Héctor Rovaín tenía 34 años cuando entró a la cárcel y sus padres estaban vivos. Sale a los 57 sin haberlos podido enterrar. Luis Molina dejó a su hija como una bebé de tres años y ahora se encontrará con una mujer casada y un nieto por conocer. Erasmo Bolívar, igual que los otros dos, pasó 23 Navidades sin abrazar a los suyos. Los tres eran funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), una fuerza policial que operaba en Caracas y que ya no existe. Fueron acusados, sin pruebas, junto con otros seis oficiales, por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002, cuando una protesta convocada por la oposición intentó llegar a Miraflores y los manifestantes fueron repelidos a tiros. Balas sobre las que todavía hay dudas de dónde salieron. Ese mismo día, Hugo Chávez fue derrocado por un golpe de Estado, aunque regresó al poder 48 horas después.
Los tres policías metropolitanos eran hasta ahora los presos políticos más antiguos de Venezuela. Con ellos se inició el contador represivo de la revolución bolivariana. Su liberación bajo medidas humanitarias se concretó en la noche del martes y la anticipó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que esta semana también serían liberadas alrededor de otras 300 personas por la misma vía.
En el caso de estos tres policías, la amnistía se les había negado dos veces: en 2007, con Chávez, y en 2026, con Delcy Rodríguez. La medida se anuncia además en medio de la consternación que han dejado las recientes muertes en prisión y las denuncias de desaparición de presos políticos, como la de Víctor Quero, cuya madre, Carmen Navas, lo buscó durante más de un año antes de morir.
La liberación se registró en un video en el que los tres aparecen arrodillados besando el suelo a la entrada del penal ubicado en el estado Lara, con sus uniformes de presos y una bolsa con sus pocas pertenencias. Gran parte de su condena la cumplieron en una institución militar, pero hace cinco años fueron trasladados a esa cárcel, a más de 300 kilómetros de sus casas —son de Caracas y La Guaira—, una decisión que dificultó las visitas y la atención de sus familiares.
“Me faltarían palabras para expresar todo lo que vivimos allí adentro, pero lo más importante es dar las gracias a todas esas personas que estuvieron pendientes de nuestro caso y que nunca nos olvidaron”, dijo Erasmo Bolívar al salir.
Este jueves deberán presentarse ante el tribunal para conocer las condiciones de su libertad. El polémico caso fue radicado en el estado Aragua, aunque los hechos ocurrieron en Caracas, una de las primeras irregularidades de un proceso plagado de ellas. “A todos ellos les cambió la vida después de 23 años en la cárcel”, dice la abogada y activista Yajaira Forero, esposa de Lázaro Forero, otro de los policías metropolitanos que estuvo preso y obtuvo la libertad condicional por razones de salud hace más de una década. Forero ha sido la principal vocera de la causa y este miércoles, desde una protesta por la liberación de los más de 500 presos políticos que aún permanecen detenidos, no ocultó su emoción. “Ellos son los presos políticos con más tiempo ininterrumpido en Venezuela. Llevaban años en calabozos, en cárceles lejanas de sus casas, sin ver a sus familiares. Son años luchando por ellos, en los que cada vez que les negaron la libertad fue un dolor”.
Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín pertenecían a la extinta PM, cuerpo sustituido por la Policía Nacional Bolivariana en 2009. Fueron arrestados tras los sucesos del 11 de abril de 2002, la primera tormenta política entre el chavismo y la oposición, y el capítulo que institucionalizó la polarización en Venezuela.
Hugo Chávez, elegido en 1999, había usado su mayoría legislativa para obtener poderes especiales a través de una Ley Habilitante y gobernar por decreto en amplísimos aspectos de la administración, eludiendo los controles parlamentarios. En ese contexto, cuando la oposición comenzaba a temer las intenciones autoritarias del presidente, se desencadenó una ola de protestas tras la cual se escondía una conspiración militar para deponerlo.
