¿Te imaginas vivir sin educación pública? Esa pregunta se la podrían hacer muchos madrileños, pero son los profesores los que invitan ahora a planteársela. Aunque más que invitar, obligan a pensar hacia dónde va el sistema pública madrileña con las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este domingo han salido a las calles miles de personas entre docentes, familias y estudiantes de todos los niveles de enseñanza, desde Infantil hasta la Universidad, para reclamar a la Comunidad de Madrid que ponga fin al “abandono institucional” y a los “recortes” del sistema educativo público.

Los manifestantes, unos 50.000 según los cálculos de los organizadores, han salido de Atocha a las 12.00 con carteles de “sin educación no hay futuro”, “callar es complicidad” y “la educación no se vende” y han recorrido algunas de las principales calles madrileñas hasta Sol, donde se han plantado para exigir sus derechos. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid nos tiene sometidos a todos los niveles educativos a situaciones de infrafinanciación, a condiciones laborales nefastas, a condiciones para el estudiantado también deplorables, que hacen que la educación pública madrileña se vea actualmente en un serio peligro”, ha denunciado Jorge Pérez-Huet, estudiante de la UCM y militante del Frente de Estudiantes.

Han participado todas las enseñanzas porque el profesorado entiende que los problemas de la educación pública madrileña son transversales. La lista de reivindicaciones es larga: la falta de recursos crónica, la sobrecarga y el abandono institucional en la educación especial; la creciente privatización y reducción del personal administrativo; la invisibilización de las trabajadoras; los bajos salarios, las largas jornadas y las elevadas ratios desde los 0-3 años a la secundaria; la falta de prácticas para el alumnado de Formación Profesional; la escasez de recursos que provoca la expulsión de estudiantes con necesidades educativas especiales y también la degradación y represión en las universidades.

La marea verde, como se conoce al movimiento de defensa de la educación pública, este domingo tuvo tintes amarillos, el color que representa a los profesores del primer ciclo de la Educación Infantil, que están una huelga indefinida sin precedentes que comenzó el pasado 7 de abril. “Era el día para demostrar la fuerza que tiene el 0-3″, dice Rosa Marín, profesora de Infantil y portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que asegura que su lucha “no va a parar” hasta que no consigan mejorar sus condiciones de trabajo. La sensación que tiene el gremio es de “abandono”, tanto por parte de la Consejería de Educación como del Ayuntamiento de Madrid, que tiene su propia red de escuelas infantiles. Sus demandas se centran en las bajadas de ratios y en las subidas salariales, en este caso, sobre todo, en los centros gestionados por el Gobierno municipal, en los que los sueldos rondan el SMI.

Los profesores de instituto, por su parte, han reivindicado una bajada de las horas lectivas, como ya venían pidiendo desde el curso anterior. Los de FP, mayor financiación y ampliación de plazas para que ningún estudiante tenga que verse obligado a pagar un centro privado por no conseguir hueco en la pública. Y los de las universidades, que no están convencidos con el nuevo acuerdo de financiación plurianual que firmó la Consejería de Educación con los rectores de la pública.

“Se ha hablado de una subida de 14.800 millones de euros, que de manera descontextualizada puede parecer una subida relevante, pero que como ya se ha analizado en las asambleas por la pública esta supuesta subida, además de contar con fondos, como las tasas que recaen sobre las familias, nos dejaría en una situación de precariedad e infrafinanciación muy parecida a la actual”, afirmaron a través de un comunicado conjunto las diferentes plataformas convocantes. “Esto no es más que un nuevo intento de desmovilización por parte tanto del gobierno de la Comunidad de Madrid como de la propia CRUMA [la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid]”, apuntan.

En medio de esta tormenta que sufre la educación pública, la Comunidad de Madrid aviva su “romance” con la concertada, aseguran los convocantes a través de un comunicado, “la tendencia es clara: recortar lo público para abrir paso a lo privado”. “Cada año aumenta la financiación de la educación privada y concertada por diversas vías mientras se cierran grupos en educación 0-3 y obligatoria o asignaturas en la universidad”, añaden. Recuerdan también que el gasto para financiar etapas no obligatorias en escuelas privadas, como en bachillerato, FP o en primer ciclo de Infantil, no ha parado de crecer con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en detrimento de los centros públicos.

Los diferentes colectivos señalan que llevan más de un años preparándose para llegar hasta este día de unión de todas las etapas educativas en la Comunidad de Madrid. Los diferentes colectivos afirman sentirse más “fortalecidos y coordinados” que nunca para defender sus derechos. “Lo que reivindicamos es un cambio radical en la política de la Comunidad de Madrid hacia la educación pública; unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores de educación y una construcción de una educación pública, gratuita y de calidad, para la clase trabajadora y para sus hijos e hijas”, concluye Pérez-Huet.

