Junts per Catalunya tiene intención de obstruir el despliegue del decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes porque ve lagunas en el procedimiento que tendría que hacer posible que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. “Se excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia”, critica Junts para argumentar su frontal rechazo a la iniciativa, y también advierte de que el proceso de regularización está causando, de golpe y porrazo, “un grave colapso de los servicios municipales en Cataluña”.

La iniciativa para que medio millón de personas que se encuentran en situación irregular puedan tener papeles es “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, según ha apuntado el Gobierno. “Ni los trámites de renovación ni la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están disponibles en catalán”, protesta Junts, y se posiciona en el bloque crítico con PP y Vox, al tiempo que ha anunciado que lanzará una “ofensiva política e institucional” contra el Real Decreto.

Junts considera inaceptable “la marginación de una lengua como criterio de integración” y ha explicado que prepara acciones legales para recurrir la norma. La ofensiva abre la puerta a judicializar el asunto en el “ámbito europeo”, según ha apuntado en un comunicado.

El partido que lidera Carles Puigdemont alega que el Gobierno ha modificado el decreto para “excluir” el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia, de manera que “solo aparece en un informe de arraigo opcional en casos concretos”. La formación independentista ha encargado a su departamento jurídico que prepare una denuncia ante las instituciones europeas por “vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración”.

La manera como se aborda el proceso es también motivo de rechazo por parte de Junts: “un decreto ley que no se ha podido corregir ni votar en el Congreso y externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos”. En declaraciones a Catalunya Ràdio, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha explicado que su partido intentará “frenar” el decreto porque este proceso “no puede hacerse sin control, sin rigor y sin recursos”. Nogueras ha lamentado la falta de “reacción” del Govern de Salvador Illa: “Un presidente de Cataluña honesto ya habría salido a plantarse ante esta barbaridad porque sin control y sin recursos nuestro país no puede asumir esta operación”.

El Gobierno defiende que el proceso de regularización “cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica”, además de contar con “todas las garantías legales y el aval de importantes organismos y estudios”. La patronal Foment del Treball, presidida por el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre, ha hecho público un estudio según el cuál faltarán 140.000 inmigrantes al año durante la próxima década para que el empleo no se resienta. “Sin inmigración no podemos producir y no somos competitivos. Los poderes públicos nos tienen que escuchar”, ha insistido su presidente, Josep Sánchez Llibre.