Una tabla de Excel fue el problema. Ignacio Zaldívar, trabajador de Adif, la hizo para consumo propio. Nunca pensó que traspasaría las paredes de su despacho para llegar hasta el Tribunal Supremo. En ella apuntó “presidencia” junto al nombre de Jésica Rodríguez como una bandera roja para recordarle que esa chica era un caso “especial”. La huella laboral de la joven, la expareja de José Luis Ábalos a la que el exministro de Transportes colocó ―gracias a las gestiones de su fiel colaborador, Koldo García―, en hasta dos empresas públicas, ha sido uno de los rompecabezas que los magistrados han intentado descifrar en la segunda sesión del juicio por los presuntos amaños en la compra de mascarillas. No ha sido una tarea sencilla, porque el rastro era endiablado y porque el relato de los testigos tampoco lo ha puesto fácil.

El cuadro lo han pintado dos trabajadores de Ineco, una de Tragsatec y Zaldívar, de Adif. El tribunal ya venía de escuchar a antiguos directores gerentes de Logirail ―otra empresa pública en la que Ábalos y García lograron situar a una segunda mujer: Claudia Montes― y al expresidente de Renfe Isaías Táboas, también por la contratación de la ex miss Asturias +30 de 2017, que se ha definido como “amiga” y “compañera de partido” de “José Luis”. Fuera por el cansancio o por la complejidad de los hechos, lo cierto es que el tribunal se ha rendido a la evidencia. “Pero usted ¿pertenece a Adif?, ¿y también a Ineco?“, ha preguntado el presidente, Andrés Martínez Arrieta. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ya mostraba también cierto hartazgo, ha sido el encargado de desenredar la madeja con un pedagógico interrogatorio sobre cómo funcionaba la dinámica de contrataciones entre las compañías dependientes de Transportes.

Zaldívar, que estaba ahí sentado, ha sido el cooperador necesario de Luzón. Y desde la silla que el tribunal reserva a sus interlocutores, con sus gafas, su vestimenta oscura y su tono pausado, ha ido explicando ―no sin cierta dosis de paciencia― que Adif usaba a Ineco y Tragsatec como caladero cuando necesitaba personal con perfiles concretos para proyectos puntuales. El recorrido habitual era entrar por Ineco, donde no superaban los dos años de contrato, y seguir en Tragsatec, pero siempre vinculados a encargos de Adif. Eso mismo hizo Rodríguez. Alberto Durán, el abogado del PP, que lidera las acusaciones populares, ha sido el único en llamar la atención sobre este modus operandi. “Usted sabe que eso en derecho laboral no es admisible”, le ha dicho. “Perdone, pero yo soy un técnico y me está poniendo en un brete”, ha espetado Zaldívar.

Navegando entre fichas, partes y certificaciones

Aclarado este punto, el siguiente reto ha sido averiguar quién debía vigilar a Rodríguez, si se dio cuenta de que no trabajaba y si tomó medidas. Amparo Monterrey, actual trabajadora de Ineco que no lo era en esa época pero a la que se encomendó investigar a posteriori qué había pasado, ha confesado que en la empresa “fue una sorpresa” enterarse por la prensa de que tuvieron en nómina a alguien que no desempeñó actividad laboral alguna. “No consta que hubiese ninguna incidencia” porque “ella” o alguien con su “usuario” rellenaba los partes de trabajo, ha justificado. La persona que recibía estos partes, María Dolores Tapia, lo ha confirmado. Ha costado porque “Mariló” ha sido exquisita a la hora de denominar los documentos que manejaba. Ha llegado un momento en que ni el fiscal, ni el tribunal, ni nadie sabía de qué papeles hablaba. “Eso es una ficha y el parte de horas es otra cosa”, ha soltado, en un verdadero esfuerzo explicativo. El testimonio se ha encarrilado y ha quedado claro que lo único que la llevaba de cabeza era que la joven “imputara horas en un festivo local”, pero eso era algo que siempre le tocaba corregir. “Los chicos se equivocan”, ha asumido Tapia, que al final se ha sentido tan cómoda que, pese a que la sesión terminaba, no veía problema en seguir el juicio. “Fenomenal”.

Por Tragsatec ha comparecido Raquel Yagüe, otra trabajadora que lo es en la actualidad pero que no lo era en la época y de la que el tribunal solo ha sacado en limpio que su certificado (también palabra importante) reflejaba la realidad sobre lo que Rodríguez cobró de esa empresa, unos 9.500 euros. Zaldívar ha rematado la jornada como emisario de Adif. Su papel, ha indicado, era hacer seguimiento de esos proyectos en los que había personal enviado por Ineco y Tragsatec. Entre “relaciones”, “certificaciones” y “confirmaciones”, ha revelado que la joven nunca estuvo adscrita a la Presidencia de Adif. En su Excel lo puso así porque la entonces presidenta, Isabel Pardo de Vera, le llamó por teléfono hasta dos veces con un mensaje alarmante: “Me ha llamado el ministro, que estáis molestando a esta”. Una vez fue porque Ineco no conseguía localizarla para darle unos cheques de comida; la segunda, por un problema en Tragsatec que Zaldívar no logró averiguar. La joven, con la que habló por el primer incidente, le parecía “altiva y soberbia” pero no era su “misión” saber “qué hacía” y la recomendó para continuar en Tragsatec, como con todo el mundo. “Yo soy correa transmisora. Simplemente, transmito”.