Quizás en la historia de Juan Carlos Valencia González está escrita la historia del narcotráfico mexicano. Su padre fue un pionero en el trasiego de drogas y cambió el cultivo de aguacates en Michoacán por los barcos de cocaína; su madre y su tío convirtieron un apellido en una empresa criminal, y su padrastro fue el capo más buscado del mundo, fundador de un imperio internacional. De indudable abolengo delictivo, Valencia González es conocido como El Pelón, el 03 o el R3, también JP. El Gobierno mexicano dice que dirige un grupo armado de élite y el estadounidense ofrece cinco millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura. Ambos lo consideran, tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, como el posible sucesor al frente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Con 41 años, Valencia pasa por primera vez a una primera línea criminal que le viene de familia.
“¡Pura gente del señor Mencho!”, corean casi un centenar de hombres vestidos con ropa táctica, armados con fusiles de asalto. “¡Pura gente del Señor de los Gallos!”, insiste uno y el siguiente: “Aquí estamos echándole ganas”, “arriba el R3”, “puro Grupo Élite, señores”. Es una caravana de 22 vehículos blindados, tuneados con torretas y una decena de ametralladoras, con fusiles Barret y lanzagranadas. Un logotipo en la puerta de estas camionetas los diferencia de un ejército regular: son las Fuerzas Especiales Grupo de Élite del CJNG. Todos llevan las cuatro letras estampadas en la pechera. Todos responden al R3. “Es el único grupo armado identificado de esta naturaleza”, reconoció en 2020 el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval: “Es liderado por Juan Carlos Valencia González”.
Este comando de élite surgió en 2019 y fue el responsable, al inicio de su pelea con el Cartel Santa Rosa de Lima, de la masacre de siete policías en Villagran, Guanajuato, según los reportes militares. Sandoval, que confirmó que el grupo tenía entonces presencia también en Michoacán, Jalisco y Zacatecas, admitió: “Pretenden mostrar al Grupo Élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, con movilidad, protección blindada, poder de fuego y adiestramiento militar”. Esa era la fuerza comandada por Valencia González.
El video propagandístico fue grabado, en los límites de Jalisco y Michoacán, el 17 de julio de 2020, el día del cumpleaños de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Y era —creían los militares— una especie de felicitación para el patrón, su padrastro. En ese momento, el R3 tenía a su padre, Armando Valencia Cornelio, con un cáncer recién salido de una prisión estadounidense, y a su madre, Rosalinda González Valencia, dentro de otra de máxima seguridad en México.
Tres meses más tarde del video, Valencia González se convertiría en objetivo prioritario de Estados Unidos por ser “uno de los líderes de la organización criminal más violenta de México”: “Una investigación de la DEA reveló que era responsable de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de narcóticos, así como de la organización de numerosos delitos violentos”. Su salto a la primera línea ha llevado a que incluso el subsecretario de Estado de Trump, Christopher Landau, lo utilice para agitar el debate por el derecho a la ciudadanía por nacimiento: “No creo, por ejemplo, que El Pelón, aparente nuevo líder del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque, como se ha informado, nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”.
Los Valencia
La familia empezó como tantas: siendo muchos y emigrantes. Originarios de Aguililla, la Tierra Caliente de Michoacán, los González Valencia eran 18 hermanos. Algunos, como Rosalinda, se fueron muy pronto —a final de los 70— hacia Estados Unidos, desde donde se dedicaron al tráfico de drogas. La mujer dijo en una carta a un juez que llegó a California con solo 14 años. El 12 de septiembre de 1984, en Santa Ana, tuvo a su primer hijo: Juan Carlos Valencia González. El padre adjudicado es otro michoacano, algo mayor que ella, Armando Valencia Cornelio. Armando —que nació en Uruapan, en 1959, pero su padre también era de Aguililla— se había instalado desde los 80 en Redwood City, a las afueras de San Jose, donde había una colonia de sus paisanos.
El currículum criminal de Valencia Cornelio empieza al poco de nacer su hijo y por él aparecen algunas de las leyendas del narco mexicano. Estuvo primero como un subordinado más de Miguel Ángel Félix Gallardo, El jefe de jefes, y después, tras la detención de este, trabajó con Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, de quien heredó las conexiones con Colombia para llegar a las grandes ligas del narcotráfico.
Recogen los documentos de la justicia estadounidense, que en Michoacán “cuatro de cada cinco o seis personas se apellidan Valencia, y que, además, se casan entre ellos”, esto, dicen los papeles, “genera confusiones” como que durante más de una década en Estados Unidos pensaran que Armando Valencia Cornelio y su primo Luis Valencia Valencia eran la misma persona, en vez de los dos líderes del Cartel del Milenio, o que Armando consiguiera librarse de su primera orden de arrestro porque un juez no tenía su segundo apellido y Armandos Valencias los había por docenas. A caballo entre EE UU y México, en 1999, estos dos michoacanos ya habían comprado decenas de casas, ranchos y empacadoras en Michoacán, y tenían a su disposición una flota de barcos.
