Más del 65% de los encuestados cree que en España hay lawfare. Es decir, que los jueces y magistrados impulsan causas guiados por motivaciones políticas. Ese es el dato que arroja el estudio realizado por el Instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER. Entre los togados, esta evaluación sociológica sobre la justicia se ha recibido de distinta manera, pero con un diagnóstico común, según las fuentes consultadas por este periódico. Las voces conservadoras niegan que en nuestro país exista lawfare y reivindican que los jueces son independientes, mientras que desde el ámbito progresista de la judicatura reconocen que hay resoluciones “difíciles de entender”. Sin embargo, desde ambos sectores creen que la “sensación” que trasladan los resultados del sondeo se debe a la “instrumentalización” de la justicia por parte de la política.
“Es un dato preocupante que revela un problema de confianza institucional”, dice Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial. A renglón seguido matiza que se trata únicamente de “una percepción”: “No podemos decir que los jueces españoles actúen por razones políticas”. “Pero sí es la consecuencia de instrumentalizar la justicia: se politiza, se valoran las resoluciones según a quién benefician y se traslada a la ciudadanía la idea de que el juez es independiente solo cuando resuelve en un determinado sentido”, describe y alerta de que “eso es muy dañino no solo para el Poder Judicial, sino para la erosión en la confianza de los ciudadanos que supone”. Pese a ello, celebra que “el ciudadano confía en sus jueces”, algo que extrae del hecho de que “acude a ellos con una alta tasa de litigiosidad”. De hecho, resalta que “la inmensa mayoría de los jueces” actúan con “profesionalidad”, mientras soportan “cargas muy elevadas de trabajo”.
González Mariscal de Gante se muestra consciente de que “la independiencia judicial no es impunidad”, pero puntualiza que, a la hora de castigar un mal desempeño por parte de los togados, “el CGPJ debe actuar con garantías”. “No confundamos responsabilidad disciplinaria con discrepancia frente a una resolución judicial: para eso están los recursos”, advierte. Además, pone de relieve que “la confianza no se gana con sanciones sino con medios, reformas serias, buena comunicación institucional y una defensa clara de la independencia judicial”.
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ―la segunda en la carrera judicial―, María Rubio, miembro de su comité nacional, afirma que “en España los jueces son totalmente independientes, imparciales y únicamente sometidos a la ley”. “Los jueces siguen sus procedimientos con total independencia de los acontecimientos políticos. La agenda judicial no está supeditada a las manifestaciones ni actuaciones políticas”, asevera. Así, señala que, “si una persona, ya sea político o no, ha cometido un hecho delictivo o se tienen indicios de su comisión, la justicia actúa, investiga y resuelve” en base únicamente a la ley, que enfatiza que “es el contrapeso más fuerte que tiene el Poder Judicial”. “Las resoluciones judiciales no se toman de forma arbitraria”, concluye.
No obstante, apostilla que “en los últimos años, y debido a los acontecimientos acaecidos, algunos sectores han querido desprestigiar la acción de la justicia, minando su imagen, con continuas críticas a las resoluciones judiciales”. “Y eso se traduce en desconfianza del ciudadano”, admite. Pese a todo, Rubio destaca el barómetro realizado en 2023 por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que situó a este como el mejor valorado de los tres poderes del Estado y apuntó que el 58% de los encuestados creía que “los jueces resuelven conforme a la ley por muchas presiones que puedan recibir”, al tiempo que respalda sus conclusiones. “En España, los jueces somos totalmente independientes y actuamos conforme a la ley y al derecho, al margen de que el encausado en un procedimiento judicial sea político o no, puesto que existe verdadera igualdad en la ley y ante la ley”, zanja.
Por su parte, Edmundo Rodríguez, portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), opina que “ha habido actuaciones judiciales que explican que se tenga esa sensación” de lawfare porque “hay resoluciones de tribunales muy difíciles de entender”, entre las que menciona la condena al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar que Alberto González Amador ―el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso― estaba en negociaciones con la Fiscalía para reconocer los delitos fiscales por los que finalmente irá a juicio.
En todo caso, Rodríguez considera que esa percepción mayoritaria de lawfare “se explica por la instrumentalización de la justicia por intereses políticos, unida a la falta de rigor de algunas actuaciones judiciales”. Sobre lo primero, critica que “las actuaciones de algunos protagonistas políticos contribuyen a esa desconfianza”. En este sentido, recuerda que el CGPJ ha estado cinco años con el mandato caducado por la falta de acuerdo político para su renovación ―que finalmente se produjo hace dos años―, así como que “ahora sucede lo mismo con la negativa del Partido Popular a nombrar nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional”. En cuanto a lo segundo, el representante de la asociación progresista explica que “intentos de emplear instrucciones contra el contrincante político siempre ha habido” pero defiende que “deben atajarse por los tribunales” y afea que eso “no siempre sucede”. A su juicio, “el CGPJ debería ser más crítico con algunas resoluciones judiciales”. “No vale con estar todo el día defendiendo que los tribunales actúan con independencia y olvidar que también deben hacerlo con responsabilidad”, dice.
