El Partido Popular, que encabeza la acusación popular en el caso Leire Díez, ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que pide la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González; su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y el director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, el teniente general Manuel Llamas, por su presunta implicación en maniobras “para inquietar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO [Unidad Central Operativa]” en casos que afectaban al Gobierno. Esta nueva petición llega después de que el juez que investiga el caso, Santiago Pedraz, haya citado como testigos a los fiscales Diego Villafañe —antigua mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz— y Beatriz López Pesquera, para que expliquen su reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, presunta dinamizadora de la trama.

En el caso de González, el escrito del PP destaca que se reunió en tres ocasiones, entre septiembre de 2024 y abril de 2025, con Díez y que esta última “utilizaba conscientemente” su relación con la máxima responsable del instituto armado “para impulsar actuaciones administrativas internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO”. En concreto, tres informaciones reservadas ―investigaciones internas que pueden acabar en expedientes disciplinarios― a responsables de la unidad con el supuesto “instrumento de presión” para torpedear la investigaciones que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

La acusación también acusa a la directora de haber incurrido en sus comparecencias públicas “en contradicciones sucesivas sobre los hechos que se investigan” y de haber dado cuatro versiones distintas sobre sus encuentros con Díez. Además, destacan que en mayo de 2025, más de un mes después del supuesto último contacto con la exmilitante socialista, en el chat que mantenía con esta se activo “el borrado automático de [mensajes de] WhatsApp con cadencia de 24 horas, así como la eliminación de la conversación previa. La destrucción dolosa de fuentes de prueba contemporánea a la apertura del expediente interno contra la UCO es, en sí misma, indicio adicional de relevancia”, incide el escrito de la acusación.

A Leonardo Marcos, que ocupó el cargo de director de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, lo sitúa en una reunión celebrada en julio de 2024 con el entonces máximo responsable de la UCO, Rafael Yuste —entonces coronel—, y los también generales Alfonso López Malo y Manuel Llamas, en la que se dieron instrucciones para que la UCO se pusiera “de perfil” y no fuera “proactiva” en las causas “que tuvieran afectación política”. Según han declarado Yuste y López Malo, tanto a los investigadores de la Guardia Civil como la semana pasada al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, Marcos les afeó que la unidad hubiera propuesto a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que instruía el caso del hermano de Pedro Sánchez, recabar los correos electrónicos de varias cuentas de la diputación pacense para investigar las supuestas irregularidades en la colocación en esta institución del familiar del presidente.

En el caso del teniente general Llamas, el PP pide su imputación al considerarle responsable de la ocultación “deliberada” a la UCO durante 10 días de una “nota de despacho” ―documento interno de la Guardia Civil en el que los agentes comunican a sus superiores hechos que consideren relevantes― elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil en el que ya se alertaba sobre la existencia de “un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO y la profesionalidad y honorabilidad personal de algunos de sus integrantes”. En aquella nota ya se recogía el nombre de Díez y se destacaba que esta trama “haría ver que detrás de esta ‘estrategia’ se encontraría el señor Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil”. La acusación considera que la “ocultación de información operativa relevante a la unidad investigadora, en una causa que afectaba a la corrupción gubernamental” no solo es “incompatible con los deberes inherentes al cargo” de DAO, sino también delictiva.

La petición del PP se produce después de que el pasado viernes declararan en la Audiencia Nacional como testigos los generales Ángel Yuste y Alfonso López Malo, ambos antiguos jefes de la UCO. En su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, ambos altos mandos ratificaron sus declaraciones ante los investigadores en las que apuntaron a presiones políticas, pero también desmintieron a González, que en el Senado había afirmado que les había informado de sus encuentros con Díez en un encuentro que tuvieron en mayo del año pasado. Los dos generales coincidieron en afirmar que esto no era cierto y que la directora no les dijo nada de las reuniones con la presunta cabecilla de la trama.

González admitió el pasado 16 de junio durante una comparecencia en la comisión de Interior del Senado que se reunió con la supuesta fontanera del PSOE, aunque negó haber participado en la trama que, supuestamente, buscaba torpedear investigaciones judiciales y policiales contra el PSOE, con especial hincapié en la Unidad Central Operativa (UCO). “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO […]; ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona”, dijo.

Aunque, como ya había avanzado en un comunicado, reconoció que sí se reunió con la supuesta fontanera: González relató que conoció a la exmilitante socialista cuando esta trabajaba en Correos y ella era la delegada del Gobierno en Madrid. La directora de la Guardia Civil admitió entonces haberse reunido dos veces con Díez (la tercera, señalada por la UCO, no la recordaba). Su primer encuentro en persona fue el 30 de septiembre de 2024, en una cafetería, no duró “más de lo que dura un café”, y en él no se abordó “ningún tema concreto”.

En la última de sus reuniones, según declaró, Díez le planteó la posibilidad de restituir en su puesto al comandante Rubén Villalba, imputado por corrupción en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Koldo García, José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. González incidió en que entonces cortó la conversación y le dijo a su interlocutora que lo que le pedía era imposible. “Desde entonces, jamás volví a verla”, zanjó. La UCO sostiene, sin embargo, que sí hubo contactos posteriores, mediante mensajes.