La única herida del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que continúa ingresada en un hospital ha dado a luz a un niño que se encuentra en buen estado, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía. La mujer permanece en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga desde el pasado 18 de enero, cuando el Iryo en el que viajaba con destino a Madrid descarriló e impactó contra el Alvia que hacía el trayecto Madrid-Huelva. Murieron 46 personas.

Este diario ha podido confirmar que la paciente es la hermana de Ana García, la joven cordobesa que pidió ayuda para rescatar a su perro Boro, que viajaba con ambas en el vagón 7 del Iryo, en el que también iba su cuñado. García relató entonces cómo su hermana había quedado gravemente herida por un golpe en la cabeza por agacharse para tratar de proteger al animal. “Aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar a los animales, que son familia también”, dijo entre lágrimas. El perro fue encontrado cuatro días después del descarrilamiento, después de una intensa búsqueda en la que participaron miembros del Seprona y una intensa red de voluntarios.

Los hospitales andaluces han atendido a 126 personas que viajaban a bordo de los dos trenes siniestrados, entre ellas cinco niños. Todos han sido dados de alta, salvo la hermana de García, que permanece en la UCI y Patricia, una vecina de La Palma del Condado (Huelva) que falleció en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el pasado 30 de enero, donde había ingresado en estado muy grave. Ella se convirtió en la víctima número 46 del descarrilamiento. Los otros 45 fallecidos lo hicieron en el acto, según aseguró el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, que citó los resultados de las autopsias.

En estos casi cuatro meses, los pacientes ingresados han ido recibiendo el alta de manera paulatina. Mientras, los supervivientes y las familias de las víctimas se han organizado en una asociación que se ha personado ante el juzgado que instruye el accidente y acaban de reclamar que se investigue la gestión sanitaria de emergencias durante las primeras horas de la catástrofe ferroviaria.

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para analizar si en las obras de las vías de Adamuz (Córdoba), donde el pasado domingo 18 de enero ocurrió el accidente ferroviario que terminó con la vida de 46 personas, se pudieron malversar fondos de los 111 millones de euros que concedió la Comisión Europea para renovar ese tramo Madrid – Sevilla. La Audiencia Nacional ha designado ya al juez José Luis Calama como magistrado de garantías para supervisar esta causa que transcurre, de momento, en paralelo a la que ya había iniciado un juzgado de Montoro y que busca determinar el motivo del descarrilamiento del tren Iryo que chocó con un Alvia que viajaba en sentido contrario.

Los fiscales europeos han trabajado durante semanas en la fase inicial de verificación, como ha avanzado El Mundo y ha confirmado EL PAÍS, para determinar si en las obras ferroviarias de ese tramo estuvieron comprometidos fondos de la Unión Europea y si pudo haber delito en su utilización. Bruselas concedió a España una subvención exactamente de 111.646.340 euros en junio de 2024 para renovar a fondo esta línea ferroviaria de conexión entre Madrid y Sevilla que databa de 1992 y era la más antigua de alta velocidad en España. El paquete de financiación anunciaba “la sustitución de raíles y traviesas” con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado la mañana de este viernes en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que recalca que “la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse” y que “en todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así”. “Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es”, ha añadido.

Puente ha acompañado el mensaje con un oficio que los fiscales europeos delegados Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas Blánquez enviaron a Adif —entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes— el pasado 30 de enero, 11 días después del accidente. El órgano europeo reclamó entonces que se aportaran “todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de la red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro”.

Desde Transportes han señalado que Adif ha prestado su “máxima colaboración” con la Fiscalía Europea, al tiempo que han defendido que la justificación de los fondos europeos concedidos a la obra de mantenimiento del tramo de alta velocidad que pasa por Adamuz se hizo “con absoluta normalidad a medida que se ejecutaba”, según ha publicado Efe.

Esta Fiscalía con sede en Luxemburgo solo se encarga de analizar la corrupción que tenga relación con dinero comunitario, por lo que, una vez comprobado que en Adamuz se produjo una inversión de fondos de los Veintisiete, los fiscales han puesto a caminar la investigación. Para ello, han dado traslado a la Audiencia Nacional de la apertura de la causa y en este órgano se ha designado por reparto al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama. La Fiscalía Europea tiene un modelo de instrucción muy similar al del resto de países de la Unión, en el que los fiscales llevan la batuta de las diligencias, así que Calama únicamente se encargará de supervisar que el procedimiento avanza con garantías determinando, por ejemplo, medidas restrictivas de derechos como entradas y registros o pinchazos telefónicos.

Por su parte, el juzgado de Montoro —plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad cordobesa— indaga desde el mismo día del accidente cuáles fueron las causas del siniestro. De momento, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha ido esclareciendo algunos puntos y la principal teoría es que se rompió la soldadura entre dos carriles de distintos años (uno con fecha de producción de 2023 y otro de 1989) y distintos grados de dureza.

Un informe sobre el mantenimiento del sistema de señalización, tarea que lleva a cabo Hitachi para el gestor de la infraestructura Adif, muestra una caída de tensión en el circuito de vía 22 horas antes de que a las 19.43 de ese domingo descarrilara el tren de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid. La jueza de Montoro está a la espera de recibir la información de las cajas negras y el análisis pericial del carril. A pesar de que ha tenido algún rifirrafe con los técnicos del Ministerio de Transportes a la hora de levantar el material del área, la jueza no ha dejado por escrito en ninguna resolución que exista sospecha alguna de corrupción de momento. La investigación de la Fiscalía Europea abre, en este sentido, un escenario distinto.