El Gobierno británico, la policía, el departamento antiterrorista y el resto de cuerpos implicados en la investigación del presunto atentado terrorista contra la base militar aérea de Fairford, desarticulado este domingo, se resisten a desvelar identidades, motivos o patrocinadores de los cinco sospechosos arrestados, en una investigación que todavía se halla en sus fases iniciales. Pero la sombra de Irán sobrevuela este incidente. El equipo que encabeza las pesquisas maneja esa hipótesis como una de las más realistas, aunque en estos momentos mantengan otras muchas líneas abiertas.

Los detenidos tienen todos nacionalidad británica, con edades comprendidas entre los 23 y los 25 años y residentes en distintos barrios de Londres. New Scotland Yard ha anunciado este lunes por la tarde que todos ellos han sido puestos en libertad bajo fianza, “con medidas cautelares estrictas”, y que “siguen bajo la investigación policial”.

Donald Trump, que horas antes había celebrado las detenciones (y sugerido la colaboración de Estados Unidos en la operación, para proteger su personal en la base militar), se mostraba “sorprendido” por la liberación de los sospechosos y afirmaba que su país “no los habría liberado”.

“Soy muy consciente de los niveles de especulación surgidos en torno a la motivación detrás de este incidente, y de las cuestiones geopolíticas que ha suscitado. Pero, a estas alturas de la investigación, pido que se dé a la Policía Antiterrorista espacio para trabajar de modo meticuloso y claro”, ha pedido este lunes Vicki Evans, la subcomisaria adjunta al frente de ese departamento.

La base militar localizada en el condado de Gloucestershire ha sido utilizada en los últimos meses por cazas de combate estadounidenses para participar en la ofensiva bélica contra Irán. Y el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, advirtió la semana pasada a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante un breve encuentro en Nueva York, que “el Reino Unido no iba a tolerar intimidaciones, amenazas o actividades hostiles en su territorio”. Los servicios de seguridad sospechan que la mano de Teherán está detrás del atentado que provocó el incendio de varias ambulancias pertenecientes al servicio de emergencias Hatzola, de la comunidad judía de Golders Green, en Londres. O detrás del incendio provocado en una estación eléctrica en julio.

La base militar de Fairford ha sido usada por cazas militares estadounidenses como parte de su operación bélica contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero. Aunque en un principio el Gobierno británico del anterior primer ministro, Keir Starmer, denegó a la Administración de Donald Trump la autorizaón para el uso de sus bases, en una decisión posterior dio luz verde a ese uso siempre que fuera para la realización de acciones defensivas. A ojos de Teherán, ese matiz resulta irrelevante, y considera a Londres cómplice de la ofensiva.

En julio también, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán señaló la actividad en Fairford, y advirtió de que “cualquier base usada para la agresión contra el territorio de Irán constituye un objetivo legítimo para nuestras fuerzas”.

La embajada de Irán en Londres ha rechazado categóricamente cualquier sugerencia de la implicación de su país en el incidente. En su cuenta de la red social X ha asegurado que “condena firmemente las especulaciones malintencionadas y sin fundamentos publicadas por algunos individuos y medios británicos”, y añade: “La difusión de especulaciones fabricadas como esas, especialmente tras los actos criminales de agresión cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí contra el pueblo iraní, solo logrará alimentar la ‘iranofobia’ en el Reino Unido.

Al anunciar la liberación bajo fianza de los sospechosos,la policía ha señalado que los supuestos hechos delictivos que están investigando podrían haber sido cometidos por “individuos que eran o no conscientes de que estaban trabajando en nombre de un estado extranjero”.

Una extraña coincidencia

La policía intervino, según la versión oficial, después de que una vecina, que no ha sido identificada, advirtiera de la presencia en la zona de un grupo de cinco hombres camuflados con sus capuchas, que maniobraban alrededor de tres furgonetas en las cercanías de la base militar. Al verla, ha contado a la BBC, todos huyeron campo a través.

