El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este sábado la “más enérgica queja” ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Isabel Perelló, por el contenido de la resolución del juez Juan Carlos Peinado en la que este sugiere que los policías que escoltan a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, pueden ayudarla a huir. Grande-Marlaska considera que es “un hecho de la máxima gravedad que, en la justificación de la adopción de las mencionadas medidas cautelares [la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte a Gómez y su asistente, Cristina Álvarez], se contengan afirmaciones que atentan gravemente contra la integridad de la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de sus superiores jerárquicos y, por ende, del Ministerio del Interior”. Por ello, pide a Perelló que el órgano de gobierno de los jueces adopte “las medidas que puedan resultar procedentes”.

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El magistrado Juan Carlos Peinado dejó en el aire durante cinco días dos de las decisiones más controvertidas de su carrera (y acumula ya bastantes en la causa que ha impulsado desde 2024 contra Begoña Gómez). Pero este sábado, finalmente, las ha comunicado: ha resuelto abrir juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, además de retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer dos veces al mes ante su juzgado. Una medida inaudita en la reciente historia democrática de España y que adopta a petición de la acusación popular, liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír y que integra a grupos de extrema derecha, como el partido político Vox. Peinado ha impuesto las mismas medidas a Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en La Moncloa.

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El caso Begoña Gómez ha vivido este lunes otra larga jornada en el juzgado encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El instructor ha dirigido durante más de tres horas una audiencia preliminar en el proceso que mantiene imputada a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la ley, esta sesión es un paso previo necesario para que Peinado pueda abrir juicio oral con un jurado contra ella y los otros dos imputados: Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y el empresario Juan Carlos Barrabés. La cita también ha servido para que las acusaciones populares —lideradas por la asociación ultracatólica Hazte Oír y que pide 24 años de prisión para la mujer del presidente— soliciten que se le retire el pasaporte a la mujer del líder del PSOE, se le prohíba salir del país y se la obligue a comparecer cada 15 días en un juzgado. Fuentes jurídicas indican que el magistrado no prevé resolver este mismo lunes sobre la solicitud para restringir sus movimientos.

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