La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y la eurodiputada de Podemos, Isa Serra, han pedido a Isabel Díaz Ayuso que condene los gritos “racistas” de “mona, mona” y “fuera la mona” que se escucharon el sábado durante la intervención de Carlos Baute en la Puerta del Sol, durante la espera a la líder opositora María Corina Machado. Bergerot y Serra han expresado su “repulsa” hacia unos cánticos “racistas”, dirigidos a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Los gritos se produjeron casi una hora antes de la aparición de la líder opositora venezolana en el balcón de la sede de la Comunidad de Madrid. Durante la espera, el cantante venezolano Carlos Baute, que interpretó algunos temas, alentó a los asistentes y animo a que los asistentes reprodujeran un grito “intolerable”, insistió Bergerot. “Son unos cánticos intolerables en un acto oficial de la Comunidad. Exigió a Ayuso que condene estos actos porque no solo degradan a las personas racializadas sino también a cualquier demócrata”, dijo Bergerot este domingo a los medios durante un acto en poyo a la educación publica.

Según Delegación de Gobierno, unas 11.000 personas abarrotaron ayer la puerta del Sol en Madrid para escuchar a la líder opositora María Corina Machado. Sin embargo, antes del encuentro, Díaz Ayuso, acompañado de su gabinete, hizo entrega dentro del edificio de Correos de la Medalla de Oro de la CAM.

Los gritos surgieron de algunos asistentes de las primeras filas del público, pero se extendieron por la plaza cuando fueron promovidos por el cantante desde el escenario. Poco después llegó la aparición de Ayuso y la líder opositora desde el balcón y la posterior intervención de María Corina Machado desde ese mismo escenario. Durante la hora que duró el mitin en la Puerta del Sol los únicos gritos que se escucharon fueron “libertad, libertad”.

Desde que el viernes tuviera su primer acto público en la sede de Génova, la izquierda de Madrid se ha desmarcado de la visita de María Corina Machado a Madrid y de la Medalla de Oro que recibió de Ayuso, máxima distinción de la Comunidad, al considerarlo un gesto de humillación, “como el que ya hizo con Trump y con el Nobel de la Paz”, dijo Bergerot.

También en el Ayuntamiento de Madrid contó con la oposición del PSOE y de Más Madrid, que calificaron la Llave de Oro que le entregó Almeida como “una fiesta privada del alcalde”. “Es una distinción reservada a jefes de Estado en visita oficial. María Corina Machado no es jefa de Estado de ningún país. Si el PP quiere montar una fiesta privada, que la paguen ellos desde Génova”, dijo Rita Maestre. En su viaje a Madrid, que termina el lunes, Machado no se verá con Pedro Sánchez a pesar de la invitación a reunirse con él cursada por La Moncloa, pero sí ha estado con el Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el líder de VOX, Santiago Abascal.

Comunicado de la embajada

La Embajada de Venezuela en España ha pedido perdón por los cánticos racistas. “Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio”, ha expresado la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo. La embajada ha condenado especialmente que las expresiones se dirigieran contra una mujer, al considerar que ello configura “una forma de violencia política basada en misoginia y racismo”. El comunicado señala además que llamar “mona” a una mujer constituye “un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos”.

También se ha pronunciado este domingo la opositora venezolana María Corina Machado. En una entrevista con Efe,ha rechazado los cánticos racistas. “Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos”. “Por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza”, ha afirmado.

El juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles ha admitido a trámite la querella de una exconcejala popular de la localidad madrileña por acoso laboral y sexual (y otros delitos) contra el alcalde, Manuel Bautista, y contra el PP. La mujer decidió acudir a los tribunales tras pedir amparo a su partido durante meses y después de que EL PAÍS desvelara el caso el pasado 4 de febrero. A partir de ese momento considera que fue objeto de una campaña de desprestigio por parte del regidor y de distintos dirigentes del PP madrileño, hechos que ha llevado también ante la justicia.

La querella, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la presentó su letrado, Antonio Suárez-Valdés, en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid). Pero de ahí fue derivada a un tribunal especializado en violencia machista, que la admitió a trámite el 15 de abril. Se trata de un escrito de casi un centenar de páginas por presuntos delitos cometidos tanto por Bautista como por el propio Partido Popular como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31 bis del Código Penal.

El auto de la jueza Eloísa Márquez de Prado afirma que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” y acuerda la incoación de diligencias previas. Cita a declarar a la mujer el próximo 29 de junio, pide que sea reconocida por un médico forense “a fin de determinar las consecuencias lesivas sufridas como consecuencia de los hechos denunciados” y que se dé traslado a los querellados.

La querella relata que en otoño de 2022 Manuel Bautista pide a la hoy querellante que colabore en su equipo y acaba colocándola como número dos de su candidatura. Según su testimonio, en ese contexto de cercanía profesional empezaron las insinuaciones sexuales, especialmente durante los trayectos en coche en los que estaban a solas. La exedil describe esas propuestas como reiteradas y explícitas, y asegura que desde el comienzo dejó claro su rechazo.

