Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 53 años como presunta autora de un delito de hurto continuado a personas de avanzada edad. La arrestada presuntamente se aprovechaba de su posición de empleada en residencias de mayores para sustraer objetos de valor a las víctimas.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2023, a raíz de la denuncia de una nonagenaria, residente en un centro de mayores de Valencia. Ella fue quien detectó dos cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por importes de 1.000 y 1.600 euros, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que una empleada del centro, aprovechando su posición laboral, habría cometido el robo. Sin embargo, la sospechosa ya había sido despedida tras ser supuestamente sorprendida por otro empleado con pertenencias de una residente.

Los agentes constataron que la ahora detenida presuntamente hurtaba joyas a personas de avanzada edad en situación “de especial vulnerabilidad”. Residían en centros de mayores donde el acceso a sus habitaciones por parte del personal es habitual, lo que habría facilitado la comisión de los hechos.

Según la Policía, la mujer presuntamente había vendido joyas sustraídas en, al menos 23 ocasiones entre febrero de 2024 y marzo de 2026, distribuyéndolas por distintos establecimientos de compraventa de la ciudad, con lo que había obtenido un beneficio superior a los 9.300 euros. Por todo ello, los investigadores la detuvieron como presunta autora de un delito de hurto continuado. La arrestada ha pasado ya a disposición judicial.

Casi siete años después de la sentencia que condenó por sedición a nueve líderes del procés, el Tribunal Supremo ha autorizado a los Mossos d’Esquadra a destruir el material intervenido durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, que sirvió como prueba en la investigación y en el juicio que se celebró dos años después. En una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal que juzgó el procés da luz verde a los Mossos para deshacerse de las urnas, las papeletas, los sobres, las actas y otros objetos y documentos recopilados por los agentes, pero les insta a conservar “una o dos muestras” de cada prueba y a enviarla a la sede del Supremo para que sea custodiada.

La decisión del alto tribunal llega a raíz de un oficio enviado a la Sala Penal por la Dirección General de Policía de la Generalitat, en el que solicitó a los jueces permiso para destruir el material requisado durante la jornada del referéndum que dio origen a la causa judicial que acabó con condenas de prisión para exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, otros cinco miembros del Govern y los líderes de la ANC y Òmnium. Esa causa es también la que derivó en la salida de España del expresident Carles Puigdemont, a quien el Supremo mantiene procesado en rebeldía.

En la resolución de la Sala Penal, fechada el 14 de abril, los jueces establecen que la destrucción deberá desarrollarse en presencia de un letrado de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales, que deberá levantar acta y, una vez realizada, remitirla al alto tribunal, junto con las muestras que no hayan sido objeto de destrucción, “para que sean custodiadas en las dependencias” del Supremo. La providencia del Supremo está firmada por los cinco de los siete magistrados que juzgaron el procés que están actualmente activos: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Andrés Palomo.

El material intervenido por los Mossos el 1-O se encuentra actualmente en los almacenes de las distintas regiones policiales, pero la destrucción deberá centralizarse en la sede central de la policía catalana, en Sabadell. El Supremo insta a enviarlo todo allí para que, una vez trasladado, se comunique al letrado de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Para ello, el Supremo ha acordado tramitar una solicitud de cooperación jurisdiccional al tribunal autonómico.

La actuación de los Mossos durante la jornada electoral fue muy criticada por el Gobierno de entonces, presidido por Mariao Rajoy, y el máximo responsable de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, llegó a ser juzgado junto a la intendenta Teresa Laplana, al exdirector del Cuerpo Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, pero todos fueron absueltos.