La guerra de Javier Milei contra los medios argentinos ha escalado hasta cerrar las puertas de la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados. Es una decisión inédita, repudiada por todas las organizaciones de prensa locales, que llega tras miles de insultos y ataques verbales del presidente argentino a periodistas y la suspensión previa de algunas acreditaciones a quienes informan sobre el Poder Ejecutivo. Desde el Gobierno justificaron este jueves que se trata de una medida preventiva por motivos de “seguridad nacional” tras denunciar por espionaje ilegal a dos periodistas televisivos que grabaron sin permiso en el interior del edificio oficial. El anuncio ocurre con un Gobierno golpeado por crecientes escándalos de corrupción revelados por los medios.

El Foro de periodismo argentino (Fopea) destacó que impedir el acceso de los periodistas que trabajan habitualmente en la Casa Rosada es “una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”. En un comunicado, Fopea señaló que la decisión “implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”.

Para Fopea, la denuncia presentada por la Casa Militar contra periodistas del canal Todo Noticias que grabaron sin autorización pasillos y espacios comunes del edificio gubernamental “no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular”. Por ese motivo sostiene que es desproporcionado retirar el acceso a todos los periodistas por tiempo indefinido.

La prohibición de entrada a los periodistas muestra el deterioro de la relación del Gobierno con los medios. En el primer año de Milei, en 2024, aspiraba a crear en la sede gubernamental una “sala de prensa de élite” inspirada en la de la Casa Blanca. También han quedado atrás las ruedas de prensa diarias en las que el entonces portavoz, Manuel Adorni, daba respuestas filosas que le hicieron ganar el apodo de domador de periodistas. Adorni, hoy jefe de Gabinete, lleva semanas de protagonismo indeseado en los medios y la justicia. El fiscal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito recibió este jueves la información de que pagó en efectivo los casi 9.000 dólares de alojamiento en hoteles de lujo durante las vacaciones con su familia en la isla caribeña de Aruba para recibir 2025. Los billetes de avión, pagados también en efectivo, le salieron 5.800 dólares más. Realizó ese viaje pese a los pedidos de austeridad hechos por Milei a sus ministros en vísperas de las vacaciones navideñas.

Este miércoles, los argentinos se enteraron que el jefe de Gabinete se había comprometido a pagar 65.000 dólares en negro al intermediario que le facilitó la compra del departamento de casi 200.000 metros cuadrados en el que vive en Buenos Aires, según declaró ante la Justicia. Adorni lo compró en noviembre del año pasado por un precio declarado de 230.000 dólares a dos jubiladas que le prestaron 200.000 dólares para que pudiera hacer la operación. Su sueldo, en ese momento, equivalía a 2.500 dólares mensuales y era su único ingreso, según declaró en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Entre las inconsistencias que investiga la Justicia está también la casa en un barrio cerrado que compró su mujer, Betina Angeletti, en 2024, y un viaje en avión privado a la localidad de Punta del Este, en Uruguay, en el fin de semana largo de Carnaval.

Tanto Milei como su hermana Karina, secretaria de Presidencia, han ordenado cerrar filas alrededor de Adorni y han calificado como “basura mediática” las revelaciones que se acumulan sobre él. Ambos se han fotografiado en las últimas semanas junto al jefe de Gabinete y han publicado mensajes de apoyo. “Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, publicó Karina Milei en X a finales de marzo, cuando se supo que la mujer de Adorni había viajado con la comitiva oficial a Estados Unidos.

La protección de Milei a su jefe de Gabinete choca con el discurso anticorrupción levantado por el presidente ultra. A las investigaciones en curso por la supuesta criptoestafa de $Libra que difundió Milei, las sospechas de que los medicamentos para la Agencia nacional de discapacidad se compraron con sobreprecios y los generosos créditos hipotecarios concedidos por la banca pública a legisladores oficialistas, se le han sumado otros escándalos esta semana. El último de ellos afecta al secretario de Coordinación de infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, investigado por tener al menos cinco inmuebles sin declarar en Estados Unidos, según el diario La Nación. Otros medios locales elevan a ocho las propiedades estadounidenses de Frugoni. Las restricciones impuestas a la prensa elevan la tensión en uno de los peores momentos de Milei.

La islamofobia más radical y la intolerancia política han confluido en una proposición legislativa presentada este lunes en el Capitolio. El representante republicano por Texas Chip Roy llevó a la Cámara baja un proyecto de ley que permitiría la deportación, la desnaturalización y la denegación de la ciudadanía o del ingreso a cualquier migrante o no ciudadano que esté afiliado al comunismo, al socialismo o al fundamentalismo islámico o abogue por ellos.

