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Ataque Estados Unidos a Venezuela

Estados Unidos Levanta Las Sanciones Al Banco Central De Venezuela Y A Otras Tres Entidades

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado este martes otro paso más para flexibilizar de manera significativa las sanciones impuestas a Venezuela. Además, ha abierto la puerta a transacciones financieras con cuatro entidades bancarias —incluido el Banco Central— controladas por el Estado venezolano. Por último, ha excluido de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC, en sus siglas en inglés) a un alto funcionario del gobierno venezolano que hasta ahora tenía bloqueados sus bienes.

Entre ellos destaca el nombre de Reinaldo Muñoz, quien fue procurador de Venezuela y vicepresidente de la república durante el mandato de Nicolás Maduro. Muñoz acaba de renunciar como procurador general de Venezuela hace unas semanas tras una década en el cargo.

Las dos licencias emitidas, firmadas por Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, autorizan una amplia gama de operaciones que hasta ahora estaban explícitamente prohibidas bajo las Regulaciones de Sanciones a Venezuela, un régimen punitivo que Washington había endurecido de forma progresiva desde 2017.

Sin embargo, desde la operación militar para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado enero y su sustitución por la presidente interina Delcy Rodríguez, las relaciones diplomáticas entre ambos países se están normalizando.

Las cuatro instituciones beneficiadas son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela S.A., el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. La medida también alcanza a cualquier entidad en la que alguno de estos bancos tenga una participación directa o indirecta igual o superior al 50%.

El alcance práctico de la medida es considerable y es parte del alivio financiero que venía pidiendo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. A partir de ahora, bancos corresponsales, procesadores de pagos, plataformas de remesas y otras instituciones financieras con sede en Estados Unidos podrán prestar servicios a las entidades venezolanas autorizadas sin incurrir en violaciones de las sanciones. Eso incluye transferencias bancarias, cambio de divisas, servicios de tarjetas, depósitos y operaciones de nómina, entre otras.

La orden detalla expresamente todas las operaciones que pueden realizar los bancos y el Gobierno de Venezuela con ellos. Se trata de operaciones ordinarias en la gestión habitual de una entidad financiera. Esto permitirá abordar operaciones y transferencias financieras internacionales, algo que antes estaba prohibido por Washington.

La decisión se enmarca en el proceso de intervención estadounidense en Venezuela que se puso en marcha desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Washington lleva más de cien días marcando el ritmo y el fondo de decisiones trascendentales para el país caribeño —desde las leyes para la explotación de petróleo y minerales a nombramientos clave—, mientras se había resistido hasta ahora a flexibilizar el bloqueo financiero.

El anuncio supone un balón de oxígeno para Delcy Rodríguez. “El levantamiento de las sanciones es crucial, siempre lo ha sido”, advierte un miembro destacado del chavismo. También ha llegado incluso antes de lo esperado. Estos días en Caracas se especulaba con que Washington condicionaría la flexibilización a que Rodríguez renovase toda la dirección del Banco Central de Venezuela. Aun estando dispuesta a hacerlo, los nombramientos no son fáciles, pues muchos de los candidatos aptos para puestos de dirección a los que se había tanteado han rechazado jugarse su reputación en lo que consideran una misión incierta, según las fuentes consultadas. Al final, Washington abrió la mano antes de asegurarse esos cambios.

Las licencias, sin embargo, no equivalen a un levantamiento total de las sanciones y, además, pueden revertirse. El documento aclara que no autoriza el desbloqueo de activos y que cualquier transacción no contemplada expresamente sigue estando prohibida, salvo que cuente con una autorización específica.

Las sanciones que afectan a individuos concretos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, es decir, a los altos funcionarios señalados individualmente por corrupción, narcotráfico u otras violaciones graves, permanecen intactas. A excepción de Delcy Rodríguez —a quien Trump levantó las sanciones hace solo dos semanas— Washington mantiene un mecanismo de presión individual sobre el entorno más próximo a Maduro al tiempo que abre un canal de normalización económica con las instituciones del Estado venezolano.

