¿Atacó Ucrania los intereses de Alemania, su mayor aliado económico y militar en la guerra contra Rusia? Esta es la gran pregunta que marcará un juicio histórico que empieza este miércoles en Hamburgo. Serhii Kuznetsov, ciudadano ucranio de 50 años, se sentará ante un tribunal acusado de cometer un crimen de guerra al atentar con explosivos contra una infraestructura civil y alterar el funcionamiento de un servicio público alemán. Kuznetsov era, según la Fiscalía, el líder de un equipo de fuerzas especiales bajo órdenes de autoridades ucranias que saboteó en septiembre de 2022 los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y Nord Stream 2.

Nord Stream es un consorcio de empresas privadas alemanas y estatales rusas que transportaba gas natural ruso hasta Alemania a través del mar Báltico. La tubería aportaba a Alemania el 50% de sus necesidades gasísticas, según subraya la Fiscalía Federal. Kuznetsov está acusado de encabezar un grupo de cuatro buzos profesionales, un técnico en explosivos y el capitán del barco que los trasladó al lugar del sabotaje. A 80 metros de profundidad, cerca de la isla danesa de Bornholm, detonaron varias cargas explosivas que destruyeron sectores de ambos gasoductos y los dejaron inoperantes.

El equipo liderado por Kuznetsov, que por entonces era capitán de las Fuerzas Armadas Ucranias, alquiló un velero en la costa báltica de Alemania. La Fiscalía asegura que en 2022, en aquel primer año de invasión rusa, este veterano militar era oficial de un comando de fuerzas especiales dedicado a sabotajes en territorio enemigo. Testimonios de compañeros suyos de armas entrevistados en medios ucranios así lo han confirmado.

Tras acercarse con el velero a la costa danesa y luego a la polaca, el 26 de septiembre de 2022 cometieron el sabotaje, según la Fiscalía. Clave para identificar a los autores fueron las pruebas de su paso por varios puertos. Un veraneante fotografió la furgoneta en la que cargaban el material para el ataque en el municipio costero de Wiek. Esta persona declaró a la policía que la fotografió porque el grupo le parecía sospechoso. Lo mismo sucedió en el puerto de Kolobrzeg, en Polonia, donde los guardacostas inspeccionaron el bote porque les pareció inusual que un grupo de ciudadanos de la Europa del Este de diferentes nacionalidades y con poco aspecto de hacer turismo navegaran en una embarcación con bandera alemana.

Los presuntos autores del ataque viajaban con pasaportes falsos. En el caso de Kuzentsov, lo hacía con un pasaporte ucranio pero con otro nombre. La Fiscalía da por hecho que se lo facilitaron “los servicios secretos de Ucrania”. Kuznetsov era miembro de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU).

Tan importante como esto son las pruebas que supuestamente dejaron en la embarcación al devolverla a la empresa que la alquilaba en Alemania: restos de los explosivos, huellas dactilares y muestras de ADN que supuestamente coincidían con las de los sospechosos, entre ellos, Volodímir Zhuravliov. Este está detenido desde este agosto en Croacia pendiente de ser extraditado a Alemania.

Zhuravliov, residente en Varsovia, era uno de los buzos profesionales que presuntamente tomaron parte en el operativo, aunque sin cargo militar conocido. Alemania comunicó una orden de detención internacional contra él en 2025. Las autoridades polacas arrestaron a Zhuravliov, pero el juez rechazó la extradición alegando que el Nord Stream era un objetivo militar legítimo.

Lo mismo argumentaron los abogados de Kuznetsov durante el proceso de extradición en Italia. Este fue detenido en agosto de 2025 mientras veraneaba en ese país y fue extraditado a Alemania en octubre de aquel año. Si el ataque se produjo, según sus letrados, es porque se trata de una infraestructura de guerra, ya que es Gazprom, empresa del Estado ruso, la que la cogestiona y los ingresos sirven para financiar la invasión.

El juicio se prevé que dure hasta febrero de 2027, según el Tribunal Superior de Justicia Hanseático. Más allá de los indicios encontrados en el velero, que apuntan contra Kuznetsov, en su teléfono se encontraron cartas náuticas del mar Báltico, documentos sobre el Nord Stream, manuales de ingeniería en gasoductos submarinos y de buceo de profundidad. Las autoridades italianas también pincharon una llamada de Kuznetsov con su mujer, durante su tiempo a la espera de extradición, en la que admitía haber participado en el sabotaje y que si lo hizo fue porque seguía órdenes.

