Mucha pompa y pocas nueces. La “tarjeta dorada” o golden visa del presidente Donald Trump, que permite a extranjeros millonarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos tras hacer un desembolso de seis cifras, ha sido aprobada una sola vez. La revelación la hizo el propio secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien en diciembre del año pasado aseguró que el visado llevaba recaudado un monto de 1.300 millones de dólares.

Para entender los números de Lutnick, hay que revisar sus declaraciones pasadas. En junio de 2025, el funcionario informó que 70.000 personas se encontraban en la lista de espera. Los aplicantes deben pagar durante el proceso una cuota de 15.000 dólares, lo que permite hacer una “rigurosa evaluación” de quienes solicitan el visado, que eventualmente abre el camino a la ciudadanía estadounidense. El secretario afirma que cientos de aplicaciones siguen en espera de aprobación.

El programa también permite a las corporaciones invertir 2 millones de dólares en un empleado nacido en el extranjero, junto con una cuota anual de mantenimiento del 1%. “Es, en esencia, la tarjeta verde (green card), pero mejorada”, indicó el presidente Trump durante el lanzamiento, apuntando que la visa tendría un costo de 5 millones de dólares ―que luego bajó a 1 millón― y garantizando que la iniciativa atraería talento extranjero a Estados Unidos y contribuiría al aumento de los ingresos federales. En realidad, el republicano lo que hizo fue reemplazar el programa EB-5, un visado con décadas de antigüedad que ofrecía residencia legal a inversionistas con capacidad de invertir un millón de dólares en una empresa con al menos 10 empleados.

La golden visa cuenta con un ostentoso sitio web que abre con la frase “Desbloquea tu vida en Estados Unidos” sobre una imagen de una tarjeta dorada que lleva el rostro de Donald Trump, junto a un águila calva, la Estatua de la Libertad y su firma garabateada. La página ahora promociona la próxima “Tarjeta Platino Trump” ―esta sí con un valor de 5 millones de dólares― que brinda un particular incentivo fiscal a los interesados.

“Los ciudadanos extranjeros pueden inscribirse ahora y asegurar su lugar en la lista de espera para la Tarjeta Trump Platinum. Una vez lanzada, y tras el pago de una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional, y una posterior contribución de 5 millones de dólares, podrán permanecer hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos obtenidos fuera del país”, se puede leer en el apartado correspondiente.

El secretario Lutnick no ofreció detalles sobre el uso que se le dará a los fondos obtenidos por los trámites del visado. “El uso de este dinero lo determinará la Administración, buscando que sea para el beneficio de la nación”, agregó.

Si bien la Administración Trump ha construido una intensa narrativa contra la inmigración y opera una ofensiva migratoria que ya supera el medio millón de deportados, se ha mostrado a favor de la llegada de millonarios y profesionales cualificados al país, diseñando para tal fin programas como el de la tarjeta dorada. Esta idea es relativamente común en países del primer mundo, como Reino Unido, Australia, Canadá e Italia, todos con sus propias versiones de visados ​​de oro.

La guerra de Javier Milei contra los medios argentinos ha escalado hasta cerrar las puertas de la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados. Es una decisión inédita, repudiada por todas las organizaciones de prensa locales, que llega tras miles de insultos y ataques verbales del presidente argentino a periodistas y la suspensión previa de algunas acreditaciones a quienes informan sobre el Poder Ejecutivo. Desde el Gobierno justificaron este jueves que se trata de una medida preventiva por motivos de “seguridad nacional” tras denunciar por espionaje ilegal a dos periodistas televisivos que grabaron sin permiso en el interior del edificio oficial. El anuncio ocurre con un Gobierno golpeado por crecientes escándalos de corrupción revelados por los medios.

El Foro de periodismo argentino (Fopea) destacó que impedir el acceso de los periodistas que trabajan habitualmente en la Casa Rosada es “una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”. En un comunicado, Fopea señaló que la decisión “implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”.

