Liberia ha acordado recibir hasta 1.200 deportados de terceros países enviados por Estados Unidos durante el próximo año, según un comunicado del Gobierno liberiano difundido este martes y citado por Reuters. De acuerdo a las autoridades del país africano, un primer grupo de 20 personas llegará a su territorio este jueves. El comunicado liberiano precisa que los deportados serán ciudadanos o nacionales de países africanos y del hemisferio occidental que estén “médicamente autorizados para viajar”, y añade que algunos “podrían buscar asilo” en Liberia. Las autoridades estadounidenses no se han pronunciado públicamente al respecto.

El acuerdo es el más reciente que la Administración Trump cierra con un gobierno africano para expulsar a personas que no puede deportar legalmente a sus países de origen o porque estos no acceden a recibirlos. En la mayoría de los casos, sin embargo, los migrantes en cuestión han obtenido protección legal contra la repatriación después de que jueces migratorios estadounidenses determinaran que corren riesgo de tortura u otros abusos si regresan a sus naciones.

Washington ha defendido estos acuerdos, que ya tiene con varios países africanos y latinoamericanos, como legales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y abogados de los afectados sostienen que los detalles se mantienen opacos y que, en muchos casos, los deportados terminan siendo repatriados a sus países de origen igualmente, pese al riesgo señalado por los propios tribunales estadounidenses.

Desde el comienzo de la segunda Administración Trump, el secretismo ha marcado las deportaciones que Estados Unidos ha realizado hacia terceros países. En los meses iniciales, estas se hicieron a varios países centroamericanos, como Costa Rica o Panamá, pero a partir del verano del 2025 Washington firmó acuerdos con gobiernos africanos como Sudán del Sur, Ruanda, Esuatini, República Centroafricana o Liberia.

En su mayoría, los traslados han sido opacos, no se han revelado las identidades de los expulsados y, en algunas ocasiones, una vez en los países receptores, se ha conocido que han estado recluidos en prisiones. Abogados han denunciado también aislamiento total, imposibilidad de comunicarse con los migrantes deportados y desconocimiento de los cargos que se les imputan, además de temor a que sufran torturas al haber sido enviados a países donde no se garantiza el respeto a los derechos humanos.

El Departamento de Seguridad Nacional ha justificado estas deportaciones argumentando que permiten expulsar a personas “tan violentas que ni sus propios países las aceptan”, una versión que los mismos perfiles de algunos de los deportados refutan.

Liberia ya había protagonizado una noticia de alto perfil sobre la deportación de un extranjero a su territorio desde Estados Unidos. En octubre del año pasado, el gobierno liberiano emitió un comunicado en el que aceptaba recibir a Kilmar Abrego García —el salvadoreño cuya deportación errónea a una prisión de máxima seguridad en El Salvador se convirtió en un caso emblemático de la política migratoria de Trump— “de manera estrictamente humanitaria y temporal”, con la garantía de que no sería devuelto a ningún país donde pudiera enfrentar un riesgo sustancial de persecución, tortura u otro daño grave, y con el compromiso de coordinar el proceso con Naciones Unidas y otros organismos.

El Gobierno estadounidense citó esas “garantías requeridas” en los documentos presentados ante la corte que analizaba en ese momento el caso de Abrego García, quien impugna tanto su detención como los intentos de las autoridades de deportarlo a distintos terceros países. Hace apenas cuatro días, la jueza de distrito de Maryland Paula Xinis ha rechazado una vez más la apelación del Gobierno estadounidense para que le permitan deportarlo a Liberia y no a Costa Rica, donde Abrego García ya ha aceptado ir.

En octubre pasado, el anuncio de Liberia se produjo tras una reunión en Washington entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller liberiano, en la que abordaron lo que llamaron “el desafío compartido que representa la migración” y el Acuerdo de Cooperación en Asilo entre ambos países.

Cinco días después de que Liberia aceptara recibir a Abrego García, Estados Unidos extendió la vigencia de las visas de negocios y turismo para ciudadanos liberianos de 12 a 36 meses. Además, ambos países firmaron un memorando mediante el cual Washington se comprometió a destinar 124 millones de dólares al sector salud liberiano, mientras que el Gobierno de Liberia suscribió un acuerdo de concesión por 1.800 millones de dólares con la firma Ivanhoe Atlantic, respaldada por capital estadounidense, para el acceso al corredor ferroviario del país.

Pese a estos gestos de acercamiento, el 21 de enero de 2026 la Administración Trump suspendió por completo la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos liberianos. Por ahora, no hay información sobre lo que potencialmente podría recibir Liberia a cambio de aceptar más de 1.000 deportados en los próximos meses, pero sí se ha reportado que el Departamento de Justicia de la Administración Trump está buscando revivir el caso criminal contra Abrego García.