Tras esa negativa, la mujer sostiene que la relación cambió radicalmente y comenzaron la “discriminación” y el acoso profesional. Según la querella, el alcalde pasó de las proposiciones a difundir rumores falsos sobre una supuesta relación entre ambos, con comentarios de carácter sexual en el entorno del partido. Ese contexto, afirma, le generó una gran incomodidad y la llevó incluso a plantearse abandonar la candidatura antes de las elecciones.

Una vez en el Ayuntamiento, la denunciante asegura que ese comportamiento derivó en acoso laboral. Relata que fue progresivamente apartada de sus funciones, excluida de reuniones y privada de visibilización institucional. Según la querella, se produjo un proceso de aislamiento que culminó con el intento de retirarle sus competencias y un trato que considera humillante dentro del propio equipo de gobierno.

“Puede comprobarse en el diario de sesiones que, durante el periodo de más de un año que desarrollé mi puesto de concejal, todos mis compañeros defendieron mociones excepto yo”, escribe en la querella, en la que añade un listado de situaciones en las que considera que recibió un trato degradante.

“Manuel me prohíbe ir a actos convocados por el PP de la Comunidad de Madrid y participar activamente en actos y eventos del PP de Móstoles”, explica la mujer. “Se produce una reasignación continúa de tareas menores que no se corresponden con mis funciones ni con mi cargo como concejal, privándome de cualquier presencia en actos relevantes”.

El PP de Madrid: “¿Te merece la pena denunciar? ¿Por tus hijos, por tu padre?”

La entonces edil pidió ayuda a los órganos internos del PP. Durante meses, reclamó al partido en Madrid que investigara los hechos y que se activaran los protocolos internos previstos para situaciones de acoso. Tras dirigirse al gabinete de la presidenta Díaz Ayuso, fue remitida a su número dos, Alfonso Serrano, quien a su vez designó a Ana Millán como interlocutora con la concejala. En una reunión celebrada el 11 de marzo de 2024, a la que se incorporó más tarde Serrano, Millán trató de forma insistente de disuadir a la edil de acudir a los tribunales empleando expresiones, según la querella, como “protegerte es no hacer nada”, “una denuncia pública no te beneficiaría”, “ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir”, “llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, ¿de verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre?“, o “en seis meses te han destruido psicológicamente”.

La mujer no acudió a los tribunales en ese momento y continuó solicitando al partido que actuara por la vía interna. Insistió. Pero el PP madrileño no adoptó ninguna medida efectiva. Millán llegó a reconocerle, según su relato, que era “amiga personal” de Bautista, a pesar de lo cual fue la encargada de abordar el asunto.

La presión le afectó tanto que la exedil acabó entregando el acta de concejala y solicitando la baja como afiliada del partido, en el que militaba desde 2010. Después acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, órgano encargado de velar por el cumplimiento de los estatutos del partido. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el expediente fue archivado sin escucharla, sin citar a los testigos propuestos y sin que se le notificara el cierre del procedimiento. El asunto quedó así zanjado en el ámbito interno.

En este contexto, la querella argumenta que concurren no solo conductas encuadrables en el delito de acoso sexual, sino también en el acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones y coacciones. Los atribuye al alcalde, Manuel Bautista, y también al PP como persona jurídica.

Y el escrito considera que puede concurrir un delito de revelación de secretos por lo que sucedió después, cuando los hechos fueron publicados por EL PAÍS el pasado febrero y, lejos de apoyar a la persona que estaba denunciando el acoso, comenzó por parte del alcalde y algunos dirigentes del PP madrileño lo que la mujer considera una estrategia de descrédito. En concreto, desde la Comunidad de Madrid se difundió información tergiversada y fueron enviados a los medios los correos electrónicos que se había intercambiado con ellos, en uno de los cuáles aparecía su identidad. Desde el gabinete de presidencia se dijo que había sido un “error”.

La querella pide que declaren como testigos 11 personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano; y Ana Millán. La inclusión de estos nombres responde, según la defensa, al papel que desempeñaron en la gestión interna del caso una vez que la concejala puso en conocimiento del partido lo que estaba ocurriendo.

La querella aporta una lista más amplia de testigos para acreditar sus afirmaciones, así como documentos e informes médicos para verificar que hubo profesionales médicos acompañándola desde que comenzó todo en 2023. La Fiscalía había pedido el pasado 9 de marzo que se diera impulso procesal al caso y se abrieran diligencias previas, lo que finalmente ocurrió el pasado miércoles.

El viernes, tras publicar EL PAÍS un extracto del contenido de la querella, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al regidor a pesar del relato de la exedil. Aseguró que Bautista “es magnífico y está haciendo un trabajo de primera” y señaló que “no sabe de qué se le está acusando”. La oposición salió en tromba una vez más a exigir la dimisión del alcalde. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, insistió en que todas las informaciones apuntan a que Bautista “ejerció un patrón de acoso sexual y laboral contra una compañera de su partido aprovechándose de su posición de poder”.