Para Fopea, la denuncia presentada por la Casa Militar contra periodistas del canal Todo Noticias que grabaron sin autorización pasillos y espacios comunes del edificio gubernamental “no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular”. Por ese motivo sostiene que es desproporcionado retirar el acceso a todos los periodistas por tiempo indefinido.

La prohibición de entrada a los periodistas muestra el deterioro de la relación del Gobierno con los medios. En el primer año de Milei, en 2024, aspiraba a crear en la sede gubernamental una “sala de prensa de élite” inspirada en la de la Casa Blanca. También han quedado atrás las ruedas de prensa diarias en las que el entonces portavoz, Manuel Adorni, daba respuestas filosas que le hicieron ganar el apodo de domador de periodistas. Adorni, hoy jefe de Gabinete, lleva semanas de protagonismo indeseado en los medios y la justicia. El fiscal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito recibió este jueves la información de que pagó en efectivo los casi 9.000 dólares de alojamiento en hoteles de lujo durante las vacaciones con su familia en la isla caribeña de Aruba para recibir 2025. Los billetes de avión, pagados también en efectivo, le salieron 5.800 dólares más. Realizó ese viaje pese a los pedidos de austeridad hechos por Milei a sus ministros en vísperas de las vacaciones navideñas.

Este miércoles, los argentinos se enteraron que el jefe de Gabinete se había comprometido a pagar 65.000 dólares en negro al intermediario que le facilitó la compra del departamento de casi 200.000 metros cuadrados en el que vive en Buenos Aires, según declaró ante la Justicia. Adorni lo compró en noviembre del año pasado por un precio declarado de 230.000 dólares a dos jubiladas que le prestaron 200.000 dólares para que pudiera hacer la operación. Su sueldo, en ese momento, equivalía a 2.500 dólares mensuales y era su único ingreso, según declaró en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Entre las inconsistencias que investiga la Justicia está también la casa en un barrio cerrado que compró su mujer, Betina Angeletti, en 2024, y un viaje en avión privado a la localidad de Punta del Este, en Uruguay, en el fin de semana largo de Carnaval.

Tanto Milei como su hermana Karina, secretaria de Presidencia, han ordenado cerrar filas alrededor de Adorni y han calificado como “basura mediática” las revelaciones que se acumulan sobre él. Ambos se han fotografiado en las últimas semanas junto al jefe de Gabinete y han publicado mensajes de apoyo. “Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, publicó Karina Milei en X a finales de marzo, cuando se supo que la mujer de Adorni había viajado con la comitiva oficial a Estados Unidos.

La protección de Milei a su jefe de Gabinete choca con el discurso anticorrupción levantado por el presidente ultra. A las investigaciones en curso por la supuesta criptoestafa de $Libra que difundió Milei, las sospechas de que los medicamentos para la Agencia nacional de discapacidad se compraron con sobreprecios y los generosos créditos hipotecarios concedidos por la banca pública a legisladores oficialistas, se le han sumado otros escándalos esta semana. El último de ellos afecta al secretario de Coordinación de infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, investigado por tener al menos cinco inmuebles sin declarar en Estados Unidos, según el diario La Nación. Otros medios locales elevan a ocho las propiedades estadounidenses de Frugoni. Las restricciones impuestas a la prensa elevan la tensión en uno de los peores momentos de Milei.

La controversia por la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 al Gobierno de Estados Unidos ha dejado al descubierto la fragilidad del liderazgo del presidente de Perú, José María Balcázar, las tensiones internas en el Ejecutivo y un evidente alineamiento con los intereses de Washington. Dos de sus ministros lo desautorizaron públicamente, lo acusaron de mentir y terminaron imponiéndose a su decisión de postergar una adquisición valorada en 3.500 millones de dólares.

Balcázar, el tercer presidente interino del último quinquenio, se había resistido a aprobar la compra a la empresa estadounidense Lockheed Martin. Desde el viernes 17 —cuando canceló la ceremonia de firma del contrato— reiteró en al menos cuatro ocasiones que dejaría la decisión en manos del próximo gobierno electo, al tratarse de un compromiso de gran envergadura que, según su criterio, no correspondía a una administración transitoria.

