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El Servicio Secreto De Trump, De Nuevo En El Punto De Mira Tras El Tiroteo En La Cena De Corresponsales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó buena parte de la comparecencia que convocó de urgencia tras el tiroteo del sábado en el hotel en el que estaba participando en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca a elogiar la actuación del servicio secreto, ese cuerpo de seguridad que lo acompaña a todas partes. Se felicitó por lo “rápido” que actuaron y porque “realmente hicieron un gran trabajo”, aunque eso no evitó que Washington amaneciera este domingo con más preguntas que respuestas sobre si esos hombres y mujeres estuvieron a la altura en el hotel donde se celebraba el evento.

También surgen los interrogantes sobre si la seguridad era suficiente en el lugar, sobre todo, para un presidente que sobrevivió a dos atentados en 2024, cuando era candidato republicano. Y si fue buena idea que tantos miembros del Gobierno coincidieran bajo el mismo techo de un edificio no preparado para esa eventualidad.

El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró este domingo por la mañana en una entrevista televisiva que los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el objetivo del sospechoso fuera no solo Trump, pero pidió tiempo para ofrecer conclusiones más sólidas. Este lunes el detenido, Cole Thomas Allen, está citado ante un juez de Washington. “Se propuso atacar a las personas que trabajan en la administración, probablemente también al presidente”, dijo.

La portavoz de la Casa Blanca fue más lejos. Llamó al sospechoso en X “loco depravado” y dio por hecho que buscaba “asesinar al presidente y a cuantos más altos funcionarios de la Administración mejor”. El hotel no dispuso de detectores de metales en sus dos entradas, restringidas esa noche a los huéspedes y a aquellos con una entrada para la gala. Estos se colocaron más cerca del salón, para asegurar un perímetro al que el atacante no logró acceder. Según Blanche, el sistema de seguridad funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor. “No olvidemos que el sospechoso no llegó muy lejos. Apenas cruzó el perímetro y con apenas me refiero a unos pocos metros”, ha dicho Blanche.

El primero de los tres intentos de asesinato contra Trump fue en julio en un mitin al aire libre en Butler (Pensilvania), cuando un francotirador apostado en una azotea pudo apuntar tranquilamente a la cabeza de Trump sin que ninguno de los agentes designados para su protección reparara en él. Thomas Matthew Cooks disparó ocho veces, antes de que lo mataran, y una de esas ocho balas rozó la oreja de derecha del aspirante. Un par de semanas después, la jefa del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, dimitió, y admitió ante el Congreso que aquel día el cuerpo que dirige cometió su “mayor error en décadas”.

El segundo atentado fue 64 días después en un campo de golf propiedad de Trump en Florida. Ryan Wesley Routh se ocultó entre la maleza durante 12 horas. Un agente lo descubrió. Tenía planes, que había forjado durante meses, de disparar al candidato desde una distancia de unos 400 metros. Routh cumple ahora cadena perpetua.

¿Huésped en el hotel?

Eran las 20.36 del sábado cuando Allen, vecino de California de 31 años, trató de entrar en el Hilton de Washington. Iba armado, según explicó el presidente, con una escopeta, una pistola y cuchillos y, según las primeras conclusiones de la investigación, se había registrado como huésped en el hotel, solo así pudo llegar hasta donde llegó.

Fue Trump también el que difundió un vídeo del momento en el que Allen supera corriendo uno de los controles de seguridad colocado una planta más arriba del lugar en el que se estaba celebrando la cena. En las imágenes se ve como una docena de agentes de seguridad abren fuego y finalmente consiguen pararlo y tirarlo al suelo. De ese momento también publicó el presidente una fotografía.

Uno de esos agentes recibió un disparo del atacante, según las autoridades, pero el chaleco antibalas le salvó de algo peor. Se lo llevaron al hospital, y Trump, que habló con él, dijo que estaba bien.

Dana Bash, presentadora de la CNN, le preguntó a Blanche si estaba “cómodo con la idea de que casi toda la línea de sucesión” del Gobierno de Estados Unidos estuviera esa noche en un mismo espacio y el funcionario respondió: “Muy cómodo, el presidente Trump dijo anoche [por el sábado] que esta es la clase de incidente que no nos va a detener, o empujarnos a meternos en un búnker y no salir”.

Varios miembros del Gabinete, entre ellos, los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, fueron evacuados. También, el vicepresidente, J. D. Vance, que salió antes de la sala que Trump, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Esos últimos son, respectivamente, el segundo y el tercer nombre en la línea para suceder al presidente si a este le sucede algo, como le pasó, por ejemplo, a John F. Kennedy. La misma noche de su asesinato, el vicepresidente Lyndon Johnson juró el cargo.

En el interior del salón, era el turno de la actuación de Oz Pearlman, ilusionista contratado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para amenizar la gala, en lugar del tradicional humorista. Trump dijo, como dijeron otros de los presentes, que al escuchar el ruido seco de los disparos pensó que el motivo era que “había caído una bandeja o algo así”. En ese momento, muchos de los asistentes se tiraron al suelo. Esa cena convoca a políticos, periodistas y famosos de diversa índole y es seguramente el evento que concentra más reporteros, los que habitualmente cubren la Casa Blanca, por metro cuadrado del mundo.

