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La Moción De Censura En Rumania De Socialdemócratas Y Ultraderecha Hace Caer El Gobierno De Ilie Bolojan

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Una alianza hasta ahora nunca vista en Rumania, la formada por socialdemócratas y ultranacionalistas de derecha, ha reunido este martes el respaldo suficiente para sacar adelante en el Parlamento una moción de censura contra el Gobierno del conservador Ilie Bolojan. En una sesión conjunta de la Cámara de los Diputados y el Senado, el Partido Social Demócrata (PSD), el de mayor representación en el país y hasta hace apenas un mes miembro de ese mismo Gobierno, votó contra el Ejecutivo junto a tres formaciones de extrema derecha: la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR, el segundo mayor partido del Parlamento), la formación SOS, de la polémica eurodiputada Diana Șoșoacă, y el soberanista Partido de los Jóvenes (POT). La moción sumó 281 apoyos, con lo que superó ampliamente los 233 necesarios para destituirlo.

De este modo, el Ejecutivo pasa a ser provisional y deja en el aire la estabilidad política del país. Ahora, el presidente rumano, el centrista y europeísta Nicușor Dan, debe hablar con las distintas facciones políticas y proponer a continuación a un candidato a primer ministro. Este dispondrá de diez días para buscar una mayoría parlamentaria y ser investido. En el caso de que no lo consiga, el país estaría abocado a elecciones legislativas.

debe convocar a las facciones políticas a consultas para la elección de un candidato a la jefatura de Gobierno. La persona designada dispondrá de diez días para ser investida. En el caso de que no lo consiga, el país estaría abocado a nuevas elecciones legislativas.

“Tendremos un nuevo Gobierno dentro de un plazo razonable. Excluyo el escenario de elecciones anticipadas, y recalco que al final de este proceso tendremos un Gobierno prooccidental. Vamos a pasar por esto con calma”, ha aseverado el presidente.

El PSD, que hasta el mes pasado formaba parte de la coalición gubernamental que incluía también a liberales y a la minoría húngara, es el impulsor de la moción titulada “Detengan el Plan Bolojan para la destrucción de la economía, el empobrecimiento de la población y la venta fraudulenta de activos estatales”. A esta propuesta se unió rápidamente la formación ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR).

El líder del PSD, Sorin Grindeanu, alegó durante el debate de la moción que su partido habría querido mantener la coalición de Gobierno, pero que la actitud de Bolojan lo había impedido. “Deseo que continuemos con esta coalición; hacer cosas realmente buenas por los rumanos. Durante 10 meses no se ha gobernado como se debería. Es nuestro deber dejar de lado el orgullo partidario y encontrar una buena solución para Rumania”, aseguró.

Los socialdemócratas esgrimen que la ruptura con el primer ministro se debe a las impopulares medidas de ajuste aplicadas por Bolojan para reducir el déficit público (el más alto de la Unión Europea), a pesar de que esas medidas fueron apoyadas por los socialdemócratas en el Gobierno. La Comisión Europea había presionado a Rumania, amenazando con bloquear la llegada de fondos si el déficit no bajaba, y este efectivamente ha pasado del 9,3% en 2024 al 7,9% en 2025.

“Hace 10 meses llegué en una situación difícil para hacer lo correcto, no lo que es popular sino lo necesario (…). No lo provoqué, lo encontré y no pude ocultarlo”, afirmó Bolojan, cabeza del Partido Nacional Liberal (PNL), en el estrado del Hemiciclo.

Inflación

El jefe del Ejecutivo aprobó con el beneplácito de sus socios de Gobierno la subida del IVA, las cotizaciones sociales y los impuestos sobre los carburantes y el alcohol, así como la congelación de los salarios del sector público. Pero entre los efectos de esas medidas estuvo el descenso del crecimiento económico y el alza de precios. A eso se sumó la guerra en Irán, que ha llevado a que la inflación alcance casi un 10% en marzo.

“Redujimos la administración en un 10%, lo hicimos a nuestro pesar y con el freno de mano echado”, señaló el primer ministro rumano antes de asegurar que “la Comisión Europea validó esta trayectoria”. Además, el mandatario conservador pretendía privatizar compañías estatales y reformar la administración local, dos propuestas que también desataron la ira del PSD.

En las próximas horas, la formación que lidera Bolojan, el PNL, dirimirá si intenta recomponer el Gobierno o se marcha a la oposición y cede a los socialdemócratas y los ultranacionalistas la posibilidad de constituir un nuevo Ejecutivo. El presidente Nicușor Dan ha insistido en el rumbo proeuropeo del país y ha llamado a la calma ante la incertidumbre política. “Todas las opciones que tengo en mente, ya sean mayoritarias o minoritarias, en términos de la composición del Gobierno, se basan en el apoyo mayoritario de los partidos prooccidentales”, ha remarcado el jefe de Estado, excluyendo así a los ultranacionalistas.

Esta crisis se produce precisamente un año después de la victoria de Dan en las controvertidas elecciones presidenciales, que llegaron a ser anuladas seis meses antes por el triunfo en la primera vuelta del entonces desconocido y actualmente procesado Calin Georgescu, un ultra aupado por la plataforma TikTok y supuestamente impulsado por Rusia.

El líder extremista de AUR, George Simion, ha declarado en el Parlamento que su formación asume el mandato de un futuro Gobierno: “Es tiempo de la reconciliación nacional”, ha dicho.

