Cuba ha roto sus propios dogmas ante la peor crisis económica y social de su historia reciente. El Gobierno cubano, agobiado por las presiones de Washington y un creciente descontento social, ha aprobado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) —el Parlamento local— un paquete de 176 medidas drásticas, un plan de choque que, bajo la retórica de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”, introduce formalmente dinámicas de mercado, autoriza la creación de bancos privados, abre las empresas estatales a accionistas particulares, decreta el fin del igualitarismo mediante el desmantelamiento de los subsidios universales y permite devaluaciones sucesivas de la moneda nacional. Las autoridades han advertido de que “las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas”.

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Cuba ha presentado el que promete ser el paquete de apertura económica más amplio de su historia comunista. A primera vista, las medidas anunciadas por el Gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel tienen potencial para estabilizar la vapuleada economía y responden a las tozudas recomendaciones que economistas de distintas corrientes han hecho durante años. Sin embargo, una segunda revisión revela un conjunto de decisiones poco estructuradas, tardías y limitadas ante un contexto de crisis compleja que golpea desde la agricultura hasta la generación eléctrica, pasando por el turismo, la vivienda y los servicios más básicos.

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