Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, entra en una enorme sala de vistas de la Audiencia Nacional sobre las 10.15 de este jueves. La antigua baronesa del PP, que aún mantiene una enorme influencia en las filas conservadoras, camina de seguido hacia los magistrados del tribunal que enjuician a Ignacio González, quien fuera su mano derecha durante años y su sucesor en el cargo. Mientras ella deja el bolso en el banquillo de los acusados (a solo cinco asientos de su exsubordinado) y silencia el móvil, él evita mirarla a la cara y centra la vista en un cuaderno de notas en blanco. Establecen así tantas distancias como las que marcará Aguirre en su breve declaración para desvincularse de las irregularidades atribuidas a González por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II para la puesta en marcha de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública en el centro de la capital (un proyecto impulsado por la propia política popular y desmantelado en 2021 tras una intensa lucha vecinal). La expresidenta regional reivindica esa idea, pero asegura que no sabe nada del desarrollo de las obras.

“Yo no le deniego la presunción de inocencia, que se la sigo dando. Pero cuando un juez mete en prisión provisional a un político, se supone que tiene indicios…”, ha deslizado Aguirre.

Citada como testigo en el primer juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra Ignacio González por el caso Lezo, Aguirre ha declarado durante apenas 15 minutos. Ella era la jefa del Ejecutivo autonómico durante la ejecución del proyecto bajo sospecha; y él, su vicepresidente (además del presidente del Canal de Isabel II). Durante su interrogatorio, la política ha defendido que se habilitaran esas “canchas” de golf en el distrito de Chamberí y ha contado que copió la idea de la ciudad de Tokio, a la que dice que viajó en 1978. “Sí, fue idea mía. Sorprendió mucho. En Tokio, yo vi que había dentro de la ciudad muchos lugares con campos de practicas, con gente tirando bolas y con una red”, ha narrado, antes de aseverar que ya le propuso ese proyecto a la Comunidad durante la etapa de la Presidencia de Joaquín Leguina (cuando se rechazó), pero que recuperó el tema al hacerse ella con el mando de la autonomía.

—¿Y lo canalizó a través de Ignacio González? —le han preguntado.

—Supongo que sí. Porque, además de ser vicepresidente, era presidente del Canal —ha contestado la política.

El sumario describe cómo se urdió supuestamente una trama para, desde la cúspide del Canal de Isabel II, “impulsar” un plan para “beneficiar a los familiares” del político del PP, mediante la subcontratación de una empresa de su hermano y su cuñado (Tecnoconcret) para trabajos de construcción y explotación del campo de golf —instalación que no se preveía en el proyecto inicial, que fue modificado para incluirla—. Aguirre reitera que “nunca” supo nada sobre la ejecución de las obras, ni detalles de las adjudicaciones. Ni de la conexión de Tecnoconcret con González.

—¿Tuvo algún tipo de intervención en la modificación del proyecto? —le ha insistido la fiscal Ana Cuenca.

—No… No sé de lo que me habla, pero no. Supongo que de la adjudicación… Eso lo haría el Canal…

Según ha defendido Aguirre, solo quería que los madrileños disfrutaran de un complejo que, según ella, contenía un helipuerto del que se aprovechaba el ministro socialista José Bono. “Me parecía que era muy positivo, en vez de tener un helipuerto para que el ministro Bono pudiera ir a dormir a su casa”, ha cargado. Otros testigos anteriores explicaron que esa pista era usada por centros médicos próximos y por la propia Audiencia Nacional (para alguna investigación).

En apenas un mes y medio, dos expresidentes populares de la Comunidad de Madrid han declarado como testigos en la Audiencia Nacional en sendos juicios por corrupción derivados del caso Lezo. Alberto Ruiz-Gallardón, que precedió a Aguirre como jefe del Ejecutivo regional, compareció el 15 de septiembre, cuando defendió la actuación de su Gobierno en la vista oral sobre las presuntas irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa (con un sobreprecio millonario). “En ningún momento pude tener la más mínima duda porque nunca nada de lo que nos había elevado el consejo de Canal Isabel II había tenido la más mínima tacha de ilegalidad”, subrayó.