Sin embargo, horas después de que se hiciera pública la operación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebraba ante la prensa la captura y daba por sentado que británicos y estadounidenses estaban sobre la pista. “Ha sido un trabajo fantástico. Los teníamos bajo investigación, y pretendían causar serio daño a nuestras instalaciones. Trabajar con los británicos ha sido estupendo”, dijo en Chicago. “Llevábamos mucho tiempo siguiendo su rastro y ya les hemos pillado”.

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, admitía de modo indirecto esta versión a primera hora de la mañana en la BBC, al agradecer su esfuerzo a la ciudadana que dio la alerta, pero matizar al mismo tiempo que su versión era solo “una imagen parcial” de lo ocurrido, sugiriendo de ese modo que las detenciones no habían sido fruto de la coincidencia.

Los cinco sospechosos están acusados de varios delitos conectados con la Ley de Explosivos y con la Ley Antiterrorista, y la normativa británica permite hasta 14 días de retención incomunicada en estos casos, aunque todos ellos han sido liberados poco más de 24 horas después de su arresto.

La Unidad de Policía Antiterrorista asumió desde el inicio la investigación, a pesar de que las primeras actuaciones corrieron a cargo de la Policía de Gloucestershire, convencida de que los detenidos se disponían a cometer un atentado terrorista.

La zona de los arrestos ha sido acordonada con un amplio perímetro de seguridad de más de 400 metros, y al menos 80 residencias han sido evacuadas. Todos esos vecinos pasaron la noche del domingo al lunes en casas de familiares o en un centro municipal habilitado al respecto.

Las imágenes aéreas mostradas por las televisiones y otros medios británicos a lo largo del fin de semana mostraron a un robot del equipo de artificieros de la policía inspeccionando las furgonetas. Los responsables del equipo de investigación han mostraron inicialmente su convicción de que el material incautado servía para la fabricación de explosivos, pero la liberación bajo fianza de los sospechosos ha dejado claro que no había en los vehículos ningún tipo de bomba.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha confirmada a media tarde del lunes que la zona del incidente “ya es segura”, y que, por tanto, había concluido la tarea de los articieros los vecinos evacuados podían comenzar a regresar a sus hogares.

Los detenidos pudieron ser vistos en el suelo, sentados y esposados, despojados de sus camisas, lo que indica que la policía quiso descartar desde un primer momento que portaran algún tipo de chaleco explosivo.

Las furgonetas aparentemente usadas para el intento de atentado llevaban el logotipo de una compañía energética, que ha lamentado en un comunicado que su nombre hubiera sido utilizado por los detenidos.

El primer ministro británico, Andy Burnham, que se encuentra en Liverpool para participar en el congreso anual del Partido Laborista, ha cancelado algunas de sus actividades previstas para seguir al minuto el desarrollo de la investigación. El Gobierno “adoptará siempre las medidas necesarias” para proteger a los ciudadanos, ha dicho Burnham, consciente de que se enfrenta a su primer grave desafío de seguridad desde que accedió a Downing Street el pasado julio.

El Gobierno ha organizado una reunión de su gabinete de crisis, conocido con el acrónimo COBRA, para media tarde de este lunes.

A menos de 24 horas de que el Consejo de Ministros apruebe una batería de medidas para responder al clamor popular desatado tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con movilidad reducida desalojada de su casa en el centro de Madrid el miércoles pasado, todos los grupos de la izquierda parlamentaria han buscado este lunes una imagen potente para arrastrar al PSOE a un decreto ambicioso frente a la negativa de Junts a respaldar alguna de sus propuestas.

A las puertas del Hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra ingresada Maricarmen por agotamiento severo, Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid, Compromís, Movimiento Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han unido fuerzas respondiendo a la convocatoria del Sindicato de Inquilinas para apoyar la aprobación del bautizado como Decreto Maricarmen. Entre las asistentes a la foto, dos ministras de Sumar: la de Sanidad, Mónica García, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, que presionan dentro del Ejecutivo para que estas medidas vean la luz.

