El juez Juan Carlos Peinado dio un paso inesperado la semana pasada al situar a Begoña Gómez a un paso del banquillo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reaccionó ese mismo día. “Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados”, dijo. La réplica no se hizo esperar y varias asociaciones judiciales le afearon el comentario. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ―la segunda en número de miembros― hasta le envió una carta acusándole de señalar a un togado con un “ataque personal”. Bolaños ha respondido por la misma vía, reivindicando su derecho a hacer una “legítima crítica” ante una situación, la de esta causa, que considera “anormal”.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministro aclara que no ha existido “señalamiento o ataque personal alguno“. ”No hago ninguna referencia personal descalificatoria al instructor”, subraya. Bolaños enmarca sus palabras en “una legítima crítica sobre unas determinadas resoluciones judiciales”, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, y “desde el total respeto y confianza en el Poder Judicial en su conjunto, y en el sistema de garantías y recursos de nuestro Estado de Derecho”. “De hecho, así lo expresé y lo seguiré haciendo con todo el respeto y contención, como hago siempre”, avanza.

El ministro afirma que se ha limitado a poner de relieve “un hecho objetivo y extraordinario que afecta a esta causa: alrededor de una quincena de resoluciones dictadas por este magistrado en la instrucción de un único procedimiento han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo”. A eso suma que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún tiene pendiente resolver varias quejas contra Peinado, incluida una suya. En su opinión, “esta circunstancia no puede calificarse de habitual”. “Muy al contrario, es muy anormal”, asegura, defendiendo que denunciar esto “no implica descalificación personal alguna, sino realizar una valoración de una realidad incuestionablemente excepcional”.

Además, descarta que la independencia judicial y la separación de poderes puedan verse “mínimamente afectadas”, ya no solo por sus palabras, sino por “cualquier declaración pública”, dado que “el derecho a la crítica razonada constituye una manifestación nuclear del derecho fundamental a la libertad de expresión”. En concreto, sostiene que “la crítica jurídica” a las resoluciones judiciales está protegida por la Constitución.

Pese a este desencuentro, Bolaños reconoce la “imprescindible labor” de las asociaciones judiciales, ratificando su “plena disposición” a mantener “un diálogo institucional leal y constructivo”, como hasta ahora. “Estoy convencido de que el fortalecimiento de nuestras instituciones exige asumir con normalidad la existencia de un debate público informado y plural, en el que participaré y trabajaré siempre buscando la mejora del servicio público de justicia y la defensa del buen nombre de la justicia”, se despide.

De esta forma, Bolaños responde a la AJFV, que se dirigió a él por escrito para trasladarle que considera “inadmisible” que haya “ataques personales desde el Ejecutivo a quienes ejercen la jurisdicción”. “No estamos ante una discrepancia jurídica planteada por los cauces ordinarios. Estamos ante declaraciones realizadas desde el poder ejecutivo sobre un juez identificado y respecto de un procedimiento en curso”, aseveró la asociación judicial. Para la AJFV, “un Gobierno puede discrepar de las resoluciones judiciales”, pero “lo que no puede hacer es convertir esa discrepancia en un señalamiento personal”. A su juicio, “la gravedad es aún mayor cuando quien lo hace es precisamente el ministro de Justicia, a quien corresponde actuar con prudencia, contención y respeto hacia otro poder del Estado”. Por ello, le urgió a poner fin a lo que calificó como una “dinámica de confrontación con el Poder Judicial”.

La última decisión de Peinado

El detonante de esta última polémica fueron las declaraciones que Bolaños hizo a la prensa tras conocerse la última decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. “Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que, seguramente, en muchos aspectos será irreparable. Pero, no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción No tengo ninguna duda de que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer”, dijo el ministro.