Roberto García Ceniceros, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI) ―la asociación minoritaria―, también ve “muy alarmante” que “esté tan extendida la creencia de que un juez dicta sus sentencias en función de su ideología, o queriendo influir en el debate político, apartándose de lo que diga la ley o resulte de las pruebas”. Y descarta que “sea algo generalizado”. Por su experiencia, entiende que “los datos no se ajustan a la idea que un ciudadano tiene cuando se acerca a un juzgado o tribunal para resolver un asunto”. “En general la percepción de la justicia es más favorable por quienes se han visto obligados a acudir a ella”, estima.
Al igual que sus colegas, identifica la crítica política como parte del problema. García Ceniceros subraya que, si bien “todas las resoluciones judiciales han de ser susceptibles de crítica”, cuando se afirma o insinúa que un juez actúa por motivos espurios esto “puede alterar la confianza que los ciudadanos” y, con ello, erosionar el Estado de Derecho. Por eso, insta a no lanzar estas acusaciones “de forma infundada” y, si se tiene base, denunciar la conducta concreta, “ya que se trataría de un delito de prevaricación”.
El CGPJ, dividido también en este asunto
La encuesta arroja también datos reveladores sobre la percepción ciudadana del Consejo General del Poder Judicial, al que se denomina coloquialmente como órgano de gobierno de los jueces, pero que, salvo en algunas competencias de gran calado político ―como los nombramientos discrecionales en la cúpula judicial o las sanciones disciplinarias―, ejerce más bien de gestor administrativo. Los datos recabados por 40dB muestran que es una de las instituciones que no aprueba (suspende, con un 4,6) y que el 58% de los encuestados cree que hace “poco” o “nada” para vigilar y castigar a los jueces que hacen mal su trabajo.
Al ser preguntados sobre estas cifras, una vez más el CGPJ, integrado por diez vocales progresistas y otros tantos conservadores, y presidido por la magistrada Isabel Perelló, de sensibilidad progresista pero a la que los miembros de este bloque recriminan alinearse con sus pares conservadores, se muestra dividido.
Fuentes del sector progresista coinciden plenamente con la evaluación que se hace en la encuesta publicada. “Desde luego, hay una sensación en la ciudadanía de que hay una justicia a distintas velocidades, de que no se trata de la misma manera todos los casos”, expone una de las voces progresistas. En concreto, fuentes de este bloque reconocen cierta tardanza en la resolución de asuntos disciplinarios de alto impacto, como las quejas dirigidas contra el juez Juan Carlos Peinado, algunas centradas en su investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. El CGPJ archivó cuatro, pero aún tiene pendiente resolver sobre otras tres, incluida la presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su interrogatorio en el marco de dicho caso, y otra por sugerir que los escoltas podrían ayudar a huir a la esposa de Pedro Sánchez.
En cambio, fuentes del bloque conservador rechazan tajantemente que en nuestro país haya persecuciones judiciales por motivos políticos. “No existe lawfare en España. Los jueces en nuestro país se rigen exclusivamente por criterios técnicos. Son independientes”, mantienen desde el ala conservadora del CGPJ. Por eso, atribuyen los resultados de la encuesta a que “los ataques a la justicia desde la política” están dando sus frutos. “Son críticas para socavar la confianza de la ciudadanía en la justicia y pueden acabar socavándola”, denuncian.
En cuanto a la imagen del CGPJ en la ciudadanía, replican que “es un gran desconocido”, recordando que no goza de autonomía presupuestaria, lo que hace que muchas veces tenga las manos atadas para actuar como considera. Como ejemplo, se refieren a la reciente negativa del Ministerio de Justicia a financiar refuerzos para otros 64 órganos judiciales, algo que insisten en que tendrá “consecuencias gravísimas para los ciudadanos”. Interrogadas específicamente sobre el ámbito disciplinario, fuentes conservadoras defienden que “cada asunto se analiza en detalle” y “se sanciona cuando se tiene que sancionar”, sin atender a otras consideraciones. En todo caso, manifiestan que “el CGPJ siempre está abierto a la crítica”.
El presidente del FJI tampoco comparte que “el CGPJ sancione poco a los jueces que hacen mal su trabajo”, aclarando que es “más bien al contrario”. “Los miembros de la carrera judicial constituimos el cuerpo de la función pública más sometido al ejercicio de la acción disciplinaria”, contrapone, anudando que en muchas ocasiones es consecuencia de una carga de trabajo inabarcable que se traduce en retrasos. García Ceniceros asegura que los togados son “los primeros interesados en que se castigue y depure a quien no desempeña su trabajo conforme a sus deberes”. Pero no cree que sea el momento oportuno para que el CGPJ actúe “con mayor severidad”. Entre otras cosas, precisa, porque “muchas veces se pretende sancionar a un juez por actuaciones que lleva a cabo al margen de su condición, como expresiones en redes sociales, o por pronunciamientos que se consideran improcedentes, como en el caso del juez Peinado”. Y para esto último, subraya, está el sistema de recursos.