El 11 de abril, una manifestación multitudinaria convocada por los partidos de oposición marchó hacia el Palacio de Miraflores para exigir la renuncia de Chávez. Un grupo de activistas chavistas apostados en los alrededores disparó contra la manifestación, desatando una balacera con los efectivos policiales a cargo del orden público. El saldo fue de 19 muertos y más de 100 heridos. Chávez cayó esa noche, pero recuperó el poder dos días después.
Al retomar el control, su Gobierno decidió abrir causas judiciales contra los responsables de la crisis. Políticos, empresarios y sindicalistas fueron acusados; con el tiempo, muchos fueron amnistiados o se quedaron en el exilio. Los tribunales se ensañaron especialmente con Iván Simonovis, jefe de la policía de la Alcaldía de Caracas, y con los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero y Julio Rodríguez, además de los oficiales Molina, Bolívar y Rovaín. A todos los acusaron de romper el cordón policial para permitir el avance de la marcha y de disparar contra los pistoleros chavistas que aguardaban armados a la multitud. Fueron condenados a 30 años de cárcel.
Simonovis cumplió 15, los últimos en arresto domiciliario, antes de fugarse del país. Los comisarios recibieron hace más de una década medidas humanitarias por razones de salud: dos padecen cáncer. Marco Hurtado y Arube Pérez salieron en 2020 y 2022 tras cumplir sus penas y tiempo adicional por el retardo en la ejecución de sus libertades. Molina, Bolívar y Rovaín, 23 años después, son los últimos en salir libres de la historia del 11 de abril.
“La comunidad internacional empezó a pedir explicaciones por los muertos y heridos de ese día, y los conejillos de indias fueron los PM, no los francotiradores y pistoleros que rodeaban Miraflores. Pero la historia nos dará la razón y se hará justicia”, dice Yajaira Forero. Los policías fueron responsabilizados sin pruebas por dos de las 19 muertes. El resto permanece en total impunidad.
El caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Con los PM se construyó una narrativa para obviar las responsabilidades concretas de quienes asesinaron a 19 personas ese día”, sostiene Alfredo Romero, director de Foro Penal, organización que defendió a varias de las víctimas y llevó el expediente a instancias internacionales, “donde es que va a empezar a determinarse alguna verdad sobre el 11 de abril de 2002”.
Para Romero, el caso es un hito en el desmantelamiento de la justicia venezolana y en la deriva autoritaria del chavismo: lo ocurrido ese día sirvió de pretexto para intervenir el poder judicial y reformar las bases del Tribunal Supremo de Justicia. “La base esencial del soporte de este régimen ha sido el control de la justicia, presentar acciones como supuestamente legales, pero con un objetivo de control político”, señala. “Eso está muy asociado con lo que está pasando actualmente en este intento de recomposición de los actores judiciales”.
La madrugada del 3 de enero, cuando el primer bombardeo sacudió Caracas, Nicolás Maduro alcanzó a grabarle un audio a su hijo. Él todavía no quiere hacerlo público —“en algún momento va a salir”, promete—, pero adelanta algunas frases: “Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante”. Era una despedida. “Él pensaba que ese día moría”, cuenta su hijo a EL PAÍS cuatro meses después del ataque que cambió abruptamente la historia de Venezuela. “Todos pensábamos que ese día iba a morir”.
Esta es la primera vez que Nicolás Ernesto Maduro Guerra —Nicolasito, como lo han llamado durante años para diferenciarlo de su padre— habla públicamente sobre el 3 de enero. Es, en realidad, la primera vez que alguien cercano al mandatario da detalles a un medio de comunicación sobre aquella traumática noche en la que murieron 83 personas, entre soldados y civiles. Cuando parece que Venezuela está pasando página, el único hijo de Maduro, de 35 años, es uno de los pocos en Caracas que sigue hablando en presente del autócrata.
Un mes y dos días después de aquella madrugada, a Nicolás Maduro Guerra le entró una llamada. Las cosas estaban más calmadas, se había abierto un “nuevo momento político” y él estaba en su escaño de la Asamblea Nacional en una de las sesiones en las que se debatió la ley de amnistía. Era uno de los hijos de su madrastra Cilia Flores.
