Donald Trump podrá continuar la construcción de su gigantesco salón de baile en la Casa Blanca tranquilamente. El Tribunal Supremo ha autorizado este lunes, por cinco votos contra cuatro, que esas obras continúen definitivamente, después de que la semana pasada hubiera emitido un permiso provisional mientras veía el caso. La decisión de la máxima corte judicial estadounidense revierte la decisión de una instancia inferior que habría paralizado la edificación por encima del nivel del suelo.

El Supremo ha rechazado la demanda de la Fundación Nacional para la Conservación Histórica al considerar que dicha institución no ha acreditado su condición de parte interesada. En su opinión, no ha demostrado que resultaría directamente afectada por la construcción, requisito que la ley estadounidense exige para interponer este tipo de acciones judiciales.

La Fundación alegaba que el presidente estadounidense no tiene competencias para ordenar por su cuenta y riesgo los trabajos de construcción que han demolido el ala Este de la Casa Blanca y van a reconstruirla convertida en una inmensa sala de baile sobre un búnker subterráneo aún más descomunal. La demanda sostenía que Trump tenía que recibir la autorización del Congreso antes de poder alterar de modo significativo la apariencia del edificio histórico. La Administración de Trump sostiene que la edificación del enorme complejo es imprescindible para la seguridad nacional.

Otros tribunales inferiores se habían alineado con las tesis de la Fundación y ordenaron a la Casa Blanca en dos ocasiones que detuviera los trabajos. Ambas veces esas órdenes quedaron paralizadas de manera provisional, lo que permitió que las obras continuaran. De hecho, los trabajos se aceleraron a un ritmo vertiginoso para llegar a un punto en el que estuvieran demasiado avanzadas como para poder paralizarlas, con independencia de lo que acabasen decidiendo los jueces.

El caso comenzó el año pasado cuando, sin notificación previa al Congreso, Trump dio la orden de demoler el ala Este. Los trabajos comenzaron en octubre. En cuestión de días, esa parte de la residencia oficial de los presidentes de Estados Unidos se había convertido en un gran agujero y un montón de escombros. El republicano llevaba tiempo mostrando a quien los quisiera ver los renders de su proyecto, del que aseguraba que era absolutamente necesario para que los mandatarios estadounidenses pudieran recibir a otros dignatarios y organizar actos en un lugar lo suficientemente espacioso. También sostenía que el plan no costaría ni un solo dólar al contribuyente. Aseguró entonces que él y otros donantes privados pagarían la factura de sus propios bolsillos.

Durante aquellos primeros tiempos, el presidente también juraba y perjuraba que el coste completo de toda la obra rondaría los 200 millones. Después pasó a decir que sería de unos 400 millones, también sufragados por donantes privados. Pero los documentos de contratistas citadas por el Washington Post indican que la factura es de unos 600 millones de dólares, de los cuales la mitad se pagará con dinero público.

Mientras las excavadoras iban agrandando el agujero, salió a la luz que el proyecto también incluía el búnker militar. Una edificación subterránea de cinco pisos con columnas y vigas resistentes a misiles, y que según el procurador general, John Sauer, está construida con el cemento “más resistente que existe, el tipo que se usa en las plantas de energía nuclear: impermeable y virtualmente indestructible”.

Citando al Secretario de Estado, Marco Rubio, el procurador insistió en que se debe dejar continuar con lo que para el Gobierno es un proyecto “absolutamente fundamental, no solo para la seguridad física de los invitados, sino también para que Estados Unidos pueda avanzar sus relaciones diplomáticas y sus intereses”. Sauer también reforzó su postura con palabras del director de inteligencia nacional, Jay Clayton: “Cualquier retraso incrementa sustancialmente el riesgo de que actores malignos recopilen inteligencia sobre el complejo”, lo que les permitiría “destruir la instalación más fácilmente en el evento de un conflicto armado”.

Por su parte, el Fondo Nacional reclamaba que la Casa Blanca obtuviera el permiso del Congreso para una modificación tan radical del que “tal vez sea el lugar más venerado de nuestro país” y “propiedad del pueblo estadounidense”. Su demanda reclamaba solo que se paralizara la construcción sobre tierra, no la subterránea: la edificación del búnker hubiera podido avanzar sin problemas.