Junts per Catalunya tiene intención de obstruir el despliegue del decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes porque ve lagunas en el procedimiento que tendría que hacer posible que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. “Se excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia”, critica Junts para argumentar su frontal rechazo a la iniciativa, y también advierte de que el proceso de regularización está causando, de golpe y porrazo, “un grave colapso de los servicios municipales en Cataluña”.

La iniciativa para que medio millón de personas que se encuentran en situación irregular puedan tener papeles es “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, según ha apuntado el Gobierno. “Ni los trámites de renovación ni la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están disponibles en catalán”, protesta Junts, y se posiciona en el bloque crítico con PP y Vox, al tiempo que ha anunciado que lanzará una “ofensiva política e institucional” contra el Real Decreto.

Junts considera inaceptable “la marginación de una lengua como criterio de integración” y ha explicado que prepara acciones legales para recurrir la norma. La ofensiva abre la puerta a judicializar el asunto en el “ámbito europeo”, según ha apuntado en un comunicado.

El partido que lidera Carles Puigdemont alega que el Gobierno ha modificado el decreto para “excluir” el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia, de manera que “solo aparece en un informe de arraigo opcional en casos concretos”. La formación independentista ha encargado a su departamento jurídico que prepare una denuncia ante las instituciones europeas por “vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración”.

La manera como se aborda el proceso es también motivo de rechazo por parte de Junts: “un decreto ley que no se ha podido corregir ni votar en el Congreso y externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos”. En declaraciones a Catalunya Ràdio, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha explicado que su partido intentará “frenar” el decreto porque este proceso “no puede hacerse sin control, sin rigor y sin recursos”. Nogueras ha lamentado la falta de “reacción” del Govern de Salvador Illa: “Un presidente de Cataluña honesto ya habría salido a plantarse ante esta barbaridad porque sin control y sin recursos nuestro país no puede asumir esta operación”.

El Gobierno defiende que el proceso de regularización “cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica”, además de contar con “todas las garantías legales y el aval de importantes organismos y estudios”. La patronal Foment del Treball, presidida por el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre, ha hecho público un estudio según el cuál faltarán 140.000 inmigrantes al año durante la próxima década para que el empleo no se resienta. “Sin inmigración no podemos producir y no somos competitivos. Los poderes públicos nos tienen que escuchar”, ha insistido su presidente, Josep Sánchez Llibre.

Hacienda apura las últimas aclaraciones antes del arranque de la campaña de la renta —relativa al ejercicio fiscal 2025—, que arranca el próximo 8 de abril. La última se refiere a los cambios fiscales incluidos en el llamado decreto ómnibus, aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de diciembre, pero rechazado después en el Congreso. Una nota publicada esta semana por la Agencia Tributaria enumera las medidas válidas a efectos de la declaración de la renta pese al revés parlamentario, como la exención en el impuesto para las ayudas recibidas por la dana o las rebajas contempladas por obras de rehabilitación energética de la vivienda.

En España, los decretos ley entran en vigor de forma prácticamente inmediata tras publicarse en el BOE y se mantienen en vigor durante 30 días. Después de este plazo, necesitan ser convalidados por el Congreso para seguir desplegando efectos jurídicos. Ese es el razonamiento en el que se basa la Agencia Tributaria: es válido lo llevado a cabo en esa ventana de tiempo, que además coincide con el cierre del año fiscal en lo que al impuesto sobre la renta se refiere —para el fisco, lo que cuenta es la fecha de devengo del tributo, y no la de pago—, aunque el texto legislativo no prosperase luego en las Cortes.

Es así que el organismo tributario aclara que “estaban en vigor y desplegando sus plenos efectos jurídicos, por lo que resultan de aplicación en 2025″ tanto la rebaja del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias —lo que se paga por poseer una vivienda que no es la habitual ni está alquilada— como la prórroga de las rebajas por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas y edificios. Estas últimas prevén deducciones de entre el 20% y el 60% en función del tipo de rehabilitación realizada, siempre y cuando esté adecuadamente certificada y reduzca el consumo de energía en determinados porcentajes. Ambas medidas aparecían en el decreto ómnibus que estaba vigente a 31 de diciembre, por lo que serán de aplicación de cara a la declaración de la renta 2025-2026.

La nota publicada por la Agencia Tributaria también garantiza que se aplicarán en esta campaña las exenciones en el IRPF por daños personales en incendios forestales. Tampoco tributarán en el impuesto sobre la renta las ayudas aprobadas por la Comunidad Valenciana para el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas y autónomos afectados por la dana de 2024.

También aclara que son válidas las renuncias y revocaciones de los autónomos en módulos realizadas durante la vigencia tanto del decreto ómnibus como del texto relativo al escudo social, que el Gobierno aprobó en febrero y que el Congreso también tumbó. Asimismo, se mantienen en 2026 los límites antiguos de tributación de este sistema en el IRPF, así como aquellos que se aplican en el IVA al régimen simplificado y al especial de agricultura, ganadería y pesca.

Falta de apoyos

El Gobierno está en minoría en el Congreso y encadena tres años sin presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado —donde suelen incluirse cambios normativos de calado—, debido a la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Esta aritmética parlamentaria adversa está detrás del uso intensivo por parte del Ejecutivo del decreto ley, aunque el presidente Pedro Sánchez haya criticado en el pasado el empleo excesivo de este instrumento legislativo, lo que debilita el papel de las Cortes y con ello de la representación ciudadana, por parte de otros mandatarios.

El decreto ómnibus fue aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado, el día 23 de diciembre. Incluía un conjunto heterogéneo de medidas, desde la revalorización de las pensiones y distintas rebajas fiscales en el IRPF hasta la prohibición de desahucios para inquilinos vulnerables. Esta última iniciativa centró el rechazo de la derecha parlamentaria, que la esgrimió como argumento para tumbar el texto en el Congreso en una votación celebrada a finales de enero.

Después del tropiezo, el Gobierno optó por trocear el decreto en partes, desvinculando medidas vitales como la subida de las pensiones, que sí salió adelante, de otras iniciativas más críticas, en particular el escudo antidesahucios, que volvió a toparse con la negativa de la mayoría del Congreso. Dentro de las medidas que se han recuperado en decretos posteriores, validados por la Cámara baja, se encuentran las ayudas a afectados por la dana y los incendios forestales o las deducciones por rehabilitación, entre otras propuestas fiscales.