—Nico. Nico, habla. ¿Aló?
Le estaban conectando con su padre al otro lado de la línea. Era la primera vez que escuchaba esa voz desde el 3 de enero. El diputado se quedó mudo. Se levantó de su asiento, caminó hacia atrás y subió las escaleras que hay detrás del hemiciclo. Y allí, lejos de las cámaras, lloró “un poquito”, dice ahora, sentado en una sala de juntas donde cabe varias veces el dormitorio donde detuvieron a su padre. Curiosamente, su oficina, ubicada en un barrio financiero de Caracas, está a pocos minutos del Marriott, el hotel donde los estadounidenses han instalado su base de operaciones para dictar el futuro de Venezuela sin su padre.
Desde aquel día, Maduro Guerra graba las llamadas que recibe desde la cárcel en Estados Unidos. Ellos también lo registran todo y así, ambos, van componiendo un archivo sonoro que ya es historia.
—To accept the call, press five—, escucha cada vez.
Nicolás Maduro, encerrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la única prisión federal en la ciudad de Nueva York, cuenta con 510 minutos al mes para sus conversaciones con el exterior.
—Hello, good night, how are you?
Maduro vacila a su hijo, como vaciló a todos los guardias que le observaban cuando aterrizó en Nueva York después de su captura. “Happy New Year”, les dijo con las manos esposadas en la barriga, su chándal gris de Nike y un gorro de lana cubriéndole la cabeza.
Los primeros meses de Maduro en la cárcel han sido en una celda de aislamiento, sobre una cama estrecha. Café, comida demasiado picante, un escritorio. El Gobierno de Delcy Rodríguez ha negociado con Estados Unidos una mejora de las condiciones y, según cuenta su hijo, en Semana Santa pasó a relacionarse con otros presos con los que ve la televisión. Fue ahí cuando conoció al rapero Tekashi 6ix9ine, que lo primero que hizo al salir de la prisión fue mostrar un muñeco artesanal de Bob Esponja firmado por Maduro. “Debió coincidir con él un solo día. Mi padre me dijo que le había firmado algo, pero es que yo ni sabía que él era famoso”, recuerda. “Yo soy salsero”, bromea.
Maduro ha estado leyendo la Biblia de forma obsesiva. Todos los días. “Se la aprendió. Nos dice unos versículos locos”, dice entre risas. “Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: ‘Tú tienes que escuchar Mateo 6:33. Y Corintios 3. Y el Salmo 108”, cuenta. Maduro profesaba devoción por el líder espiritual indio Sathya Sai Baba, pero ahora parece hacerlo por el Papa. El diputado apunta los salmos que le recita Maduro en un cuaderno. No es casual que los dos escritos que su padre ha publicado desde la cárcel —uno tras la primera audiencia, el pasado 26 de marzo, y otro el Domingo de Ramos— se sostengan casi enteramente sobre versículos. “Más bien una misa”, le dijo el hijo cuando los leyó.
Por suerte para su hijo, hace tiempo que Maduro lee más libros. Lo primero que pidió fueron tres textos: el Discurso de Angostura de Bolívar, las obras completas del libertador y la Constitución de Venezuela. Después llegaron biografías, libros sobre la historia de Estados Unidos, Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos. García Márquez. El Estado y la revolución, de Lenin. “Ya lleva como 60”, calcula el hijo, que asegura que ahora intercambia ejemplares con otros presos. También le ha mandado los libros de metafísica de Conny Méndez, una autora venezolana que leía su abuela. Y el código penal de Nueva York, para que Cilia Flores, abogada, lo estudie desde su celda del ala femenina de la prisión.
Maduro, el diputado, parece alguien distinto a su padre. No entra en detalles, pero es obvio que mantenían sus diferencias. Cuando era adolescente, el comandante Hugo Chávez le animó a hacer el servicio militar, pero él eligió estudiar Música y Economía. Su padre solo le tuvo a él, pero él tiene siete hijos. Su padre acabó liderando un régimen acusado de corrupción y de crímenes de lesa humanidad por la ONU, con cientos de presos políticos, denuncias de torturas y un éxodo migratorio sin precedentes en América Latina, pero él encaja las preguntas difíciles. E incluso agradece la franqueza.