La norma, que modificaría radicalmente la legislación de inmigración de Estados Unidos recogida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ha sido bautizada como Ley de Medidas contra los Peligrosos Adheridos al Marxismo y los Nocivos Islamistas (Ley MAMDANI). No es casualidad que las siglas de la ley en inglés son Mamdani, en referencia a Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York. Nacido en Uganda en 1991, Mamdani se mudó a Nueva York con su familia a los siete años y en 2018 se naturalizó ciudadano estadounidense, es musulmán y está afiliado al Partido de los Socialistas Democráticos de América. Con la norma propuesta, Mamdani podría enfrentarse a la deportación. Las representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, y Rashida Tlaib, de Michigan, también son miembros del partido.

Roy es un aliado de Donald Trump, pertenece al movimiento extremista MAGA (siglas de Make America Great Again, o Hacer América Grande de Nuevo) y es el líder del ultraderechista Caucus de la Libertad de la Cámara. “¿Por qué seguimos importando personas que nos odian? No solo durante los últimos seis años, sino a lo largo de los últimos sesenta, nuestro sistema de inmigración ha sido utilizado cínicamente para perjudicar la competitividad de los trabajadores estadounidenses en favor de la importación masiva del Tercer Mundo. Esto no solo ha derivado en un aumento de la delincuencia y una reducción de los salarios, sino también en la propagación de ideologías hostiles fundamentalmente opuestas a los valores estadounidenses”, afirmó en un comunicado.

“Esta legislación despliega nuevas herramientas para contrarrestar el avance marxista e islamista que ha devastado a Europa y que ahora ha llegado a nuestras propias puertas, especialmente en mi Estado natal de Texas”, agregó.

El texto de la norma recuerda el más puro estilo del macartismo, la agresiva campaña anticomunista que lideró el infame senador Joseph McCarthy en la década de los cincuenta, que se caracterizó por acusaciones infundadas de traición y propició una caza de brujas contra supuestos simpatizantes comunistas.

“Todo extranjero que propugne o haya propugnado, o que esté o haya estado afiliado a cualquier organización que propugne o haya propugnado las doctrinas económicas, internacionales o gubernamentales del socialismo, el comunismo, el comunismo chino, el marxismo o el fundamentalismo islámico, son inadmisibles”, dice el texto de la propuesta de ley. También contempla que se pueda deportar a cualquier migrante que “abogue” por esas ideologías; un término de amplio alcance que incluye “escribir, distribuir, hacer circular, imprimir, exhibir, poseer o publicar cualquier material escrito, electrónico o impreso” en su apoyo, según el texto.

Además, el proyecto incluye que la ley Mamdani tenga carácter definitivo y no pueda ser revisada por ningún tribunal, lo que significa que no se permitirá que las deportaciones o revocaciones de ciudadanía sean impugnadas. La excepción se limita a los migrantes que logren demostrar que su defensa de alguna de las ideologías enumeradas tuvo lugar antes de cumplir los 14 años.

En cuanto a aquellos considerados parte de un “partido fundamentalista islámico”, el proyecto de ley incluye en dicha categoría a la Hermandad Musulmana, el Estado Islámico, el Partido Al-Nour, Hamás, Hezbolá, Boko Haram y Al-Shabaab. Según los datos del Pew Research Center, en 2017 había 3,45 millones de musulmanes en Estados Unidos.

Roy no busca la reelección en el Congreso. En cambio, se enfrenta a una reñida segunda vuelta en mayo dentro de las primarias republicanas para el cargo de fiscal general de Texas. En su campaña ha intensificado los ataques contra la comunidad musulmana. Según un análisis realizado por The Washington Post, Roy ha publicado —tanto desde su cuenta de campaña como desde la oficial— más de 244 veces desde enero declaraciones sobre los musulmanes, el islam o la ley sharia, la cifra más alta entre todos los miembros del Congreso. En octubre presentó la Ley de una América Libre de la Sharia, por la que se impediría la entrada a Estados Unidos —o la permanencia en el país— a los ciudadanos extranjeros que observen la ley islámica. Detener “la oleada de islamistas” hacia Texas sería la “misión fundamental” de Roy como fiscal general, declaró al Post en una entrevista.

La Casa Blanca y la islamofobia

La islamofobia ha aumentado en Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El republicano ha sancionado a escuelas y ha deportado a estudiantes por su participación en protestas y actividades propalestinas. Además, ha hecho declaraciones contra grupos de mayoría musulmana que residen en Estados Unidos, incluidos los somalíes y los afganos. El discurso contra los musulmanes ha cobrado fuerza con la actual guerra que libra el republicano contra Irán.

Según un informe publicado en marzo por CAIR, la organización dedicada a proteger las libertades civiles, mejorar la comprensión del Islam y empoderar a los musulmanes en Estados Unidos, las denuncias de discriminación e intolerancia marcaron en 2025 un récord por tercer año consecutivo “a medida que los funcionarios públicos abusan de sus cargos para restringir las definiciones de cómo pueden lucir, qué pueden decir o qué pueden creer los estadounidenses”.

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