El líder de Myanmar y antiguo jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, ha vuelto a mover ficha este jueves con un gesto de apariencia conciliadora que, sin embargo, apenas altera el fondo de la crisis política que abrió en 2021 con su golpe de Estado. El recién nombrado presidente civil por un Parlamento dominado por los militares (y tras unas elecciones sin oposición) ha anunciado este jueves una nueva reducción de las condenas de los presos del país, una medida que también se aplicará a Aung San Suu Kyi, la mandataria depuesta en la asonada de hace cinco años, según apuntan fuentes de su entorno citadas por las agencias Reuters y AFP. Además, la exlíder de facto del país será excarcelada tras la conmutación de su pena a arresto domiciliario, según el anuncio del canal MRTV, controlado por los militares.

Un comunicado difundido por la oficina presidencial birmana subraya que “todas las sentencias se han rebajado en un sexto con motivo de una festividad pública”, aunque no se especifica cuál. Un miembro del equipo legal de Suu Kyi calcula que, con esta nueva reducción, a la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991 le quedan 18 años de prisión, recoge Reuters. Suu Kyi tiene hoy 80 años.

Un representante de la Liga Nacional para la Democracia (LND, el partido con el que Suu Kyi lideró la transición democrática birmana) ha expresado a AFP, también de forma anónima, que, en la práctica, el alcance de la reducción resulta imposible de calibrar con precisión, ya que nadie fuera del círculo militar sabe con certeza cuántos años le quedan por cumplir.

La política y activista birmana —que ya pasó más de 15 años privada de libertad por la anterior junta birmana (1962-2011)— fue condenada en 2021 por diferentes delitos, que van desde corrupción y fraude electoral hasta violación de la ley de secretos de Estado y de las normas sanitarias durante la pandemia.

Todos los juicios se celebraron a puerta cerrada, y distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado que los procesos obedecían únicamente al intento de mantenerla alejada del poder. La suma de las penas superó inicialmente las tres décadas de prisión, pero en 2023 recibió un indulto parcial que redujo su condena a 27 años, aunque su situación legal sigue envuelta en opacidad.

Suu Kyi no ha sido vista en público desde diciembre de 2022. Kim Aris, su hijo menor, dijo el pasado febrero que apenas saben de ella, pues “se le niega el acceso a su familia, abogados, médicos y al mundo exterior” y ha denunciado el deterioro de su estado de salud. La agencia AP afirma que la semana pasada circuló que podría ser trasladada a arresto domiciliario como parte del indulto que recibió a mediados de abril, pero esta información no ha sido confirmada por parte del Gobierno.

“Blanqueamiento” del régimen

El anuncio sobre la rebaja de sentencias llega en un momento políticamente sensible. A principios de abril, Min Aung Hlaing formalizó su transición de jefe de la junta a presidente civil tras unos comicios celebrados con la oposición proscrita y organizados únicamente en zonas bajo control castrense. Observadores internacionales calificaron ese proceso como un intento de “blanquear” el régimen militar sin introducir cambios reales en el sistema de poder.

Hace un par de semanas, el mandatario birmano ya decretó una reducción similar de condenas y ordenó la liberación de algunos presos, entre ellos Win Myint, expresidente y estrecho aliado de Suu Kyi. Aquella decisión alimentó las especulaciones sobre una posible flexibilización de la situación de la líder opositora, que, de momento, no se ha materializado.

La antigua Birmania, una nación del Sudeste Asiático que ronda los 55 millones de habitantes, atraviesa desde hace un lustro una profunda crisis marcada por el colapso institucional, el deterioro económico y un conflicto armado interno que ha fragmentado el país, debilitado la autoridad del Estado y agravado la situación humanitaria. Más de 22.000 personas continúan encarceladas por motivos políticos, de acuerdo con la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que monitoriza la situación, mientras que la ONU estima que más de 3,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y que más de un tercio de la población necesita ayuda humanitaria.

Gestos calculados

En ese contexto, los indultos parciales y las reducciones de condena se interpretan como gestos calculados para mejorar la imagen internacional del Gobierno, más que como señales de apertura real. La figura de Suu Kyi sigue siendo central en la política birmana, y su encarcelamiento se ha interpretado como un intento deliberado del Ejército de apartarla del tablero y neutralizar su capacidad de movilización e influencia.

Suu Kyi encarnó durante dos décadas la resistencia democrática frente a la dictadura militar que gobernó el país durante medio siglo (1962-2011). Su partido, la LND, arrasó en las elecciones de 2015 y la situó al frente del Gobierno en 2016 como consejera de Estado.

En noviembre de 2020 revalidó su victoria en las urnas, pero apenas tres meses después, el 1 de febrero de 2021, el Ejército denunció un supuesto fraude electoral y perpetró el golpe de Estado que la devolvió a prisión junto a otros dirigentes. Su detención provocó que cientos de miles de personas salieran a las calles de Myanmar, unas protestas masivas que fueron respondidas con una represión violenta que dejó miles de detenidos y empujó a parte del movimiento prodemocrático a reorganizarse en la clandestinidad y, en algunos casos, incluso a tomar las armas.