Cuando se le pregunta por qué la apertura económica y política no se hizo antes si era —como él dice— el plan de su padre más allá de Donald Trump, responde que las liberaciones empezaron en diciembre. Cuando se le replica que en diciembre Estados Unidos ya estaba desplegado en el Caribe, admite: “Sí. Se cometieron errores de todos lados”. Hay una pregunta que Maduro Guerra dice que su padre debe estar haciéndose en estos meses, y que él también se hace: “¿Qué hice o no hice que pudo haber evitado el 3 de enero?”. La respuesta, afirma, no es una sola. “El 3 de enero fue una suma. De agresión, de sanciones, de errores. De intereses. De todo”.
Hoy, Maduro Guerra preside la Comisión de Política Interior, que supervisa garantías constitucionales y el sistema penitenciario. “Hemos visto excesos, por decirlo bonito”. Asume los errores del chavismo como propios, pero también marca distancias: “Yo soy miembro del partido, mi papá era el presidente, pero yo soy joven, yo no decidía”.
No parece que Maduro despache con su hijo los grandes temas de Venezuela. Tampoco está claro con quién lo hace. Ni si lo hace. En una entrevista con EL PAÍS, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reconoció que no había hablado todavía con él. Tampoco consta que se comunique con su hermana Delcy Rodríguez. Lo que sí ha hecho Maduro es respaldar desde la cárcel la gestión de la presidenta encargada. El propio apoyo de su hijo a los hermanos Rodríguez estos meses ha sido un factor de estabilidad en una Venezuela donde aún se habla de traidores.
A su hijo, Maduro le pregunta por la familia, a veces, por la Asamblea, por la comida, por el fútbol… El pasado 14 de abril el Barça quedó eliminado de la Champions y fue lo primero que le dijo. Estaba enfadado. “Coño, esa fue una cagada”, se lamentó.
Antes de aquel “Nico, Nico, habla” del 5 de febrero, el diputado había dado a su padre por muerto durante horas.
Entre las dos y las tres de aquella madrugada de enero, en mitad de las explosiones y con varios aviones de combate sobrevolando la ciudad, el hijo llamaba a su padre insistentemente. Pero él le colgaba. “Se estará resguardando”, pensó. En esas horas críticas, Maduro Guerra dice que habló con Delcy y Jorge Rodríguez. Los hermanos llegaron a creer que estaba muerto y se negaron a hablar con los mediadores de Estados Unidos hasta que no les diesen una fe de vida. “Les dijeron que si habían matado al presidente, no iban a hablar con asesinos. Yo soy testigo de eso”, recuerda. Más tarde apareció Diosdado Cabello. Tampoco sabía nada. Ahí fue cuando le dijo a su esposa: “Yo creo que a mi papá lo mataron”. Llevaba demasiadas horas sin saber de él.
Mientras la cúpula chavista se recomponía e intentaba comprender qué estaba pasando, a Maduro lo cazaban en su propia ratonera. Mucho se ha especulado —y publicado— sobre cómo el entonces presidente de Venezuela corrió hacia una cámara acorazada para evitar que lo atrapasen y que fue justo en ese momento, cuando estaba a punto de salvarse, que lo apresaron. “La cámara acorazada era un clóset de madera”, bromea su hijo. La casa donde esa noche dormía su padre —dos pisos, dos habitaciones, vidrios sin blindar, paredes sin recubrir— sigue siendo un misterio para él. “No sabemos ni por qué estaba ahí”, dice.
Lo único que sabe es lo que le han ido contando: que a su padre lo agarraron mientras intentaba meterse por “instinto de supervivencia” en el armario, que volaron la puerta de un disparo, que le destrozaron la rodilla de un golpe y que su mujer, la también diputada Cilia Flores, acabó desmayada unos segundos después de darse un golpe contra un mueble. “Menos mal que supimos que Cilia estaba bien después, porque el charco de sangre que había era bárbaro”.
