La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a los datos de 2025 y presentada este jueves, advierte de la “alarmante espiral que no para de crecer” en delitos sexuales cometidos por menores. En el informe, detalla aumento del 35,82% de las causas incoadas por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, que alcanzaron las 4.459 frente a las 3.283 de 2024. “Una tendencia ascendente desde 2017”, advierte.

El pasado febrero, tres menores fueron detenidos como presuntos autores de la violación de otra menor en Valencia. Fueron acusados también de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que grabaron y difundieron las imágenes de la agresión sexual. El goteo de casos que se publica en los medios da cuenta de que este no es un hecho aislado. En la memoria de la Fiscalía se indica que las razones del incremento son “complejas” y se apunta a diversos factores. Entre ellos, la falta de una adecuada formación ético-sexual, el consumo de alcohol y otras sustancias y, especialmente, el acceso temprano a contenidos pornográficos inadecuados.

Uno de cada tres menores accede a la pornografía de forma involuntaria y a edades muy tempranas, según un informe publicado por Unicef el año pasado sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia en España, elaborado a partir de las respuestas de casi 100.000 participantes. El primer acceso se produce, de media, con poco más de 11 años. Y el 9% de los menores ha sufrido presiones para enviar fotos íntimas.

La Fiscalía advierte de que el acceso a la pornografía puede conducir a la “trivialización de las conductas violentas” y a una “concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas”. “Resulta muy peligroso y alarmante que internet sea la ventana a través de la que la infancia y la juventud se inician en la sexualidad”, señala la memoria. A todo ello se une “el acceso indiscriminado, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación y de las redes sociales, a conversaciones, vídeos y demostraciones de todo tipo de pornografía violenta y dura”. Algo que provoca “una visión distorsionada”. El problema es que esa visión la trasladan después a sus propias relaciones afectivo-sexuales.

“Le pedí a mi chico que parase porque me estaba doliendo y no quería mantener relaciones sexuales, pero no me hizo caso y continuó”. Esta adolescente, cuyo testimonio está anonimizado para proteger su intimidad, llamó al teléfono de Anar, una fundación que se dedica a ayudar a niños y adolescentes en riesgo, para pedir ayuda. Su caso consta en un informe sobre violencia de género en menores publicado en 2023. Pero hay muchos más casos como este. Como el de otra chica, que narraba lo siguiente: “Un amigo me metió mano y yo no estaba cómoda. Le dije que me dejase, pero se echó sobre mí. Me quedé en shock. No entendía cómo un amigo me podía estar haciendo esto”.

En la memoria, la Fiscalía indica que más de la mitad de los adolescentes (el 54,1%) cree que la pornografía proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales (en mayor medida, los chicos) y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que han visto. Una “tendencia que aumenta aún más” entre quienes consumen estos contenidos con mayor frecuencia, subraya el Ministerio Fiscal. Apunta, por ello, que las cifras tienen que “provocar una profunda reflexión sobre los valores que se están transmitiendo a la infancia y a la adolescencia”, y a “una reacción en todos los sectores de la sociedad que empiece a causar un cambio en estos comportamientos tan perjudiciales”.

Las sentencias por delitos de odio crecen casi un 30%

La Fiscalía evidencia “un notable incremento” de la actividad de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación. Así, se registra un crecimiento generalizado en los principales indicadores de actuación: número de investigaciones incoadas por el Ministerio Fiscal (un 15,3% más que en 2024); escritos de denuncia y querella formulados (19%); escritos de acusación (8,2%); y total de sentencias judiciales (28%), de las cuales fueron condenatorias un 82,4% (un 8% más que el año anterior).

Los delitos que motivaron el mayor número de apertura de investigaciones y escritos de acusación fueron, de nuevo, los relativos a la lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios, seguidos del fomento, promoción o incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia. Ambos epígrafes suman el 89% de las actuaciones.

En 2025 se abrieron 550 diligencias de investigación, 73 más que las registradas en la anterior memoria. Se trata de un crecimiento que “confirma la tendencia al alza ya identificada en ejercicios anteriores”, apunta la memoria. Un fenómeno que comenzó en el año 2023, cuando hubo un aumento del 300% con respecto al año anterior (511 diligencias abiertas frente a 166).

Este auge no tiene una correlación directa y exclusiva con el crecimiento de este tipo de delitos, pues la memoria apunta a que hay “una mayor actividad de la red de fiscales especialistas en la detección temprana de hechos con posible relevancia penal, así como un incremento en la comunicación de denuncias por parte de la ciudadanía y de diversas entidades”.

“Estamos asistiendo a un doble fenómeno”, detallaba en una entrevista con EL PAÍS Miguel Ángel Aguilar, máximo responsable de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Por un lado, explicaba, los colectivos vulnerables están más informados y organizados. Por otro, “vivimos un momento de mayor libertad y visibilización, lo que puede generar una reacción en las personas intolerantes”, detallaba el especialista: “Y a todo esto se suma la proliferación de discursos de odio, que son el paso previo a la violencia”.