“La guerra contra las reformas iniciada por el PSD con el apoyo evidente del presidente podría costarle a Rumania varias decenas de miles de millones de euros”, asegura Cristian Pantazi, analista de G4media.ro. En concreto, se refiere al dinero que Bucarest recibe por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, el programa SAFE —un instrumento europeo para fortalecer la industria militar— y los fondos de cohesión.

“En los últimos cuatro años, Bucarest se ha beneficiado de la indulgencia de la UE en materia de reformas precisamente por este estribillo que se ha repetido hasta la saciedad: finjamos que trabajamos para que los extremistas no lleguen al Gobierno ni a la Presidencia. Ahora, las máscaras se han caído: los barones del PSD han estrechado la mano de los extremistas de AUR, portadores del mensaje ruso, sin temor alguno al ridículo”, recalca Pantazi.

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America

La Compra De Aviones De Combate A Estados Unidos Abre Una Nueva Crisis En Perú

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La controversia por la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 al Gobierno de Estados Unidos ha dejado al descubierto la fragilidad del liderazgo del presidente de Perú, José María Balcázar, las tensiones internas en el Ejecutivo y un evidente alineamiento con los intereses de Washington. Dos de sus ministros lo desautorizaron públicamente, lo acusaron de mentir y terminaron imponiéndose a su decisión de postergar una adquisición valorada en 3.500 millones de dólares.

Balcázar, el tercer presidente interino del último quinquenio, se había resistido a aprobar la compra a la empresa estadounidense Lockheed Martin. Desde el viernes 17 —cuando canceló la ceremonia de firma del contrato— reiteró en al menos cuatro ocasiones que dejaría la decisión en manos del próximo gobierno electo, al tratarse de un compromiso de gran envergadura que, según su criterio, no correspondía a una administración transitoria.

Su postura abrió una brecha profunda en el Consejo de Ministros. El premier Luis Arroyo, el ministro de Defensa Carlos Díaz y el canciller Hugo de Zela le instaron a continuar con la operación, argumentando que existía un compromiso previo gestado durante el gobierno de Dina Boluarte en 2024. En paralelo, un sector de la clase política advirtió sobre posibles penalidades para el país si se detenía el proceso, mientras que otros respaldaron la cautela del mandatario, señalando que existen prioridades nacionales más urgentes que el reequipamiento de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Según el diario La República, el proceso arrastraba cuestionamientos desde la gestión de José Jerí, cuando presuntamente se descartó un concurso público y se dejaron de lado opciones como la francesa Dassault Aviation (Rafale F4) y la sueca Saab (Gripen E/F), favoreciendo directamente a Lockheed Martin.

El conflicto escaló el lunes. Cuando el tema parecía zanjado y el presidente creía haber frenado la operación, trascendió que el contrato se había firmado en secreto y sin su participación. Según diversas fuentes, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, ordenó al comandante general de la FAP, Mario Contreras León Carty, proseguir con la compra pese a la oposición presidencial. Ese mismo día, el coronel Carlo Rey Benavente, jefe del Servicio de Abastecimiento Técnico de la FAP, suscribió el contrato con los representantes de la firma estadounidense. Fue un oficial quien dio el visto bueno final y no Balcázar, quien ostenta el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Al día siguiente, entre versiones contradictorias, Balcázar, de 83 años, negó la existencia del documento y ratificó que la decisión recaería en el sucesor. Sin embargo, el miércoles la situación dio un giro definitivo: el canciller De Zela y el ministro Díaz confirmaron en una entrevista radial que el contrato ya estaba suscrito, acusando al presidente de haber faltado a la verdad.

Acorralado por las revelaciones, Balcázar destituyó a Díaz, aceptó la renuncia de De Zela y ofreció su primer Mensaje a la Nación en dos meses de gestión. En un intento por contener el daño, aseguró no haber participado en las negociaciones, pero admitió implícitamente su falta de autoridad: “Yo no he intervenido en esas gestiones, así que no se puede decir que yo he mentido”.

Casi en paralelo, el premier Luis Arroyo emitió un pronunciamiento que terminó por socavar la figura presidencial. Sostuvo que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) había aprobado la compra y que, por ser una “decisión estratégica”, el Ejecutivo debía cumplirla.

En este escenario, el rol del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, ha sido determinante. El diplomático advirtió previamente que, de “socavarse los intereses” de su país, se utilizarían “todas las herramientas disponibles” en defensa de la administración Trump. Navarro, quien se reunió con el ministro de Defensa el día de la firma, afirmó que el contrato se suscribió “con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”, en una clara alusión a la postura de Balcázar.

El desenlace económico y político

En las últimas horas, Navarro ha intensificado su presencia en medios promocionando las bondades de los F-16, asegurando que la primera flota llegará entre 2029 y 2030 tras la capacitación del personal y la adecuación de la infraestructura. “El Perú cumplió con el contrato. Quiere decir que es serio en su manera de hacer negocios”, declaró el embajador.

El episodio sumó un capítulo crítico cuando el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, autorizó la primera transferencia de 462 millones de dólares a Lockheed Martin. El anuncio no fue realizado por el Ejecutivo, sino por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien se mostró dispuesto a tramitar la moción de censura contra Balcázar impulsada por el legislador Ilich López. “Si cuenta con las firmas, hay que darle trámite. No hay vuelta que darle”, sentenció.

Mientras Amadeo Flores asume como nuevo ministro de Defensa y Carlos Pareja es el nuevo canciller, Luis Arroyo se mantiene en el cargo pese a su abierto desafío al mandatario. El Gobierno navega así en una crisis que deja una pregunta abierta: ¿Quién ejerce realmente el poder hoy en Perú?

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