Por su parte, el nombre de Aguirre siempre ha sobrevolado el campo de golf del Canal. En 2018, durante su comparecencia en una comisión abierta en la Asamblea de Madrid sobre corrupción, la política popular exclamó: “¡Mátenme, pero la idea [de levantar ese campo] fue mía!”. Una tesis que confirmó un director técnico de la empresa pública, citado como testigo el pasado lunes: “Partió de Esperanza Aguirre”, dijo al tribunal.

Durante la fase de instrucción, el juez Manuel García-Castellón rechazó imputar a la expresidenta, después de que lo pidiera el PSOE. El magistrado descartó la existencia de indicios de prevaricación administrativa en el Consejo de Gobierno celebrado el 18 de enero de 2007, que declaró de interés general el proyecto de las obras. Esa cita estuvo presidida por Aguirre y el acuerdo fue anulado por la justicia. “Solo cuando la injusticia es tan notoria que la convierta en arbitraria podríamos entender que nos encontramos ante un ilícito penal”, concluyó el magistrado.

Los socialistas también plantearon esa imputación después de publicarse que el fiscal Carlos Yáñez, antes de abandonar el caso Lezo, había dejado un escrito a sus superiores para solicitar que se investigara a la política del PP. “Esperanza Aguirre y el resto de consejeros (incluido González) que votaron a favor en el acuerdo de 18 de enero de 2007, tenían pleno conocimiento de todos los hechos descritos y quebrantaron la ley para lograr que la realidad material que ellos mismos habían generado ilícitamente, la ejecución de obras públicas sin licencia municipal de obras, tuviese una aparente cobertura legal”, decía ese documento, cuya existencia fue avanzada por La Sexta. Sin embargo, según expuso García-Castellón, la Fiscalía Anticorrupción nunca llegó a presentar ese escrito en el juzgado de la Audiencia Nacional.

—¿Cómo afronta la declaración? —le ha preguntado una periodista a Aguirre a su llegada al tribunal.

—¡Pues como testigo! —ha espetado la exdirigente del PP con sarcasmo— Y para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo ya dimití. Yo he dimitido por asumir responsabilidades políticas.

“Por supuesto que confiaba en Ignacio González. Por eso, cuando un juez le mandó a prisión, yo dimití. Porque, a diferencia de los sanchistas, yo asumo mi responsabilidad política”, ha apostillado Aguirre. Cuando dejó su cargo, ya se encontraba en la oposición como concejal rasa del Ayuntamiento de la capital, tras fracasar en su intento de ganar la Alcaldía y perder frente a Manuela Carmena (Ahora Madrid).

Un vínculo ocultado

Este segundo juicio del caso Lezo, que celebró este jueves su cuarta sesión, arrancó la pasada semana. El tribunal prevé que finalice, como muy tarde, el 6 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de prisión por delitos de cohecho para las cinco personas que se sientan en el banquillo: además de Ignacio González, su hermano Pablo Manuel González; su cuñado José Juan Caballero; José Antonio Clemente, socio de estos familiares del mandatario; e Ildefonso de Miguel, exdirector gerente del Canal y hombre de confianza del expresidente. El ministerio público sostiene que se conchabaron para amañar contratos en favor de la empresa de los familiares del exdirigente del PP. El expresidente lo niega y se ha declarado inocente.

Sin embargo, las primeras jornadas de la vista han permitido escuchar testimonios que refuerzan la tesis del ministerio público. Varios ex altos cargos han declarado que la cúpula de la compañía pública —encabezada por el propio González y por De Miguel— ocultó los vínculos de la empresa Tecnoconcret con el político conservador. “No creo que se me pudiese pasar desapercibido ese dato”, apuntó Mariano Zabia, quien fuera vicepresidente del Canal de Isabel II. En la misma línea se pronunció Paz González, consejera de Justicia en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón y entonces miembro del consejo de administración de la sociedad de aguas por su cargo de concejal en el Ayuntamiento, quien consideró que era una información relevante que “nunca” se les comunicó.