Su postura abrió una brecha profunda en el Consejo de Ministros. El premier Luis Arroyo, el ministro de Defensa Carlos Díaz y el canciller Hugo de Zela le instaron a continuar con la operación, argumentando que existía un compromiso previo gestado durante el gobierno de Dina Boluarte en 2024. En paralelo, un sector de la clase política advirtió sobre posibles penalidades para el país si se detenía el proceso, mientras que otros respaldaron la cautela del mandatario, señalando que existen prioridades nacionales más urgentes que el reequipamiento de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Según el diario La República, el proceso arrastraba cuestionamientos desde la gestión de José Jerí, cuando presuntamente se descartó un concurso público y se dejaron de lado opciones como la francesa Dassault Aviation (Rafale F4) y la sueca Saab (Gripen E/F), favoreciendo directamente a Lockheed Martin.

El conflicto escaló el lunes. Cuando el tema parecía zanjado y el presidente creía haber frenado la operación, trascendió que el contrato se había firmado en secreto y sin su participación. Según diversas fuentes, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, ordenó al comandante general de la FAP, Mario Contreras León Carty, proseguir con la compra pese a la oposición presidencial. Ese mismo día, el coronel Carlo Rey Benavente, jefe del Servicio de Abastecimiento Técnico de la FAP, suscribió el contrato con los representantes de la firma estadounidense. Fue un oficial quien dio el visto bueno final y no Balcázar, quien ostenta el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Al día siguiente, entre versiones contradictorias, Balcázar, de 83 años, negó la existencia del documento y ratificó que la decisión recaería en el sucesor. Sin embargo, el miércoles la situación dio un giro definitivo: el canciller De Zela y el ministro Díaz confirmaron en una entrevista radial que el contrato ya estaba suscrito, acusando al presidente de haber faltado a la verdad.

Acorralado por las revelaciones, Balcázar destituyó a Díaz, aceptó la renuncia de De Zela y ofreció su primer Mensaje a la Nación en dos meses de gestión. En un intento por contener el daño, aseguró no haber participado en las negociaciones, pero admitió implícitamente su falta de autoridad: “Yo no he intervenido en esas gestiones, así que no se puede decir que yo he mentido”.

Casi en paralelo, el premier Luis Arroyo emitió un pronunciamiento que terminó por socavar la figura presidencial. Sostuvo que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) había aprobado la compra y que, por ser una “decisión estratégica”, el Ejecutivo debía cumplirla.

En este escenario, el rol del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, ha sido determinante. El diplomático advirtió previamente que, de “socavarse los intereses” de su país, se utilizarían “todas las herramientas disponibles” en defensa de la administración Trump. Navarro, quien se reunió con el ministro de Defensa el día de la firma, afirmó que el contrato se suscribió “con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”, en una clara alusión a la postura de Balcázar.

El desenlace económico y político

En las últimas horas, Navarro ha intensificado su presencia en medios promocionando las bondades de los F-16, asegurando que la primera flota llegará entre 2029 y 2030 tras la capacitación del personal y la adecuación de la infraestructura. “El Perú cumplió con el contrato. Quiere decir que es serio en su manera de hacer negocios”, declaró el embajador.

El episodio sumó un capítulo crítico cuando el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, autorizó la primera transferencia de 462 millones de dólares a Lockheed Martin. El anuncio no fue realizado por el Ejecutivo, sino por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien se mostró dispuesto a tramitar la moción de censura contra Balcázar impulsada por el legislador Ilich López. “Si cuenta con las firmas, hay que darle trámite. No hay vuelta que darle”, sentenció.

Mientras Amadeo Flores asume como nuevo ministro de Defensa y Carlos Pareja es el nuevo canciller, Luis Arroyo se mantiene en el cargo pese a su abierto desafío al mandatario. El Gobierno navega así en una crisis que deja una pregunta abierta: ¿Quién ejerce realmente el poder hoy en Perú?