La Fiscalía Anticorrupción no cede. Quiere que se mantenga la imputación de Jésica Rodríguez, antigua pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por el caso mascarillas. La fiscal Carmen García Cerdá pide a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que rechace el recurso que presentó Rodríguez y respalde la decisión que el pasado 3 de julio adoptó el instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, de otorgarle la condición de investigada. El magistrado dio paso a petición del ministerio público y después de que el Tribunal Supremo considerase probado que la mujer fue enchufada en varias empresas públicas en las que cobró sin realizar trabajo alguno.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público desmonta el argumento de la defensa de Rodríguez de que la decisión del juez Moreno se adoptó sin motivación alguna y rechaza que su imputación vulnere sus derechos fundamentales. La fiscal sostiene que “existe una detallada y minuciosa motivación”, por lo que, a su juicio, “no es posible apreciar una vulneración del derecho a la tutela efectiva”. Y subraya que la resolución del instructor “permite conocer las razones en virtud de las cuales se ha acordado la citación de Rodríguez como investigada”.

La expareja de Ábalos estaba citada a comparecer ante la Audiencia Nacional el pasado 20 de julio. La mujer acudió acompañada de su defensa y se acogió a su derecho a guardar silencio. Rodríguez ya había declarado dos veces en sede judicial. Pero lo hizo ante el Supremo y como testigo. Primero, durante la fase de investigación y luego en el juicio en el que se condenó al exministro. A raíz de aquella sentencia, la Fiscalía pidió al juez Moreno que cambiara su condición a investigada.

Durante la primera sesión de la vista oral, Rodríguez admitió que cobró durante dos años en Ineco, aunque nunca realizó ningún trabajo para esta empresa, y aseguró que Ábalos estaba al tanto de esa situación. Lo que declaró sobre el tiempo que estuvo contratada entró en contradicción con lo que había apuntado ante el tribunal unas horas antes Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García. Mientras ella relató que, nada más llegar a la empresa, le dijeron que su cometido era ser auxiliar administrativa de Joseba y que fue este quien le dijo que se quedara en casa, él afirmó que no era el jefe de Rodríguez y que solo habló con ella en alguna ocasión como “compañeros de trabajo”.

Al condenar a Ábalos, el Supremo puso el foco en Rodríguez: advirtió de su “no descartable y potencial responsabilidad” y la señaló como beneficiaria de delitos de tráfico de influencias y malversación. La defensa sostiene que este asunto ya fue juzgado y que, por ende, no puede ser llevado de nuevo a juicio. La Fiscalía, sin embargo, incide en que los hechos que se enjuiciaron quedaron ceñidos a la participación del exministro de Transportes y su exasesor ministerial, Koldo García.

El ministerio público también ha mostrado su oposición a que se levante la imputación de Ignacio Zaldívar, un ex alto cargo de Adif también señalado en la sentencia del Supremo, que también ha presentado un recurso en el que pide a la Sala de Apelación que corrija la decisión del juez de citarle como investigado. Al condenar a Ábalos, el alto tribunal apuntó que Zaldívar se había implicado activamente para que Rodríguez pasara a Tragsatec (otra empresa pública dependiente de Transportes) cuando terminara su contrato con Ineco. La expareja de Ábalos cobró de ambas empresas públicas un total de 43.978 euros entre 2019 y 2021.