Las conversaciones se han extendido a lo largo de toda la jornada y continuaban a última hora de la tarde, cuando fuentes de Sumar en el Ejecutivo han anunciado un acuerdo para incorporar la congelación del precio y prórroga de los alquileres de todos los contratos que finalicen antes de 2029. El grupo de la vicepresidenta Yolanda Díaz había denunciado horas antes que el PSOE trataba de recortar el período que abarcaba esa prórroga. Las mismas fuentes, sin embargo, consideran que el acuerdo todavía “no está cerca” ya que hay “otros elementos imprescindibles en disputa”. Entre ellos, dos fundamentales: la regulación del alquiler de habitaciones, que quedó fuera de la ley aprobada en 2023 y que ha servido para seguir cometiendo “abusos” (muchos profesionales, y hasta parejas y familias, alquilan ya en esta modalidad en ciudades como Madrid o Barcelona, compartiendo piso); y la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas. “Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo”, señalan fuentes de Sumar conocedoras de la negociación.

También hay discrepancia por la expropiación de la vivienda de la propia Maricarmen y, aunque algunas voces reconocen que, con probabilidad, esta quedará fuera del decreto, no descartan negociarlo en uno posterior. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que “no han renunciado a nada”.

“Seguimos lejos, ya no hay parches ni medias tintas”, ha sentenciado García en las declaraciones frente al hospital. La dirigente de Más Madrid ha advertido, además, de que se plantarán, como ya lo hicieron en marzo, si el PSOE no incluye las medidas que consideran necesarias. “Este caso ha sido un punto de inflexión y tenemos que decidir si estamos con la especulación o con las familias (…) Llevamos meses empujando al PSOE y ahora tenemos la voz de la calle. Es hora de poner coto a la especulación”, ha incidido. En aquella ocasión, el Gobierno aprobó un decreto específico sobre vivienda que luego tumbaron PP, Vox y Junts en la Cámara baja.

El PSOE y Sumar (antes, también, Unidas Podemos) han mostrado siempre una fuerte diferencia en política de vivienda, siendo el socio pequeño del Ejecutivo mucho más partidario de la intervención de precios. Fue el partido de Ione Belarra el que más peleó la norma de vivienda que creaba zonas tensionadas aprobada al final de la legislatura pasada. Esta ley apenas se ha aplicado desde entonces por el rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Por IU, su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, ha apretado también al PSOE y ha recordado que “un trabajador dedica el 50-60% del salario a la vivienda”.

“En este momento no se dan las condiciones para un real decreto asumible para la ciudadanía y el Parlamento. Hay dos medidas que entendemos fundamentales: que nos acerquemos a los alquileres indefinidos y que se regulen los alquileres de habitaciones”, ha insistido desde Compromís Alberto Ibáñez, que ha comparecido junto a su compañera de coalición Àgueda Micó, que está en el Grupo Mixto. “Lo que hay en este momento sobre la mesa son medidas irrenunciables”, ha dicho por su parte Gerardo Pisarello, miembro de Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso. “Ya es hora de que el PSOE entienda que esto no se resuelve con fotos ni vídeos con Mamdani”; ha añadido en relación a la publicación subida a redes del presidente del Gobierno con el alcalde de Nueva York.

Para ERC, el decreto que se apruebe mañana ha de ser “ambicioso, hecho desde la escucha de la calle y de la izquierda”. La diputada Etna Estrems ha llamado a los grupos a tener “altura de miras y trabajar” para su convalidación en un mensaje dirigido a Junts, con el que mantiene una pugna electoral.

Desde Podemos, el exdiputado autonómico y responsable de Economía del partido, Tito Morano, ha tildado las exigencias del sindicato de propuesta de “mínimos” y ha pedido ir más allá, apuntando a la expropiación de las viviendas en manos de los fondos buitre. “Los grupos que tenemos que apoyar el real decreto todavía no hemos visto un documento”, ha señalado antes de denunciar que el Gobierno haya “tomado la decisión de negociar con Junts” en vez de con ellos. En rueda de prensa, el portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha vinculado su voto en el Congreso a la postura que tome finalmente el sindicato.