Su defensa buscará que no sea considerado como un crimen de guerra y demostrar que el procesado solo obedecía órdenes como militar, según se desprende de las pocas declaraciones públicas de sus abogados en los últimos meses. La cadena británica BBC aseguró el 10 de octubre que la defensa pedirá que Kuznetsov no declare durante el juicio, amparado por el silencio que como militar debe guardar respecto a sus misiones. Para confirmar la confidencialidad que por ley ucrania debe guardar, según el medio británico, testificarán dos de sus superiores militares.

Es un interrogante hasta dónde puede llegar la investigación sobre quién decidió el sabotaje. La Fiscalía alemana da por hecho en su informe de acusación que Kuznetsov seguía órdenes “de una agencia estatal ucrania”, sin precisar cuál. Tanto el Gobierno ucranio como su presidente, Volodímir Zelenski, han negado cualquier vínculo con el atentado. Las autoridades ucranias quieren desmarcarse del asunto hasta el punto de que no han aportado apoyo legal ni económico para los detenidos, según Bojan Pancevski, periodista y autor del libro de referencia sobre el caso, La conspiración del Nord Stream.

El enigma Zaluzhni

El principal sospechoso de la justicia alemana en el escalafón superior de Kuznetsov ha sido el coronel Roman Chervinski, su comandante en las fuerzas especiales del SSU. Chervinski entra y sale de prisión en Ucrania desde 2023, primero por una acusación de desacato a sus superiores, y luego por un caso de un presunto chantaje a un empresario.

Varias informaciones en medios alemanes y estadounidenses de 2023 y 2024 publicaron que tanto la Fiscalía alemana como la CIA apuntaban al general Valeri Zaluzhni, por entonces comandante en jefe del ejército ucranio, como la persona de mayor rango que autorizó el ataque. Zelenski no dio su aprobación final por presión de Estados Unidos, según medios como The Wall Street Journal. Zaluzhni, que actualmente es embajador de Ucrania en el Reino Unido, ha negado su implicación. Una persona próxima a la oficina de Zelenski aseguró a EL PAÍS en 2024 que las consecuencias del sabotaje del Nord Stream fueron una razón más de la mala relación entre el presidente y el general. Zaluzhni fue cesado aquel año como jefe del ejército.

Pancevski opina que la Fiscalía no buscará en el juicio posibles responsables en la cúpula política o militar ucrania. “Pero la Fiscalía sí entiende que el sabotaje es una operación militar”, apuntó Pancevski en un encuentro de la Asociación de Prensa Extranjera de Alemania. “Será raro si un soldado ucranio es la primera persona condenada en Occidente por crímenes de guerra en la invasión rusa”, opina Pancevski.

El Gobierno alemán, primero bajo el excanciller Olaf Scholz y ahora con su sucesor, Friedrich Merz, ha evitado que el asunto se convierta en un obstáculo entre Alemania y Ucrania. Merz visitó de nuevo Kiev este mes, prometiendo que su país ayudará a Ucrania “el tiempo que sea posible”. Alemania es hoy el mayor contribuyente militar y económico que tiene Ucrania para resistir a la invasión rusa. Lo es desde 2025, desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos y cortó el grifo de la asistencia militar y económica a Kiev. Merz se enfrenta a un creciente malestar en la sociedad alemana a favor de suspender la asistencia a Ucrania, tal y como exige, entre otros, la extrema derecha de AfD.

El juicio también podría sentar un precedente sobre la posible consideración legal de los ataques de ambos enemigos contra sus redes energéticas. Rusia bombardea periódicamente el sistema energético de Ucrania, sobre todo la red eléctrica, llevando al límite a millones de personas en los meses de frío. Las fuerzas ucranias, por su parte, castigan a diario la industria petrolera y gasística rusa para perjudicar los ingresos del Estado agresor.

La subsecretaria de Estado estadounidense Celeste Wallander ya advirtió en 2024, cuando Joe Biden era presidente de EE UU, que los ataques contra el sector energético ruso, pese a que eran la fuente de ingresos del Estado agresor, podían suponer un crimen de guerra. “Estamos preocupados por el hecho de que se ataquen infraestructuras críticas cuando se trata de objetivos civiles”, dijo Wallander en una intervención en el Congreso, “porque Ucrania se compromete con los más altos estándares del respeto de las leyes de un conflicto armado, y esto es uno de los elementos de ser una democracia europea”.