El motivo de discriminación más frecuente en las diligencias incoadas sigue siendo el racismo (171), seguido de la xenofobia o discriminación por origen (123), y la orientación e identidad sexual o de género (105). De todas las investigaciones abiertas en 2025, 406 fueron archivadas, “por la imposibilidad de identificar al autor o por no quedar suficientemente acreditadas las circunstancias discriminatorias del hecho denunciado”. Esto es así porque el odio digital gana terreno: casi seis de cada diez casos abiertos hacen referencia a hechos ocurridos online (328), mientras que 202 tuvieron lugar en el espacio físico. Los datos de 2025 “consolidan cualitativa y cuantitativamente la respuesta judicial a los delitos de odio”, remarcan en la memoria anual.

La unidad especializada en odio de la Fiscalía General del Estado comenzó a operar en junio de 2023 y actualmente, “todas y cada una de las fiscalías provinciales y de comunidad autónoma uniprovinciales cuentan con una sección contra los delitos de odio”. “La actividad de supervisión de los procedimientos tramitados por las fiscalías territoriales experimentó un significativo aumento, superior al 41%, respecto del ejercicio precedente, reflejo de la progresiva consolidación de la especialidad y de la intensificación de su labor de coordinación”, celebran en la memoria.

Todo esto ha convertido a España en un referente en la lucha especializada contra el odio dentro de la Unión Europea. Así, la Fiscalía española ha participado de manera “decisiva” en la creación de la nueva red europea de fiscales especializados en delitos de odio y discurso de odio punible, impulsada por la Comisión Europea. “Esta iniciativa que contribuirá a reforzar la cooperación, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de estrategias comunes frente a estas manifestaciones delictivas en el ámbito de la UE”, se destaca en el texto.

Sin una buena red para atender a las víctimas de violencia machista

En el análisis sobre el funcionamiento de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, la memoria de la Fiscalía vuelve a dar un tirón de orejas a las administraciones por no haber puesto aún en marcha una red homogénea de las llamadas unidades de valoración forense integral (UVFI), una recomendación incluida hace más de 20 años en la ley integral contra la violencia de género de 2004. Estas unidades sirven para evaluar a las víctimas, a los agresores y a los menores implicados y elaboran informes fundamentales para el correcto enjuiciamiento de los casos.

La Fiscalía enumera carencias en el grueso de las comunidades autónomas. Alude a provincias en las que estos servicios se hacen con “contrataciones externas” o con plantilla inestable (como en parte de Andalucía y Comunidad Valenciana), provincias sin una sola unidad (como León o Valladolid en Castilla y León o Tenerife, en Canarias), señala los “escasos recursos” que generan dilaciones en las entregas de informes, como en Badajoz, la escasez de plantilla (en A Coruña o Guadalajara) o comunidades, como Madrid, donde no hay valoraciones conjuntas, sino que cada profesional elabora su propio informe “sin coordinación ni integración”.

“Solo mediante una dotación homogénea y estable en todo el territorio será posible garantizar una respuesta pericial ágil y de calidad, que redunde en una protección eficaz de las víctimas”, concluye la memoria. Este panorama “condiciona de manera relevante” la atención a las víctimas. El Ministerio Público reclama “avanzar hacia un modelo más uniforme y suficientemente dotado” para atender los casos tanto en el ámbito civil como en el penal, informa Pilar Álvarez.

Demoliciones y falta de colaboración de los ayuntamientos

El problema de las construcciones ilegales que, pese a contar con sentencia judicial y orden de derribo, siguen en pie, es algo recurrente en las memorias del área de Medio Ambiente de la Fiscalía casi desde su creación hace dos décadas. En la de este año se vuelve a insistir en este punto, para recordar que “se hace imprescindible un mayor control de las ejecutorias”. Para ello se aboga por que “los propios delegados de medio ambiente de las fiscalías” asuman, “de manera directa, el control de las ejecutorias”. En muchos casos, los fiscales de medio ambiente ya asumen desde ese año ese seguimiento de “las ejecuciones de sentencia de su especialidad”, explica a EL PAÍS el nuevo coordinador de estos fiscales especializados, Javier Rufino. En cualquier caso, recuerda que acometer las demoliciones suele ser “muy problemático y muy difícil de conseguir desde la justicia penal”. Entre otras cosas, porque los particulares se resisten y pueden declararse insolventes. En esos casos, explica Rufino, algunas administraciones, como los ayuntamientos, colaboran y asumen el coste de la demolición, pero otras no.

En la memoria se resalta, por ejemplo, las quejas de la Fiscalía Provincial de Málaga, que, “como en años anteriores”, lamenta la “escasa” colaboración “de la mayoría de los ayuntamientos en la ejecución de las resoluciones firmes de demolición, alegando falta de medios o prolongando interminablemente los procedimientos de posible regularización de las obras”.