Las protestas contra el acoso a los derechos humanos, la democracia y las condiciones de vida por la desorbitada concentración de poderes políticos y económicos alcanzan también a las instituciones.
Dos recientes decisiones europeas reflejan el efecto expansivo de las movilizaciones. La primera ha sido la concesión por el Parlamento Europeo del Premio Sájarov a la libertad de conciencia al Tribunal Penal Internacional. Un reconocimiento decisivo a un baluarte de la defensa de los derechos humanos, frontalmente hostigado por Trump. La Eurocámara despierta. En estos momentos, respaldar a los jueces que han condenado el genocidio de Gaza, evidencia que la existencia de la Unión tiene mucho sentido.
La segunda decisión ha sido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que supone un cambio trascendental a favor de los derechos ciudadanos ante las imperantes prácticas financieras. La resolución del 15 de octubre, de la que ha dado cumplida información este periódico, es una respuesta al uso interesado de las tecnologías por parte de las entidades financieras. Los sofisticados avances tecnológicos permiten a los bancos multiplicar sus beneficios al reducir sus plantillas y transferir los riesgos a sus clientes.
La corte europea ha resuelto que los bancos deben “devolver inmediatamente” a los clientes las cantidades sustraídas cuando han sido víctimas de fraudes por la suplantación de su identidad. El conocido phishing. La única excepción es que el cliente haya actuado de forma fraudulenta. Sorprende que la resolución se funde en una directiva de 2015.
La sentencia es relevante porque las ciberestafas inquietan mucho a los ciudadanos porque se han disparado. La Autoridad Bancaria Europea ha alertado de que su volumen en el Espacio Económico Europeo ha pasado de 3.500 millones de euros en 2023 a 4.200 millones en 2024.
La decisión de la justicia europea choca con la práctica bancaria. Los bancos se niegan a devolver el dinero por las ciberestafas al considerar que el fraude se ha producido por una “negligencia grave” del cliente. La asociación de usuarios financieros Asufin ha recordado que los consumidores soportan actualmente el 86% de las pérdidas por fraude bancario.
El tribunal precisa que eximir al banco de “su obligación de efectuar la devolución inmediata” por una negligencia grave del cliente tendría como consecuencia no solo privar al cliente de su dinero, sino “también obligar al usuario a tomar la iniciativa de reclamar su derecho, en su caso ante los tribunales competentes y soportar los consiguientes inconvenientes, en particular las eventuales costas procesales”.
El profesor Fernando Zunzunegui, asesor de la Comisión Europea en la nueva directiva sobre proveedores de servicios de pagos, considera que “la sentencia permite hacer una interpretación extensiva a los casos en que la operación la hace el propio cliente”. Se refiere a las situaciones en las que el ciudadano, “presionado por una ingeniería social muy sofisticada en la que han intervenido los bancos y las compañías de telecomunicaciones le empujan a realizar una determinada operación”. Instituciones y tribunales deben ponerse las pilas para no defraudar a los ciudadanos.