Peinado propuso juzgar a la mujer del presidente del Gobierno por cuatro delitos ―malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca― tras dos años de una polémica instrucción. Dejó fuera el quinto delito por el que la venía investigando (intrusismo profesional), pero insistió en que Gómez se prevalió presuntamente de su relación con Pedro Sánchez para influir en autoridades y funcionarios e impulsar su carrera privada con el desarrollo de una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También propuso juzgar a la asistente personal de Gómez, Cristina Álvarez, por esos mismos delitos, y al empresario Juan Carlos Barrabés, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La acusación popular que lidera Hazte Oír ya ha presentado escrito con petición de penas para un hipotético juicio con tribunal del jurado. Para Gómez, pide una condena a hasta 24 años de cárcel; de 22, para Álvarez; y de 6, para Barrabés. Las defensas, por su parte, han recurrido la decisión judicial. “Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad”, recrimina Gómez en su escrito de impugnación ante la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía también ha reclamado el archivo reprochando a Peinado que ha provocado una “deliberada confusión” en el relato de los hechos para tratar de “dibujar” delitos ante “la inexistencia de los mismos”. “Con independencia de consideraciones éticas o estéticas, de la conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones, la mera relación conyugal de Begoña Gómez no puede operar […] como influencia”, sostiene el ministerio público.

El juez Juan Carlos Peinado ha seguido su costumbre y ha dedicado otro miércoles de Semana Santa a escuchar a las defensas y acusaciones del caso Begoña Gómez. El trámite tampoco era nuevo. Una mera formalidad para comunicarles que, si llega a juicio, será ante un jurado popular. Las partes no se han salido del guion. Los investigados ―la mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no han acudido y han dejado su defensa en manos de sus abogados, que han exigido el archivo definitivo del caso, al igual que la Fiscalía. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha manifestado el letrado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Las acusaciones, por su parte, han reclamado nuevas diligencias para ahondar en la investigación.

La única sorpresa ha corrido a cargo de Manos Limpias, el pseudosindicato cuya denuncia dio origen al caso. Se ha desmarcado de la dirección letrada de las acusaciones populares que ejerce Hazte Oír y ha pedido al juez por escrito que archive toda la causa para Álvarez y que, en lo tocante a Gómez, cambie la calificación jurídica de los hechos, de modo que elimine los delitos de apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y corrupción en los negocios, deje los de malversación y tráfico de influencias, y añada uno nuevo ―prevaricación― que impediría que la causa fuerza juzgada por un jurado popular.

Manos Limpias, representada por el despacho Soriano i Piqueras, plantea el sobreseimiento provisional para Álvarez al entender que resulta “más razonable asumir” que, en vez de participar conscientemente en “el plan concebido” por Gómez, obedecía órdenes “de quien entiende su superior jerárquico —a efectos materiales, que no formales—” y que “se viera inmiscuida en las actividades privadas” de la mujer de Sánchez. Además, recuerda que en el ordenamiento español la cónyuge del presidente del Gobierno “no es una suerte de primera dama, sino que carece de toda función oficial”, por lo que “resulta complejo” establecer qué implica ser su asistente personal.

En cambio, Manos Limpias apoya mantener la investigación contra Gómez pero solo por dos de los cinco delitos que se le imputan actualmente: la malversación y el tráfico de influencias. Afirma que lo demás “carece de sustento jurídico” y “pone en riesgo el buen fin del proceso”. No obstante, propone sumar el delito de prevaricación y llevar a cabo nuevas diligencias para investigarlo. Y ello porque, para la comisión de los dos que avala mantener es “imprescindible” la comisión de conductas supuestamente prevaricadoras como el nombramiento de Álvarez y “la omisión en la exigencia del cumplimiento de la legalidad en lo relativo al destino y a las tareas encomendadas”. De ser así, el pseudosindicato anticipa que no se podrá continuar por el cauce del tribunal del jurado porque la prevaricación es uno de los delitos que no puede juzgar.

Un “déjà vu” de “pesadilla”

Ya dentro de lo esperado, y anticipando un nuevo rechazo de sus pretensiones, las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado a Peinado que, si decide seguir adelante con la causa, acepte varias diligencias. El abogado de la mujer de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha reclamado la declaración como testigo de José Manuel Ruano, codirector junto a Gómez de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que centra parte de la causa, y que se le permita aportar tres informes periciales. Uno de ellos, para analizar la figura del cónyuge del presidente del Gobierno con el objetivo de acreditar que tradicionalmente todas las parejas han contado con un asistente personal que les ayudaba en sus asuntos; otro, sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero, sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario.

Camacho ha aprovechado su intervención para reiterar que no hay fundamento para investigar ninguno de los cinco delitos que Peinado atribuye a Gómez: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. El letrado ha denunciado este “déjà vu”, describiéndolo como una auténtica “pesadilla” debido a la falta de garantías que entiende que domina la causa. En este sentido, ha alertado de que se persigue “otra cosa” que no es Justicia, reprochando directamente lo que percibe como una ausencia de imparcialidad del instructor. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha lamentado, según fuentes presentes en la vista.

