Nuevo revés judicial para el catalán en la escuela pública. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia que él mismo publicó en septiembre pasado y que anulaba parcialmente el decreto de la Generalitat de 2024 que blinda el catalán como lengua vehicular en las aulas. El fallo llega en un momento de convulsión en las escuelas catalanas, con el colectivo docente enfrentado a la Generalitat por la reclamación de mejoras salariales y laborales. El president Salvador Illa ha querido “dejar claro el compromiso con la defensa no solo de la lengua, por supuesto, sino también con el modelo de la escuela catalana ”. El Govern rechaza la intromisión judicial en un sistema pedagógico de “éxito”, en palabras del conseller de Presidencia Albert Dalmau, y echará mano de “todos los recursos para su defensa política y jurídica”. El departamento de Educación minimiza el impacto práctico de la decisión del TSJC y asegura que “no altera la actividad ordinaria de los centros educativos”.
El catalán en la escuela pública es materia altamente sensible en Cataluña. En una encuesta del CEO (el CIS catalán) se refleja que el 76% de los catalanes, con independencia de qué lengua hablen habitualmente, están de acuerdo con el modelo de inmersión lingüística en las aulas. En otra encuesta del CEO, esta del pasado mes de febrero, el Govern saca la mejor nota cuando se pregunta a los ciudadanos qué valoración merece la tarea que lleva a cabo el Ejecutivo de Salvador Illa para promocionar la cultura y la lengua catalana. El 5,5 de nota media supera el 5,2 con el que se valora la gestión de la sanidad pública o el 5 que merece por cómo aborda el transporte y las infraestructuras. Tras la resolución del TSJC, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha afirmado que el Govern está comprometido con el modelo lingüístico educativo actual y “trabajará para defenderlo”. Los servicios jurídicos de la Generalitat “están estudiando la sentencia para dar respuesta”, ha dicho.
En concreto, según una nota recogida por la agencia Efe, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha emitido un auto que “declara provisionalmente ejecutables los pronunciamientos meramente declarativos que contiene el fallo de la sentencia”. El decreto en cuestión fue aprobado por el Govern de Pere Aragonès y ya estaba suspendido de forma cautelar desde julio de 2024.
La sentencia que ahora se reclama obedecer y ejecutar declaró la nulidad de parte de los artículos 2, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 24, 33 y 34. Entre estos preceptos, estarían los que sitúan el catalán como única lengua vehicular y que estructuran los proyectos lingüísticos del centro sobre ese principio, así como le reserva la categoría de idioma habitual en el trato con las familias y en la coordinación entre la actividad docente y administrativa.
La decisión judicial responde al recurso planteado ante el alto tribunal por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) y contra ella cabe ahora recurso de reposición a interponer en el plazo de cinco días. En un comunicado, la AEB ha asegurado que la decisión judicial implicaría que “los 14 preceptos anulados total o parcialmente del decreto se quedan sin aplicación” mientras se resuelve los recursos de casación interpuestos.
La presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha avanzado que su partido pide la comparecencia del presidente Salvador Illa y de los consejeros Albert Dalmau y Francesc Xavier Vila para que expliquen qué hará el Govern ante la orden del TSJC sobre el decreto lingüístico educativo. Sales ha denunciado que Cataluña “está sufriendo una cruzada contra la lengua por todas las vías posibles, internas y externas”.
El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha pedido valentía al Govern para que “garantice el catalán como lengua vehicular”. Para Esquerra “es lamentable que entidades absolutamente indocumentadas, desconocidas y poco solventes estén influenciando un debate absolutamente técnico, absolutamente pedagógico”.
La coordinadora de los Comuns Candela López ha pedido al Govern “estudiar y analizar” todas las vías para no hacer efectiva la sentencia, mientras que el secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha pedido ejecutar y no intentar “burlar” la resolución judicial. “De lo que se trata es de cumplir las sentencias, no de legislar para ver cómo podemos burlar aquella sentencia, que es lo que ha intentado hacer la Generalitat en este caso”, ha dicho.