A pesar de las advertencias, Trump sorprendió a Maduro. Varias entrevistas de EL PAÍS con personas que conocen de primera mano los detalles de aquella madrugada revelan que el chavista menospreció la amenaza y además calculó mal las intenciones de su adversario. “Nosotros estábamos preparados para una invasión terrestre”, dice uno de los fieles de Maduro. “El presidente estaba preparado para morir en batalla, en un bombardeo o como fuera… Estaba más que claro que eso podía ocurrir, pero no que se lo llevaran vivo”, añade. “No entraba en razón y cuando quiso ceder, la orden ya estaba dada”, cuenta otro interlocutor.
El miedo y la paranoia se apoderaron de la cúpula chavista tras la captura de su líder. No era para menos. El 5 de enero, en un confuso capítulo que nunca se aclaró públicamente, una nube de drones estadounidenses tomó el cielo de Caracas. Según han contado a EL PAÍS varias fuentes que conocen este episodio, cientos de aparatos se dirigieron a puntos clave de la capital donde se encontraban los herederos políticos de Maduro. Se paraban en las ventanas, como si escudriñasen a quien les observaba detrás del cristal. Llegaron incluso al Palacio de Miraflores, donde Delcy Rodríguez se estrenaba ese mismo día como presidenta encargada. Hubo tiroteos para abatirlos. Hubo pánico. Nadie sabía bien qué hacían ahí. El propio Maduro Guerra los tuvo frente a su oficina. “Un amigo mío que estaba en la montaña del Ávila grabó Caracas llena de drones, pero yo los vi aquí mismo”, recuerda.
Maduro, asegura su hijo, está bien y fuerte a pesar del encierro. “Es que él está consagrado al país y a la política. Y yo creo que él estaba preparado para esto. Yo sé que él siente que su victoria es que sigue vivo. Es, además, una persona muy espiritual”.
El destino de Nicolás Maduro es incierto. Enfrenta cargos por cuatro delitos de narcoterrorismo y posesión de armas. Pero su hijo y su entorno lo tratan como un rehén. “Tenemos fe en que pueda volver”, dice Maduro Guerra. Pero no en los tribunales. “El juez parece un buen hombre, vamos a dar la batalla jurídica, pero esto [su vuelta] es parte de un acuerdo político”, dice.
El pago de su defensa, que cuesta millones de dólares, ha sido uno de los litigios de sus abogados, entre los que destaca el penalista estadounidense Barry Pollack, que defendió a Julian Assange. Los letrados han logrado que Estados Unidos levante el bloqueo para que Venezuela pague la defensa de la pareja presidencial en lugar de tener que dejar sus casos en manos de un abogado de oficio. La decisión —que ha indignado a muchos venezolanos— facilita, en cualquier caso, que el juicio siga adelante. Sin una defensa adecuada, sus abogados podrían insistir en la nulidad del proceso.
“Mi papá no tiene dinero, no tiene cuentas, no tiene testaferros, no tiene nada”, asegura el hijo a pesar de las acusaciones de corrupción contra su padre. “Sería absurdo decir que vivía mal, pero la única propiedad que mi papá tiene es el apartamento que compró cuando era diputado con Cilia en El Paraíso. Y ese siempre fue el sueño de ellos: volver a ese apartamento”.
Volver. Al apartamento, a Venezuela.
Tras una hora de conversación, EL PAÍS le hace la misma pregunta con la que empezó esta entrevista.
— ¿Y usted, cómo está?
En frío, al comenzar, respondió: “La respuesta automática es bien. Hay que tener paciencia, estoy saliendo del shock y uno va asimilando la situación”. En la segunda intentona se abrió algún centímetro más: “Guardo mis emociones, trato de estar sereno, pensando en cuál debe ser mi papel para ayudar al país. Ahora soy el pilar de mi familia, de mis tías que están mayores, de mis hijas. Y, también de mi papá”.