El que fuera responsable de Interior ha atacado uno por uno los delitos que se imputan a su cliente para armar su tesis de que Peinado está aplicando un “derecho penal de autor” basado en la condición de Gómez de mujer de Sánchez y guiado por el “ardor” de las acusaciones. Así, en lo tocante al delito de malversación, ha incidido en que la función de Álvarez era asistir a Gómez en todo momento y que, por razones de amistad, la ayudó con algunas gestiones relacionadas con la UCM, si bien ha recalcado que nunca lo hizo con dedicación exclusiva a las mismas. Ha desechado igualmente el delito de tráfico de influencias al argumentar que, lejos de experimentar un pico en su carrera profesional, Gómez la redujo al llegar Sánchez a La Moncloa. Además, ha recalcado que su relación con la UCM comenzó mucho antes, en 2012. Sobre la corrupción en los negocios, ha mostrado su perplejidad porque se pueda achacar a la captación de financiación para una universidad pública. Respecto al intrusismo profesional, se ha remitido a los informes y declaraciones testificales que acreditan que Gómez podía firmar los pliegos técnicos, porque así se lo indicaron desde la propia UCM y porque no se requería formación específica. Por último, ha descartado la apropiación indebida de marca, aduciendo que este delito solo cabe sobre bienes materiales, no intelectuales. En todo caso, ha remachado, la marca debería estar registrada y solo se hizo con los símbolos distintivos y el dominio del software que se desarrolló.

Por su parte, el abogado que defiende a Álvarez, José María de Pablos, ha instado a Peinado a recabar de La Moncloa un certificado sobre su cliente que acredite el cumplimiento de sus funciones. En su turno, el fiscal José Manuel San Baldomero ha urgido otra vez a archivar la causa. En un escrito aportado este mismo miércoles, ha lanzado que “tras casi dos años de investigación”, “quizás” puedan analizarse ―“siquiera sea para desecharse”― las alegaciones de descargo que se han presentado en este tiempo. “No es ocioso recordar el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de que autoridades y funcionarios intervinientes en el procedimiento penal consignen y aprecien tanto las circunstancias adversas como favorables al presunto reo”, ha subrayado.

En el otro extremo, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han propuesto a Peinado que requiera la vida laboral completa de Gómez hasta la fecha; una actualización del salario que cobra Álvarez; y que solicite a la plataforma Lefevbre información sobre una reunión relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra, de la que ya informó Making Science ―otra empresa que participó en el proyecto― indicando que la asesora de Gómez era una de las intervinientes.

Hacia un juicio con jurado popular

Es la segunda vez que el juez hace este trámite. Ya en septiembre, cuando el procedimiento se dividía en dos piezas, informó a la esposa del presidente del Ejecutivo de que, si el caso por malversación iba a juicio, la juzgaría un jurado popular y no un tribunal conformado por jueces. Luego, unificó la investigación y avisó de que toda la causa seguiría el mismo rumbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le avisó de que, si quería mantener esa línea, debía justificarlo con argumentos suficientes.

Peinado respondió con una resolución de 47 páginas en la que insistió en que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente para encausar a los sospechosos. Reiteró que Gómez se ha aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Para Peinado, “la captación de fondos para la cátedra no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto impulsado” por Gómez. De la misma forma, incidió en que Álvarez “no actuaba como mera acompañante ocasional” de la mujer de Sánchez “para actos protocolarios” derivados de su agenda de esposa del jefe del Ejecutivo, “sino como asistente y apoyo logístico permanente” de su “actividad profesional y académica”. “Pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”, enfatizó.

Se espera que en los próximos días Peinado dé a conocer su decisión sobre las peticiones formuladas este miércoles. Desde Hazte Oír, el letrado Javier María Pérez-Roldán se ha mostrado seguro de que, pese a que Gómez “está pasando de la Justicia”, porque se ha ausentado, “la Justicia no pasará de ella”. En el mismo tono, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha celebrado que “la causa avanza”. “Hay pruebas suficientes para pasar a la siguiente fase”, ha aseverado, en declaraciones a la prensa a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla.

La causa estalló en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, pero desde entonces se ha ido ampliando con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investiga la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Y, por otro, intenta determinar si se produjo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para que colaborase con su actividad institucional y con su “actividad privada”.