La huelga general de este miércoles, la novena de la democracia, ha servido para canalizar un malestar generalizado en España por la desigualdad económica que tiene en el acceso a la vivienda su cara más dramática. Organizada en condiciones inéditas, forzada por una movilización social espontánea, sin conflictos laborales concretos y en pleno periodo preelectoral, la huelga ha tenido un seguimiento dispar por todo el país, pero un impacto suficiente en la vida cotidiana como para estar a la altura de las expectativas que se habían fijado los sindicatos y, más importante, para que, más allá de las valoraciones de cada uno, todos los actores políticos y económicos se sientan interpelados. Nadie puede desoír el mensaje.

La primera huelga general en la era del teletrabajo ha hecho difícil calibrar el seguimiento con precisión. En Madrid, el tráfico de un miércoles normal bajó un 13%. En Barcelona, cayó a la mitad y además fue imposible moverse en transporte público. El consumo eléctrico, un indicador de actividad, se movió en torno a un 7,5% menos de lo previsto por la mañana y el 4% por la tarde. La incidencia fue muy desigual según industrias y territorios.

La expresión más visible de la protesta fueron, pese al tiempo desapacible, las manifestaciones multitudinarias, aunque hubo que lamentar inaceptables episodios de violencia y vandalismo como los que sucedieron en Barcelona, y en otros sitios, escenas de tensión con la policía y un empleo de la fuerza que deberá aclararse. Es en estas marchas, oficiales y no oficiales, donde se pudo apreciar el hartazgo con los poderes públicos por el problema que más preocupa a los españoles, según el último sondeo del CIS, del mes de septiembre: la carestía de la vivienda, que condena a millones de españoles a la angustia financiera a pesar del contexto de crecimiento económico.

La huelga navega sobre una indignación de fondo que estalló a partir del desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal en Madrid, y su convocatoria coincidió de manera casi simultánea con el anuncio de las elecciones del 29-N. La campaña empieza en la noche de este jueves. Por primera vez, un Gobierno ha apoyado una huelga general. Y el PP ha reaccionado con una virulencia inexplicable contra los sindicatos, cuando el propio partido reconoce la importancia del problema de la vivienda. El carácter atípico de la huelga hace que quede a merced de una interpretación política que diluye su significado. Nadie se siente directamente interpelado como responsable, ni el Gobierno de España ni tampoco los gobiernos autonómicos en quienes recaen parte de las competencias en vivienda. Pero todos tendrían que escuchar, y actuar.

La trascendencia de este 11 de noviembre podría medirse de otra manera. Una referencia pertinente son las movilizaciones feministas del 8 de marzo de 2018, que cambiaron para siempre la conversación sobre la desigualdad de género en España. Por eso sería un error que los partidos políticos, administraciones y patronales entendieran la huelga como una expresión momentánea de frustración. Los votantes castigarán a quienes se echen en cara la movilización en vez de debatir las razones que la motivan. La catarsis que se desencadenó con el desahucio de Maricarmen no ha terminado. La huelga general no es el final, sino el principio de algo que, sin contornos definidos, tiene potencial para condicionar cualquier decisión política a partir de ahora. El mensaje está enviado y nadie, en ningún espacio de poder de España, lo puede ignorar.