El Ministro Ultra Israelí Smotrich Asegura Que Hay Una Orden De Arresto Contra él De La Fiscalía Del Tribunal Penal Internacional

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya ha solicitado supuestamente a los jueces una orden de arresto “secreta” contra Bezalel Smotrich, según ha declarado este martes el propio ministro de Finanzas israelí, un ultranacionalista de extrema derecha. Se trata, según el ministro, de una “declaración de guerra”. Por eso, Smotrich ha salido de inmediato al contrataque y ha ordenado la demolición y desalojo de una localidad palestina de la Cisjordania ocupada.

Los fiscales, según informaciones publicadas por la prensa, centra el caso más en el papel de los colonos violentos y en la política estatal de apartheid contra los palestinos que en los ataques israelíes sobre Gaza.

También pesa esa supuesta petición de orden de arresto sobre el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, tal como adelantó el domingo el diario Haaretz. Este medio cita, además de a Smotrich y Ben Gvir, a Orit Strock, la ministra ultrarreligiosa encargada de los asentamientos de colonos, y a dos funcionarios del ejército de ese país. En estos casos, por el momento, no ha habido reacciones en la esfera pública de los afectados.

“La Autoridad Palestina ha iniciado una guerra, y tendrá una guerra”, ha señalado el ministro durante una comparecencia en la que, según Reuters, ha quedado reflejado el malestar del Gobierno. Para Smotrich se trata de un tribunal “antisemita”, término con el que suelen tratar de defenderse las autoridades del Estado judío.

“Como Estado soberano e independiente, no aceptaremos dictados hipócritas de organismos sesgados que sistemáticamente se oponen al Estado de Israel, a nuestros derechos bíblicos, históricos y legales en nuestra patria, y a nuestro derecho y deber de autodefensa y seguridad”, ha agregado.

Estas peticiones de órdenes de arresto, a diferencia que las que finalmente sí fueron dictadas en 2024 contra otros mandatarios israelíes, no llegan por la guerra en Gaza, donde fuerzas israelíes han matado a más de 72.000 palestinos desde el ataque liderado por Hamás en octubre de 2023. En este caso, están relacionadas probablemente con la violencia ejercida por los colonos en la Cisjordania ocupada y la defensa por parte del Ejecutivo israelí como crimen de guerra así como por ejercer el apartheid, un concepto defendido incluso por alguna ONG israelí, como un crimen contra la humanidad, según fuentes del tribunal citadas por Haaretz.

El ministro de Finanzas, un radical que reside en una colonia de Cisjordania, no ha especificado en conferencia de prensa quién le informó sobre la petición de orden de arresto el lunes por la noche, dado que el proceso para solicitarlas es confidencial. Tampoco ha revelado los supuestos motivos de la Fiscalía del TPI, que Israel no reconoce; pero del que forma parte Palestina desde 2015.

Eso sí, Smotrich se ha mostrado orgullosos de sus planes de instalar 100 nuevas colonias así como 160 de explotaciones agrícolas ilegales en territorio palestino. Ese movimiento que él lidera junto a otros para instalar a judíos en la zona ocupada es considerado un crimen de guerra por la legalidad internacional.

La creación de nuevos asentamientos, la destrucción de localidades palestinas y los ataques de colonos violentos sobre palestinos no solo están a la orden del día, sino que forman parte de la sistemática política de ocupación liderada por Netanyahu.

La oficina del fiscal de ese tribunal de La Haya ha declinado hacer comentarios, alegando la confidencialidad del proceso. Esos mandatos pueden mantenerse ocultos para, entre evitar que el sospechoso tenga conocimiento el mismo y dificulte su detención; para proteger las investigaciones y que no se destruyan pruebas; o para minimizar el riesgo de represalias contra testigos, víctimas y sus familias.

La petición de órdenes de arresto elevadas a los jueces por la Fiscalía del TPI son secretas desde un cambio en las normas que ya ha entrado en vigor. Una vez recibida, la Sala de Cuestiones Preliminares puede decidir si las acepta, y luego las hace públicas o las mantiene bajo sello.

Antes de esa modificación, la Fiscalía anunció en 2024 por sí misma, por ejemplo, la petición de arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de su exministro de Defensa, Yoav Gallant, antes de que los jueces la publicaran oficialmente.

Aunque el TPI carece de policía para llevar a cabo los arrestos, la publicación de estas órdenes es un aviso para sus 125 Estados miembros, que están obligados a ejecutarla.

Smotrich, como líder del partido Sionismo Religioso, es integrante de la coalición del Gobierno más ultraderechista de la historia de Israel, que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu. Es conocido por sus postulados radicales: entre otras cosas, ha negado en público la existencia del pueblo palestino.

Ben Gvir, también colono residente en un asentamiento ilegal y defensor de la pena de muerte para los palestinos, tiene también una polémica carrera. Defiende como uno de sus héroes a Baruj Goldstein, el colono que en 1994 asesinó a tiros a 29 palestinos al abrir fuego contra la multitud en una mezquita de Hebrón.

Como el propio Ben Gvir reconoce, ha sido imputado medio centenar de veces por delitos como incitación al racismo o apoyo a organización terrorista. Y condenado ocho, lo que no le impidió convertirse en abogado y líder del partido ultra Poder Judío.

Ya en 2024, la Fiscalía del TPI solicitó permiso a los jueces para emitir órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, así como contra parte de la cúpula de Hamás. El fiscal jefe, Karim Khan, presentó “motivos razonables para creer” que eran “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Gaza.

Orden de desalojo y demolición

Casi a la vez que salía a la luz el anuncio de La Haya, Smotrich a ordenado el desalojo de una localidad palestina de Jan el Ajmar, en la Cisjordania ocupada y próxima a Jerusalén, según el documento oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS. En él se recuerda los mandatos de “demolición emitidos desde 2009 contra las estructuras ilegales” para que se puedan cumplir los planes de las autoridades israelíes de expansión de sus asentamientos en Cisjordania.

El espacio que ocupa Jan el Ajmar, de población beduina, lleva años siendo codiciado por el Gobierno israelí. Su idea desde hace tres décadas es levantar un polémico asentamiento conocido como E1, levantado de forma estratégica para aislar Cisjordania de Jerusalén.

“El ministro Smotrich busca vengarse de La Haya y de la comunidad internacional a costa de una de las comunidades más vulnerables, que durante años ha luchado simplemente por el derecho a vivir en la pequeña porción de tierra que posee”, denuncia en un comunicado la ONG israelí Peace Now. Sostienen que el objetivo del ejecutivo de Netanyahu es “eliminar a todas las comunidades palestinas de la región” para lograr “un plan cínico y destructivo que podría devastar las perspectivas de una paz futura y de una resolución del conflicto”.