueldos miserables”. Ella trabaja en su mismo barrio, pero muchas compañeras tienen que coger el coche. Su propio coche. Amparo Faus, de 50 años, dispone de dos. “Si uno se rompe, tengo el otro. Cobro 100 euros al mes por kilometraje, pero lo lógico sería que nos pagaran [como en] un renting, a mí la letra me cuesta 270 euros al mes”, reclama.

Es valenciana y se dedica a este servicio desde hace unos “siete u ocho años”. Separada y con dos hijos, afirma que el coche es su único lujo. ¿Que cómo se vive en el sector? “De forma precaria. Sin poder encender una estufa, en verano aguantándote el calor. Hay pobreza energética, y con la comida lo mismo: antes tirábamos más de huevo, ahora más de pollo, lentejas, de cosas no muy caras. ¿Caprichos? Ninguno, no podemos tener”. Ejerce de portavoz del grupo. La lista de reivindicaciones está clara: “una mejora en la financiación para el servicio, además de que no sea externalizado a empresas privadas, sino que se gestione directamente desde los ayuntamientos”, y también un cambio en las condiciones laborales.

La proposición no de ley que se vota en comisión este martes recoge 17 puntos. Algunos de ellos son que se reconozcan “de forma inmediata” las enfermedades musculoesqueléticas y psíquicas como contingencias profesionales; establecer la jubilación anticipada mediante la creación de coeficientes reductores para la edad de jubilación; estipular mecanismos de control que permitan las tareas de prevención e inspección de trabajo en las casas de los usuarios sin vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio; que la adaptación técnica de las casas, con grúas o camas articuladas, sea una condición obligatoria previa a que se inicie el servicio en casos de personas con gran dependencia, y que se elimine la parcialidad involuntaria.

Raquel Martínez Buján, profesora de Sociología en la Universidad de A Coruña, da fe de la precariedad que viven estas profesionales. Tras analizar datos oficiales, calcula que hay 151.500 personas que trabajan cuidando a personas en situación de dependencia en sus domicilios, en servicios sociales públicos o privados. Solo contando a quienes perciben este servicio gracias a la ley de dependencia, hay unos 400.000 usuarios en España. En la mayoría de los casos, se subcontrata a través de empresas privadas.

Según las cifras recopiladas por Martínez Buján, el 95% de las empleadas son mujeres; el 40% han nacido en el extranjero; el 37,5% tienen una jornada parcial (frente al 13,7% del conjunto de los asalariados) y una de cada cinco de estas últimas trabaja menos horas de las que querría. “Es un trabajo muy duro para poder realizar a tan bajo coste”, añade. “Y hay un problema de falta de mano de obra”.

Hay informes recientes que recalcan esta precariedad globalmente. Como el estudio que ha presentado este mes la Organización Internacional del Trabajo que habla de “sobrecarga” en el empleo, “carencia de protección laboral y social, y una exposición desproporcionada a situaciones de violencia y acoso”. Destaca, además, que las empleadas tienen un “menor poder de negociación colectiva” porque la mayor parte de la mano de obra está compuesta por “personas vulnerables”.

Tener dos empleos

Paz tiene 54 años y pide usar un nombre ficticio. Vive y trabaja en un pueblo de la Comunidad Valenciana. Llegó a España procedente de Bolivia hace 25 años y desde hace 10 trabaja en un servicio municipal de ayuda a domicilio. Por una jornada de 26 horas ingresa unos 750 euros. “Pero peleándola. Tienes que estar atenta a tu nómina para asegurarte de que te están pagando lo que te toca”. “¿Quién sobrevive con la mitad de la jornada?“, se pregunta. Así que tiene un segundo empleo, también relacionado con el sector de los cuidados, en una empresa privada. “Son menos horas y menos días, y cobro unos 800 euros”.

Durante la pandemia y en la dana estuvo con sus compañeras al pie del cañón, pero lamenta que son invisibles. Y recalca: “El servicio es para atender a los usuarios. Obviamente, entra el cuidado de la higiene, comidas, etcétera”. Pero insiste en que su trabajo no consiste en limpiar. Otra de las reivindicaciones recogidas en la proposición no de ley: que se diferencien de forma nítida los cuidados profesionales de la ayuda a domicilio del servicio de limpieza.

Como en tantos sectores, hay grandes diferencias territoriales. Un convenio marco a nivel estatal fija las condiciones mínimas, pero los hay también a nivel provincial, e incluso hay diferencias en función del municipio. Ahora mismo los agentes sociales están negociando un nuevo marco estatal. Pero echarle un ojo al actual permite apreciar bien las distintas condiciones. El sueldo base para una auxiliar a jornada completa es de 1.146 euros brutos. “En Álava estamos en 1.975″, explica Mayte Ortiz, que tiene 59 años. Mucho mayor, reconoce, que en el resto del país.

Aunque Ortiz insiste en que hay problemas comunes en todo el territorio. Como que no se evalúen adecuadamente los riesgos laborales. El pasado octubre, el Tribunal Supremo tumbó una disposición de la regulación del Ministerio de Trabajo para las empleadas domésticas que atañía específicamente a la ayuda a domicilio. El departamento de Yolanda Díaz ha sacado a audiencia pública una nueva regulación. Las trabajadoras se quejan de que ahora mismo están expuestas.

Ignacio Gamboa, presidente de la principal patronal de la ayuda a domicilio (Asade), reconoce que el sector se enfrenta a muchos retos. “Es indudable que los salarios y las condiciones son muy ajustados, y esto tiene una vinculación clarísima y directa sobre cómo está regulado”, apunta, y explica que en más de un 90% de los casos se hace a través de contratos públicos, “que se gestionan por entidades conforme a unas normas que marca la Administración pública”. “Necesitamos un impulso para dotar de presupuestos y precios suficientes a estos servicios”, reclama. Recuerda que “en Álava, el precio medio al que las Administraciones pagan la hora supera los 35 euros” y asegura que en otras comunidades “está en 16”. Por tanto, dice, los incrementos de presupuestos “se trasladan a los trabajadores”.

Una encuesta a más de 1.300 empleadas del servicio de ayuda a domicilio realizada entre 2020 y 2021, que analizó la Universidad de Oviedo, revela que siete de cada diez padecen al menos una lesión o dolencia crónica. La mitad aseguran carecer de ayudas técnicas, como grúas o camas articuladas, para el desempeño de su trabajo. Más de dos tercios afirmaron que en los últimos 10 años habían cogido alguna vez la baja. Mariluz Gámez, catalana de 58 años, está en esa situación desde hace seis meses. Asegura que, debido a los esfuerzos que ha hecho, debe llevar una malla para evitar la incontinencia urinaria, así que no puede trabajar. Es auxiliar de ayuda a domicilio desde hace 30 años. Está empleada en Vilafranca del Penedès. Dice que lo peor son “las prisas” para todo. Tiene solo 50 minutos para cada casa que visita. Así que está de acuerdo con las movilizaciones. Algo hay que hacer.

Porque, a medida que estas trabajadoras cumplen años, la situación va empeorando. Encarnación Morales nació en Barcelona hace 63 años y cuida a mayores a domicilio desde hace 40. Lleva dos años de baja por problemas óseos, asegura que debido a las duras condiciones de trabajo. “Desde que cumplí los 60 ha sido un calvario”, dice. “No sé cómo alguien podría aguantar esto hasta los 67″.