Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 53 años como presunta autora de un delito de hurto continuado a personas de avanzada edad. La arrestada presuntamente se aprovechaba de su posición de empleada en residencias de mayores para sustraer objetos de valor a las víctimas.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2023, a raíz de la denuncia de una nonagenaria, residente en un centro de mayores de Valencia. Ella fue quien detectó dos cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por importes de 1.000 y 1.600 euros, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que una empleada del centro, aprovechando su posición laboral, habría cometido el robo. Sin embargo, la sospechosa ya había sido despedida tras ser supuestamente sorprendida por otro empleado con pertenencias de una residente.

Los agentes constataron que la ahora detenida presuntamente hurtaba joyas a personas de avanzada edad en situación “de especial vulnerabilidad”. Residían en centros de mayores donde el acceso a sus habitaciones por parte del personal es habitual, lo que habría facilitado la comisión de los hechos.

Según la Policía, la mujer presuntamente había vendido joyas sustraídas en, al menos 23 ocasiones entre febrero de 2024 y marzo de 2026, distribuyéndolas por distintos establecimientos de compraventa de la ciudad, con lo que había obtenido un beneficio superior a los 9.300 euros. Por todo ello, los investigadores la detuvieron como presunta autora de un delito de hurto continuado. La arrestada ha pasado ya a disposición judicial.

Casi siete años después de la sentencia que condenó por sedición a nueve líderes del procés, el Tribunal Supremo ha autorizado a los Mossos d’Esquadra a destruir el material intervenido durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, que sirvió como prueba en la investigación y en el juicio que se celebró dos años después. En una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal que juzgó el procés da luz verde a los Mossos para deshacerse de las urnas, las papeletas, los sobres, las actas y otros objetos y documentos recopilados por los agentes, pero les insta a conservar “una o dos muestras” de cada prueba y a enviarla a la sede del Supremo para que sea custodiada.

La decisión del alto tribunal llega a raíz de un oficio enviado a la Sala Penal por la Dirección General de Policía de la Generalitat, en el que solicitó a los jueces permiso para destruir el material requisado durante la jornada del referéndum que dio origen a la causa judicial que acabó con condenas de prisión para exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, otros cinco miembros del Govern y los líderes de la ANC y Òmnium. Esa causa es también la que derivó en la salida de España del expresident Carles Puigdemont, a quien el Supremo mantiene procesado en rebeldía.

En la resolución de la Sala Penal, fechada el 14 de abril, los jueces establecen que la destrucción deberá desarrollarse en presencia de un letrado de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales, que deberá levantar acta y, una vez realizada, remitirla al alto tribunal, junto con las muestras que no hayan sido objeto de destrucción, “para que sean custodiadas en las dependencias” del Supremo. La providencia del Supremo está firmada por los cinco de los siete magistrados que juzgaron el procés que están actualmente activos: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Andrés Palomo.

El material intervenido por los Mossos el 1-O se encuentra actualmente en los almacenes de las distintas regiones policiales, pero la destrucción deberá centralizarse en la sede central de la policía catalana, en Sabadell. El Supremo insta a enviarlo todo allí para que, una vez trasladado, se comunique al letrado de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Para ello, el Supremo ha acordado tramitar una solicitud de cooperación jurisdiccional al tribunal autonómico.

La actuación de los Mossos durante la jornada electoral fue muy criticada por el Gobierno de entonces, presidido por Mariao Rajoy, y el máximo responsable de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, llegó a ser juzgado junto a la intendenta Teresa Laplana, al exdirector del Cuerpo Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, pero todos fueron absueltos.

El PP sigue subiendo el tono contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobó este martes el Consejo de Ministros. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles la regularización “a granel” y ha insistido en vincularla con la delincuencia, pese a que el real decreto contempla que no se dará la residencia a los extranjeros que representen “una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”. “Que un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o que ha robado a un ciudadano y que ha incumplido varias veces la legislación española, el Gobierno lo regularice, no tiene ningún antecedente en ningún país de la UE”, ha subrayado Feijóo en los pasillos del Congreso, aunque el Gobierno ha endurecido en la norma los requisitos sobre los antecedentes penales tras las recomendaciones del Consejo de Estado. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha defendido en una entrevista en TVE el real decreto y ha respondido al líder del PP que se trata de un proceso para “personas en situación irregular, no para delincuentes”, ha recordado que se les exige “la carencia de antecedentes penales” y ha indicado que el PP no está “boicoteando al Gobierno con estas declaraciones, sino a miles de ciudadanos”.

Feijóo se ha detenido ante los periodistas a la salida de la sesión de control de esta mañana y ha remarcado que lo más importante para él de lo sucedido en el Pleno es que el Gobierno no ha ofrecido a preguntas del PP el dato de cuántos inmigrantes van a ser regularizados en este proceso. El jefe de los populares ha hablado de “antecedentes policiales” y no de penales, ya que los antecedentes penales están expresamente contemplados en el real decreto aprobado este martes por el Gobierno, y no se concederá la residencia a los extranjeros que los tengan. Fuentes del gabinete de Feijóo explican que el líder del PP se refiere a una casuística que pudiera escaparse a la regulación actual, como un extranjero que haya cometido hurtos menores o un abuso sexual en el que todavía no haya condena y, por tanto, no tenga todavía antecedentes penales, sino solo policiales.

El texto del real decreto deja claro que se mirará detenidamente caso por caso que la persona no suponga una amenaza para la seguridad, informa Carmen Morán. La norma exige a los solicitantes de la regularización “no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública” y señala que se acreditará “mediante la comprobación de la inexistencia de antecedentes penales y la valoración del informe policial correspondiente”. “La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización”, añade el texto. Y remarca: “En ese caso, el órgano competente para tramitar la solicitud valorará de forma casuística y circunstanciada, que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea”.

En este aspecto ha hecho hincapié la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha recordado que el decreto exige la carencia de antecedentes penales, como marca la normativa de extranjería: “Ya está bien de excusas, de obstáculos, de intentar boicotear la esperanza, la dignidad de miles de personas por parte del Partido Popular. Hace dos años, el Partido Popular votó a favor en el Congreso de los Diputados, dio luz verde a la ILP para la organización extraordinaria.
¿De qué lado está el PP? ¿Está del lado de la Iglesia, de los sectores productivos, de la gente o está del lado de Vox?”, ha exclamado antes de indicar que el PP “no está boicoteando al Gobierno con estas declaraciones, sino que está boicoteando a miles de ciudadanos que hoy, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, tienen más esperanza, menos miedo, más derechos, más obligaciones y más dignidad”.

La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería recabará de oficio informe del Registro Central de Penados, el informe de las bases de datos de la Unión Europea, así como informe policial sobre la persona solicitante. Estos informes serán emitidos en el plazo de quince días.

Feijóo ha calificado de “disparate” la regularización de inmigrantes del Gobierno, aunque ha apostado por una “inmigración legal, ordenada, que venga a aportar y a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales”. El problema, ha remarcado, es “una regularización a granel” que provoque “un efecto llamada” y que España se convierta “en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solo en España, sino en la UE”.