Armando Valencia selló en un rancho a las afueras de Medellín, en Colombia, el pacto que lo convertiría en uno de los grandes proveedores de droga a Estados Unidos y por el que también terminaría preso. En abril de 1999, El Maradona sacó 8.650 kilos de cocaína de un barco atunero, propiedad del colombiano Alejandro Bernal, conocido como Juvenal, y los trasladó a otro suyo, que llevó hasta Mazatlán, guió hacia Juárez y cruzó a Texas. Un idilio millonario que terminó en 2003 cuando fue detenido en Jalisco, para ese momento, según el Gobierno mexicano, “trasladaba a Estados Unidos al menos la tercera parte de las drogas que se introducen al vecino país”.
El imperio
El Cartel del Milenio siguió sin Armando, pese a lo que creían las autoridades a un lado y otro de la frontera. Ya llamado también clan de Los Valencia, en la empresa familiar, primos, hermanos y sobrinos se aliaron con el Cartel de Sinaloa en su lucha a muerte contra Los Zetas. Es bajo este paraguas donde todas las historias se unen. Porque en esa pelea ascendió también El Mencho, quien ya se había casado con Rosalinda González y había tenido tres hijos con ella (Jessica Johana, Ruben y Laisha). Narcomenudista, exconvicto, deportado, expolicía y pistolero, en ese orden, Oseguera Cervantes fue parte de los llamados Matazetas. Es tras el asesinato de Nacho Coronel (el principal aliado de los michoacanos con Sinaloa) y la entrega del Lobo Valencia (a causa de una supuesta traición), lo que parte el conglomerado familiar y termina agrupando, ya a manos del Mencho y de Erick Valencia, El 85, a la gente nueva: había nacido el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Después de una brutal carta de presentación de 35 personas masacradas, expuestas en Boca del Río, Veracruz, en 2011, el CJNG asciende de la mano de Los Cuinis, su brazo financiero. Uno no puede entenderse sin el otro. En 2015, el Gobierno de Estados Unidos dibuja la alianza entre Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia, hermano de Rosalinda y quien ya estaba preso: “Estas dos organizaciones han ampliado rápidamente su imperio criminal en los últimos años mediante el uso de la violencia y la corrupción. En la actualidad se encuentran entre las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México”.
En ese momento también rompen con la organización del Chapo y del Mayo. “Según la DEA, el Cártel Jalisco Nueva Generación es una derivación del Cártel de Sinaloa. Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo es del Cártel del Milenio. Ambas versiones son correctas”, escribía el especialista en seguridad, Carlos Flores, ya en el Atlas de la seguridad y la defensa de México de 2016. En esta última década, el CJNG ha alcanzado presencia en todos los Estados de México y en una veintena de países, ha dejado atrás a los extintos Zetas y gana en terreno al Cartel de Sinaloa, ahora inmerso en una batalla fraticida entre sus facciones.
Detrás de ese ascenso fulgurante estuvo siempre El Mencho. Es ahora tras su caída en un operativo del Ejército en Tapalpa cuando, después de 15 años, se puede hablar de sucesores. El Gobierno mexicano ha dado algunos nombres como El Jardinero —quien controla los laboratorios clandestinos—, El Sapo —que maneja el reclutamiento forzado— o El Tío Lako —quien fue uno de sus principales socios—, pero entre todos ellos siempre repunta un nombre. Valencia González. Después de todo, desde el origen, esto ha sido siempre un asunto familiar.
An image of a man in his underwear, wrapped in a blanket as he was being arrested by federal agents, went viral during the massive immigration raid launched by the White House in Minnesota earlier this year, sparking outrage across the country. Now, the arrest of that man, a U.S. citizen, has triggered a criminal investigation into possible kidnapping, unlawful entry, and unlawful detention, and has opened a new front of conflict between local authorities and the federal government.
The events took place on January 18, when agents from U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) raided the home of ChongLy “Scott” Thao, a naturalized U.S. citizen of Hmong descent, in the city of St. Paul, the capital of Minnesota. According to prosecutors and Ramsey County authorities, the agents broke down the door of the residence and dragged him out in handcuffs, dressed only in underwear, Crocs, and a blanket, despite sub-freezing temperatures.
County District Attorney John Choi stated that the events could constitute serious crimes. “We believe there was no legitimate legal reason for the federal agents to enter that home; it was not supported by probable cause,” he said at a press conference on Monday.
According to the preliminary investigation, Thao was “forcibly removed from his home” and detained for over an hour, during which time he was transported in a vehicle and subjected to questioning before being returned to his home. Local authorities maintain that there is no evidence that the agents had a warrant to enter the residence.
Thao himself recounted that he was detained at gunpoint and released without explanation. “I was praying. I was like, ‘God, please help me, I didn’t do anything wrong.’ Why do they do this to me? Without my clothes on,” he said in an interview with Reuters from his home following the incident.
County Sheriff Bob Fletcher questioned the legality of the procedure: “There’s no dispute that he was taken out of his house, forcibly taken out of his home and driven around,” he told the media. He added: “Is that good law enforcement, to take an American citizen out of their home and drive them around aimlessly, trying to determine what they can tell them?”