La paulatina normalización de las relaciones entre Caracas y Washington va aparejada al creciente interés de inversión de empresas estadounidenses en el país caribeño. Desde el primer momento del cambio de régimen, la Administración Trump animó a las grandes corporaciones estadounidenses a invertir en Venezuela. Las empresas reclamaban garantías de seguridad tanto físicas como jurídicas. El Gobierno de Rodríguez está tratando de revertir la sensación de inseguridad jurídica de las empresas desde las expropiaciones y nacionalizaciones emprendidas por Hugo Chávez sobre el sector petrolero a principios de este siglo.

A cambio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que dirige Scott Bessent, va abriendo la mano en una especie de juego del palo y la zanahoria. Venezuela está enviando grandes cantidades del petróleo que produce a Estados Unidos y haciendo reformas para abrir su economía, al tiempo que Washington levanta sanciones.

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Minnesota Is Investigating ICE Agents For The Possible Kidnapping Of A US Citizen During A Raid

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An image of a man in his underwear, wrapped in a blanket as he was being arrested by federal agents, went viral during the massive immigration raid launched by the White House in Minnesota earlier this year, sparking outrage across the country. Now, the arrest of that man, a U.S. citizen, has triggered a criminal investigation into possible kidnapping, unlawful entry, and unlawful detention, and has opened a new front of conflict between local authorities and the federal government.

The events took place on January 18, when agents from U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) raided the home of ChongLy “Scott” Thao, a naturalized U.S. citizen of Hmong descent, in the city of St. Paul, the capital of Minnesota. According to prosecutors and Ramsey County authorities, the agents broke down the door of the residence and dragged him out in handcuffs, dressed only in underwear, Crocs, and a blanket, despite sub-freezing temperatures.

County District Attorney John Choi stated that the events could constitute serious crimes. “We believe there was no legitimate legal reason for the federal agents to enter that home; it was not supported by probable cause,” he said at a press conference on Monday.

According to the preliminary investigation, Thao was “forcibly removed from his home” and detained for over an hour, during which time he was transported in a vehicle and subjected to questioning before being returned to his home. Local authorities maintain that there is no evidence that the agents had a warrant to enter the residence.

Thao himself recounted that he was detained at gunpoint and released without explanation. “I was praying. I was like, ‘God, please help me, I didn’t do anything wrong.’ Why do they do this to me? Without my clothes on,” he said in an interview with Reuters from his home following the incident.

County Sheriff Bob Fletcher questioned the legality of the procedure: “There’s no dispute that he was taken out of his house, forcibly taken out of his home and driven around,” he told the media. He added: “Is that good law enforcement, to take an American citizen out of their home and drive them around aimlessly, trying to determine what they can tell them?”

Footage of the arrest, which was widely shared on social media, shows Theo barely covered by a blanket as he is escorted by armed agents. The incident sparked outrage among neighbors, some of whom filmed the scene and protested at the scene.

The Department of Homeland Security (DHS), which oversees ICE, has defended its agents’ actions. In a statement, it asserted that they were executing a warrant and were searching for two convicted sex offenders with alleged ties to the residence. It also stated that Thao “refused to be fingerprinted or facially ID’d” and that it is “standard protocol to hold all individuals in a house of an operation for safety of the public and law enforcement.”

However, Thao has denied knowing these individuals, and state authorities have indicated that at least one of the suspects was in prison at the time. His family, for its part, has rejected the official account and called the arrest “unlawful.”

The investigation faces significant obstacles. Local authorities have criticized the federal government’s lack of cooperation, as it has so far failed to provide key information, such as the identities of the agents involved or access to evidence. Prosecutor Choi has formally requested this documentation and has not ruled out taking the matter to court.

The case was part of Operation Metro Surge, a large-scale operation carried out in Minnesota involving thousands of federal agents, which has been criticized for its use of force and alleged irregularities. Local authorities are investigating other incidents related to the same operation, including clashes with protesters and questionable police conduct.

While the federal government maintains that state authorities lack jurisdiction to investigate its agents, local prosecutors and officials assert their authority to investigate potential crimes committed within their jurisdiction.

Legal experts have warned the press that any attempt to criminally prosecute federal agents could face significant obstacles due to the protections afforded to them under U.S. law. Even so, Thao’s case has become a symbol of the limits and controversies surrounding current immigration policy.

For now, the investigation continues with the aim of determining whether the U.S. citizen’s fundamental rights were violated.

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