El Gobierno Vasco Vuelve A Dar La Semilibertad Al Etarra Carasatorre Tres Meses Después De Que Un Juez La Revocara

El preso de ETA Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata, volverá a disfrutar de la semilibertad. El Gobierno vasco ha acordado aplicar al etarra ―condenado entre otros atentados por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez― el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitirá salir de lunes a viernes del Centro Penitenciario de Zaballa (Vitoria), donde cumple condena, para trabajar y realizar actividades de voluntariado. La decisión se produce tres meses después de que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro revocara un acuerdo de enero del Departamento de Justicia en el mismo sentido y obligara entonces al etarra a volver al régimen ordinario de la prisión. Zapata participó el pasado jueves en un encuentro con víctimas dentro del programa de justicia restaurativa que sigue para su reinserción y hace justo un mes el magistrado le autorizó un permiso de salida de seis días, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El juez Castro revocó en abril la aplicación del 100.2 ―un artículo que permite a un preso en segundo grado u ordinario acceder a beneficios reservados a los que están en tercer grado o régimen abierto― a Carasatorre al considerar que el expediente penitenciario esgrimido por el Departamento de Justicia para concedérsela presentaba graves carencias. Entre ellas, la falta de un informe psicológico que constatase que Carasatorre ha admitido sus delitos y las consecuencias de ellos, más allá de la carta manuscrita de perdón a sus víctimas que consta en el mismo, y la ausencia de un plan de ejecución detallado sobre las actividades que Carasatorre iba a realizar en sus salidas. La decisión del juez Castro fue confirmada en mayo por un tribunal de la Audiencia Nacional. La Fiscalía, sin embargo, había apoyado que se le permitieran las salidas diarias.

La decisión de este miércoles del Gobierno vasco ―que ha incluido también la semilibertad para otro etarra, Félix Alberto López de la Calle, Mobutu― ha causado un enorme malestar en el seno de las asociaciones de víctimas. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha denunciado en conversación telefónica con este diario que el Ejecutivo de Imanol Pradales haya tomado la decisión días después de que Carasatorre tuviera un encuentro con víctimas de ETA dentro de los talleres de justicia restaurativa que organiza el Departamento de Justicia. “Ir al caserío [en referencia al lugar donde se celebran estas reuniones] y premio”, se lamenta Ordóñez, que denuncia que ella ha pedido participar en uno de estos encuentros con Carasatorre, ya que participó en el asesinato de su hermano, y este no ha respondido a la solicitud.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha emitido un comunicado en el que critica la medida, que considera que forma parte de un plan que “persigue vaciar las cárceles de presos de ETA”. Según un recuento de esta asociación, desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de los tres centros penitenciarios de Euskadi, en octubre de 2021, ha concedido 147 semilibertades (122 al clasificar a los reclusos en tercer grado o régimen abierto y 25 al aplicarles, como a Carasatorre, el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario). “Como consecuencia de esta política, de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario sin salir de prisión”, denuncia la AVT.

Cuando en mayo pasado los tres magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional respaldaron la decisión del juez Castro de revocarle la semilibertad a Carasatorre, incidieron en el carácter “extraordinario y excepcional” del artículo 100.2 y, por ello, en la necesidad de ser “particularmente riguroso” con el cumplimiento de los requisitos para aplicarlo, sobre todo a condenados por “delitos de especial gravedad”, como es el terrorismo. En aquella resolución, el tribunal recordaba que se requirió al Gobierno vasco que completara la documentación con “el plan de ejecución o programa tratamental” que justificaba aplicar esta medida al preso de ETA, “sin que el mismo fuera aportado en los términos exigidos”.

En su resolución, los tres magistrados destacaban también que la Junta de Tratamiento de la prisión ―órgano formado por profesionales penitenciarios― no propuso que se concediera a Carasatorre la semilibertad, sino que, por el contrario, era partidaria de mantenerle en segundo grado ordinario (en el que está el 75% de los presos en España), “lo que evidencia la ausencia de elaboración técnica del programa [de reinserción] requerido”.

El tribunal añadía que, pese a esta carencia, el Gobierno vasco aprobó la medida para el recluso, lo que, en su opinión, “desnaturaliza el sistema de individualización científica del tratamiento y afecta al control judicial efectivo”. Los magistrados no negaban que en Carasatorre concurren “elementos positivos”, como una adecuada conducta, su participación en programas penitenciarios, el reconocimiento del daño causado y una evolución favorable, pero consideraban que todo ello no permite prescindir del requisito de que exista un programa tratamental específico.