Footage of the arrest, which was widely shared on social media, shows Theo barely covered by a blanket as he is escorted by armed agents. The incident sparked outrage among neighbors, some of whom filmed the scene and protested at the scene.
The Department of Homeland Security (DHS), which oversees ICE, has defended its agents’ actions. In a statement, it asserted that they were executing a warrant and were searching for two convicted sex offenders with alleged ties to the residence. It also stated that Thao “refused to be fingerprinted or facially ID’d” and that it is “standard protocol to hold all individuals in a house of an operation for safety of the public and law enforcement.”
However, Thao has denied knowing these individuals, and state authorities have indicated that at least one of the suspects was in prison at the time. His family, for its part, has rejected the official account and called the arrest “unlawful.”
The investigation faces significant obstacles. Local authorities have criticized the federal government’s lack of cooperation, as it has so far failed to provide key information, such as the identities of the agents involved or access to evidence. Prosecutor Choi has formally requested this documentation and has not ruled out taking the matter to court.
The case was part of Operation Metro Surge, a large-scale operation carried out in Minnesota involving thousands of federal agents, which has been criticized for its use of force and alleged irregularities. Local authorities are investigating other incidents related to the same operation, including clashes with protesters and questionable police conduct.
While the federal government maintains that state authorities lack jurisdiction to investigate its agents, local prosecutors and officials assert their authority to investigate potential crimes committed within their jurisdiction.
Legal experts have warned the press that any attempt to criminally prosecute federal agents could face significant obstacles due to the protections afforded to them under U.S. law. Even so, Thao’s case has become a symbol of the limits and controversies surrounding current immigration policy.
For now, the investigation continues with the aim of determining whether the U.S. citizen’s fundamental rights were violated.
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El exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, uno de los hombres más cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, fue arrestado este lunes por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El arresto se produjo en Orlando (Florida), donde vivía desde el año pasado, tras fugarse de Brasil para evitar entrar en prisión. Ramagem, que con Bolsonaro en el poder dirigió la agencia de inteligencia de Brasil, había sido condenado a 16 años de cárcel por formar parte del núcleo duro de la trama golpista que intentó mantener al líder ultraderechista en el poder, pese a la derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
La detención fue confirmada por el director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, que a la prensa local aseguró que es fruto “de la cooperación Brasil-Estados Unidos en el combate al crimen organizado”. Recordó que Ramagem es un “forajido de la Justicia brasileña” y que, según las autoridades de Estados Unidos, su situación migratoria es irregular.
Personas de su entorno del exdiputado, en cambio, restaron importancia al arresto diciendo que se trata de una cuestión meramente migratoria sin relación con la condena por golpismo, que Ramagem se encuentra en el país legalmente y que estaba pendiente de la confirmación de una petición de asilo.
El excongresista se instaló en Florida en septiembre del año pasado, después de una rocambolesca huida de Brasil. Mientras los magistrados del Tribunal Supremo Federal deliberaban sobre la conducta de Bolsonaro y su círculo más cercano en la intentona golpista, Ramagem desapareció súbitamente de los pasillos del Congreso Nacional. Cruzó la frontera terrestre hasta Guyana, y desde allí voló a Estados Unidos.
Desde Florida siguió votando en las sesiones como diputado remotamente durante semanas, usando la excusa de una baja médica. Su esposa, Rebeca Ramagem, llegó a decir en sus redes sociales que se instalaron en Florida por la “persecución política inhumana” que vivían en Brasil. Según la prensa local, en su nueva vida en Orlando disfrutaban de una casa de 300 metros cuadrados con vistas a un lago y valorada en casi un millón de dólares.
En noviembre del año pasado, una vez se agotaron los recursos y llegó la hora de entrar en prisión, las autoridades brasileñas le consideraron oficialmente prófugo e incluyeron su nombre en la lista de la Interpol. El Gobierno de Lula da Silva pidió su extradición y la Cámara de Diputados anuló su mandato y su pasaporte diplomático.
Ramagem, que durante dos décadas fue un discreto agente de la Policía Federal, llegó a la esfera pública de la mano de Bolsonaro. Se hizo famoso por hacerse cargo de su seguridad tras la puñalada que el ultraderechista sufrió en la campaña electoral de 2018. Al llegar al poder, Bolsonaro premió su fidelidad dándole la dirección de la Agencia Brasileña de Inteligencia. Su gestión estuvo marcada por el escándalo de la Abin paralela. Según investigaciones, había usado la maquinaria del Estado para espiar ilegalmente a decenas de opositores, activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil considerados incómodos por el bolsonarismo.
Bolsonaro también intentó colocarlo al frente de la Policía Federal para blindar a su familia de diversas investigaciones, pero la Justicia bloqueó el nombramiento por entender que había demasiado vínculo entre ellos y que la imparcialidad de la corporación estaría en riesgo. Tras dejar la agencia de inteligencia, ya convertido en una cara conocida entre los simpatizantes de la extrema derecha, fue fácil convertirse en diputado. Poco después, intentó ser alcalde de Río de Janeiro, pero fue derrotado en la primera vuelta.