La Audiencia Nacional ha aplicado la amnistía a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) acusados por terrorismo. El tribunal ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía insistiera en que se debían beneficiar ya de la medida de gracia después de que esta obtuviese el pasado julio el respaldo del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Pese a que hacía tres meses que el organismo comunitario avaló la normativa, la Audiencia Nacional todavía no se había pronunciado al respecto y, a finales de septiembre, volvió a pedir a las partes que se manifestasen “sobre el alcance” que la sentencia del TJUE debía tener. Finalmente, los magistrados han comunicado su resolución este viernes.

“La sala acuerda declarar el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones seguidas contra Eduardo Bravo, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Rafael Joaquín Delgado, Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero”, subraya el dictamen de la Sala de lo Penal de la Audiencia, firmado por los jueces Francisco Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Echarri.

Alerta Solidària, un colectivo de la izquierda independentista que defiende y apoya a buena parte de los procesados, ha celebrado este viernes el dictamen: “Ha tardado dos años, pero ya tenemos la resolución de la Audiencia Nacional con la amnistía. Las acusaciones recurrirán, pero no nos quitarán la alegría de este momento. ¡La victoria es nuestra!”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había impulsado la causa contra los CDR y, en noviembre de 2023, reclamó penas de entre 8 y 27 años de prisión para los 12 procesados por formar una presunta “célula radical” creada dentro de estos grupúsculos surgidos en Cataluña para defender la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A todos les atribuía un delito de pertenencia a organización terrorista; y a ocho de ellos, además, de fabricación de explosivos y estragos en grado de tentativa. Sin embargo, después de la aprobación de la amnistía, el mismo ministerio público expuso que la causa debía archivarse y el juicio suspenderse porque la ley preveía aplicarles la medida de gracia.

Sin embargo, en septiembre de 2024, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió dejar en suspenso el fondo de la cuestión y acudir a la justicia europea, al considerar que esta iniciativa podía “colisionar” con la directiva comunitaria contra el terrorismo. Y remachaba que tramitar el perdón de los CDR “supone enviar un mensaje hacia el futuro […] de que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía”. Una tesis que el TJUE echó por tierra el pasado julio.

El tribunal español acepta ahora ese criterio y extiende a los CDR la amnistía, de la que ya se han beneficiado varios líderes políticos del procés. Los magistrados subrayan que, “a la vista” de que la ley “no contradice las directivas europeas”, “ha de entenderse” que los 12 acusados “han de incluirse” entre los beneficiados de la medida de gracia. “Los hechos [que iban a enjuiciarse], aunque calificados provisionalmente de un posible delito de terrorismo, no suponen graves violaciones intencionadas de derechos humanos”, apostilla la resolución comunicada por la Audiencia Nacional.

Tras conocerse la aplicación de la amnistía a los CDR, el expresident Carles Puigdemont se ha pronunciado al respecto: “Una gran noticia, que llega muy tarde y después de un sufrimiento injusto. De un linchamiento mediático obsceno. De una flagrante vulneración de derechos fundamentales. Me alegro de que se haya cerrado finalmente un caso tan sensible y tan malintencionado (empezando por el nombre de la operación, claro [se bautizó policialmente como Operación Judas])”.