En marzo fueron vecinos de Carabanchel, Villaverde y Vallecas, y miembros del Sindicato de Inquilinas. Un mes más tarde, unas 30 educadoras infantiles en huelga. Ambos grupos acudieron al pleno del Ayuntamiento de Madrid como público. En un momento dado, se levantaron en señal de protesta, gritaron un par de consignas y lanzaron folios con sus quejas, que cayeron sobre la bancada de PP y Vox. Minutos después, fueron expulsados de Cibeles. Estas dos reivindicaciones han derivado en una prohibición: no se podrá entrar a los plenos municipales con pancartas, folletos o símbolos. Tampoco estará permitido aplaudir. El presidente de la mesa, Borja Fanjul, dictó el pasado jueves una resolución que no cambia el reglamento actual, pero sí concreta qué acciones quedan vetadas. Más Madrid ha presentado un recurso contra la decisión, porque considera que es sesgada, excesiva, contraria a la normativa y que coarta la libertad de expresión de los ciudadanos.
La resolución por la que se regulan a partir de ahora las obligaciones de los concejales y del público empieza así: “En las últimas sesiones del Pleno del Ayuntamiento se han venido produciendo incidentes que han afectado a su normal desarrollo e, incluso, han podido comprometer la seguridad de los presentes y de los propios autores de los hechos”. Tanto con el sindicato como con las educadoras, el revuelo apenas duró cinco minutos y salieron del salón de plenos en cuanto se les pidió que lo hicieran. Ante esto, sigue: “Parece conveniente adoptar medidas preventivas dirigidas a evitar estos incidentes […] en orden a reforzar el mejor funcionamiento de las sesiones”.
Más Madrid considera que la decisión de Fanjul es “el último eslabón” de un “patrón de comportamiento sesgado y desigual”, según exponen en el recurso de reposición, presentado esta semana. También “contrario al principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad”, esto es, que los poderes públicos tomen decisiones caprichosas, ilógicas o sin fundamento jurídico. Para el grupo, el presidente del pleno se ha excedido en sus prohibiciones, por lo que piden la nulidad de la resolución y que se suspenda de forma cautelar hasta que se resuelva el recurso. Esta decisión corresponde al propio Fanjul, que tiene un mes para pronunciarse. El partido todavía está valorando si judicializar el asunto y acudir al contencioso-administrativo.
El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid dice, primero, que no se permiten “manifestaciones de agrado o desagrado por parte del público”, aunque no se especifica cuáles. Eso es precisamente lo que se amplió la semana pasada. También que el presidente, “en casos extremos”, puede expulsar a los asistentes “por cualquier motivo que impida el normal desarrollo de la sesión”, y dictar resoluciones para interpretar y aplicar la norma, como ha hecho Fanjul.
Es esta última parte la que critica Más Madrid. Un aplauso espontáneo, puntual y de corta duración, o exhibir una pancarta, dicen, no impiden que la sesión siga su curso. “Asimilar automáticamente ese tipo de comportamientos a una causa de expulsión supone una interpretación extensiva, prohibida cuando se trata de restringir derechos, que la Resolución no puede realizar”, recoge el recurso.
También señalan que mostrar carteles o pancartas de forma pacífica en el salón de plenos constituye un ejercicio de libertad de expresión y prohibirlo excede las competencias del presidente, porque no constituye una interpretación de la norma, sino la creación de preceptos nuevos y consecuencias asociadas a ellos. “Se inscribe en una tendencia deliberada de vaciamiento del carácter público y participativo de las sesiones plenarias”, afean en el texto. La vicealcaldesa, Inma Sanz, defendió que la resolución “no dice una sola cosa que no ponga el propio reglamento” y que Más Madrid es “profundamente irresponsable” por “jalear” las manifestaciones.
Además de detallar las prohibiciones para el público ―nada de pancartas, carteles, folletos, símbolos, aplausos, exclamaciones, gritos o arrojar objetos―, se añaden más para los concejales: quien, tanto en el pleno como en las comisiones, atente “de modo grave” contra “la disciplina, el orden o la cortesía debida”, y provoque con ello “desorden de obra o de palabra”, será expulsado de forma inmediata del salón.
Este es otro de los puntos clave para Más Madrid, porque consideran que vulnera el reglamento. En concreto, por la expulsión “de forma inmediata”. Para la formación, esto contradice el procedimiento recogido en la normativa. El presidente del pleno puede llamar al orden a los concejales, y si lo hace tres veces en una misma sesión, puede pedir al edil aludido que abandone la sala. La primera llamada es un aviso, en la segunda le advierte de las consecuencias y, tras la tercera, se abre la puerta a la expulsión. La resolución de Fanjul, opina Más Madrid, no respeta este sistema gradual y “sustituye las tres llamadas al orden por la expulsión inmediata”. Esto, añaden, es contrario a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la que una resolución administrativa no puede vulnerar lo que establece una disposición de carácter general.
Diferencia de trato
Según Más Madrid, el trato de Fanjul es muy distinto cuando se trata de llamar al orden a concejales de la bancada de la izquierda ―PSOE y Más Madrid―, respecto a los de la derecha. A los primeros, denuncian, se les ha retirado la palabra por intervenciones “objetivamente comparables o inferiores en intensidad a las realizadas sin consecuencia alguna por concejales de los grupos municipales Popular y Vox”. Recuerdan lo ocurrido en el último pleno de 2023, cuando el portavoz de la formación de ultraderecha, Javier Ortega Smith, lanzó una botella al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño. Entonces, el edil de Vox no fue expulsado del pleno.
Rita Maestre, líder de la formación en la capital, defiende que el recurso es una batalla contra un “patrón de comportamiento autoritario y sectario” que, comenta, ha ido en aumento. La resolución de Fanjul “retuerce el reglamento”, opina: “La presidencia del pleno, lejos de ser imparcial, se ha convertido en el brazo ejecutor de Almeida. El reglamento se aplica con una vara, dura, para la oposición y con otra, llena de indulgencia, para PP y Vox”.
Además de lo ocurrido entre Ortega Smith y Rubiño, Maestre enumera otras situaciones que consideran injustas: la retirada de pancartas en apoyo a Palestina de los balcones de la sede de los partidos en la calle Mayor; también banderas LGTBI, cuya colocación avaló después la justicia; la propuesta de cambio de nombre de la avenida de la Memoria, por las víctimas de la represión franquista, a avenida de la Concordia; o la no expulsión del pleno de Andrea Levy tras un comentario homófobo al concejal socialista Antonio Giraldo, a quien le dijo que “hablara desde una sauna”, según denunció él mismo el edil.
“A Almeida no le gusta ni un pelo la participación vecinal, ni que las educadoras infantiles le reclamen sueldos dignos para no vivir en la miseria, le incomoda, le molesta y por eso la censura. Fanjul ha convertido el Pleno en un espacio de silencio vigilado y ahora ha decidido que el público no puede aplaudir o mostrar un cartel pacífico”, concluye Maestre.