El pánico se desató en el salón varios segundos antes de que Trump acabara en el suelo por la acción de los agentes, que, en un principio, se preocuparon más por taparlo con sus cuerpos que por tumbarlo, como sí hicieron inmediatamente en el atentado de Butler. Aquel día, el republicano emergió de esa masa de cuerpos con la oreja ensangrentada y el puño en alto y gritó “¡Luchad, luchad, luchad!“, en un momento que pasó inmediatamente a la historia de la violencia política Estados Unidos.

En esa historia, Trump ya tenía antes de este sábado un lugar destacado. Cuando compareció ante la prensa, se dijo orgulloso de pertenecer a la estirpe de de Abraham Lincoln o John F. Kennedy, asesinados cuando eran presidentes de Estados Unidos. “He estudiado otros magnicidios y siempre les pasan a las personas que mayor impacto tienen, a las personas que más hacen; no a los que pasan desapercibidos”, dijo. “Odio decir que me siento honrado”.

Vestido aún de gala, como los reporteros presentes, que saltaron de la cena a la sala de prensa de la Casa Blanca, Trump, que compareció flanqueado por Blanche y por el director del FBI, Kash Patel, dijo que comprendía que el de presidente se había convertido en un trabajo “peligroso”.

Y no solo ese: en un país en el que el clima de crispación y la polarización se agravan cada día, nadie que se dedique o que tenga un perfil destacado en el mundo de la política parece a salvo. En 2023, la Policía del Capitolio de los Estados Unidos investigó más de 8.000 amenazas a los 435 congresistas y 100 senadores, un aumento del 50 % en comparación con 2018.

En septiembre pasado, el líder juvenil MAGA Charlie Kirk fue asesinado de un balazo en el cuello mientras hablaba para unas tres mil personas en un acto al aire libre en una universidad en Utah. Aquella tragedia se sumó al asesinato meses antes de la presidenta del Congreso de Minnesota, la demócrata Melissa Hortman, y de su marido.

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Otro Tribunal Federal Frena La Política Del ICE Para Detener A Migrantes Sin Derecho A Fianza

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Una corte federal de apelaciones rechazó este miércoles la política impulsada por la Administración de Donald Trump que permite a agentes migratorios detener sin posibilidad de fianza a prácticamente cualquier persona indocumentada en proceso de deportación, incluso si ha vivido durante años en Estados Unidos sin antecedentes penales.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta y jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama, representa otro revés judicial para la interpretación que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adoptó el año pasado sobre la ley migratoria de 1996. Bajo esa nueva interpretación, cualquier persona que hubiera ingresado al país sin autorización podía ser considerada automáticamente como “solicitante de admisión” y, por tanto, quedar sujeta a detención obligatoria mientras avanza su caso migratorio.

El fallo fue emitido por un panel dividido de tres jueces. La mayoría sostuvo que el Gobierno federal excedió el alcance de la ley al intentar aplicar de manera masiva una disposición originalmente diseñada para personas recién llegadas a la frontera.

“En pocas palabras, la redacción que el Congreso ha optado por utilizar no otorga al Poder Ejecutivo la facultad ilimitada de detener, sin posibilidad de fianza, a todo extranjero no admitido que se encuentre en el país”, escribió el juez Stanley Marcus en la opinión mayoritaria. El magistrado agregó que “en ninguna parte del texto” de la ley de 1996 “encuentra esa interpretación un fundamento sólido”.

Durante décadas, administraciones de ambos partidos interpretaron la legislación como una herramienta enfocada en personas detenidas poco después de cruzar la frontera. Quienes ya vivían dentro del país, muchas veces desde hacía años, podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez migratorio antes de permanecer detenidos por el ICE.

Sin embargo, la reinterpretación adoptada en julio de 2025 amplió drásticamente el alcance de la medida. Desde entonces, personas con trabajos estables, familias estadounidenses y sin historial criminal podían quedar detenidas automáticamente mientras enfrentaban procesos de deportación. La política también provocó un incremento considerable en la población detenida por el ICE, y el número de personas bajo custodia migratoria superó las 70.000 a principios de este año.

La decisión del 11º Circuito se produce después de que dos tribunales de apelaciones respaldaran la política del Gobierno de Trump y otros dos la rechazaran. Un quinto tribunal terminó dividido, sin alcanzar una mayoría clara.

Esa fractura judicial aumenta la posibilidad de que la disputa llegue próximamente al Tribunal Supremo, que probablemente tendrá la última palabra sobre la legalidad de la política de detención obligatoria.

La decisión también llega después de una ola de demandas presentadas por migrantes detenidos en distintos puntos del país. Cientos de tribunales federales han fallado en contra de la interpretación impulsada por la Administración Trump, en muchos casos a través de peticiones de habeas corpus presentadas por personas que buscan recuperar su libertad mientras avanzan sus procedimientos migratorios. El Departamento de Justicia no ha hecho declaraciones sobre el fallo.

La jueza Barbara Lagoa, designada por Trump, votó en contra de la decisión de la mayoría y defendió la postura de la Administración. En su opinión disidente, argumentó que el tamaño de la población afectada refleja años de falta de aplicación estricta de la ley migratoria, no un exceso de la interpretación actual. “El hecho de que el Poder Ejecutivo no haga cumplir una ley no puede limitar su significado de manera retroactiva”, escribió Lagoa. “En todo caso, el crecimiento de la población pone de relieve las consecuencias de la falta de aplicación de la ley, más que el alcance previsto de la misma”.

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