La Fiscalía Anticorrupción investiga penalmente al Ayuntamiento de Valencia, que preside María José Catalá (PP), y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de la recolocación a dedo de trabajadores del denominado Consorcio Valencia 2007, de titularidad pública, según confirma a EL PAÍS el Ministerio Público.

Junto a Catalá, las pesquisas indagan la presunta implicación en esta irregularidad de dos concejalas del Consistorio, Rocío Gil y Paula Llobet, y de la presidenta de la APV, Mar Chao. La Fiscalía también apunta a cuatro trabajadores públicos. El Consorcio Valencia 2007, desde donde partió la supuesta recolocación a dedo a otras entidades públicas, es una entidad integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.

La investigación de Anticorrupción, que ha avanzado The Objective, arrancó tras una denuncia presentada en febrero por Compromís, que sostenía que Catalá, Chao y las concejalas Rocío Gil, presidenta de la Fundación Deportiva Municipal; y Paula Llobet, de la sociedad pública Visit Valencia; impulsaron un proceso de “subrogación encubierta” de trabajadores que formaban parte del Consorcio Valencia 2007. Y que después pasaron a ocupar cargos directivos en dos entidades municipales y en la Autoridad Portuaria de Valencia. La supuesta irregularidad se cometió en 2024, según la denuncia.

Las pesquisas indagan, entre otros, el proceso de contratación que se produjo en la Fundación Deportiva Municipal, que en abril de 2024 aprobó dos convocatorias de contratación pública para puestos directivos del área administrativa y económica. Y, según Compromís, el Ayuntamiento maniobró para colocar a los empleados procedentes del Consorcio Valencia 2007. Unos hechos que contemplarían los delitos de prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas- y tráfico de influencias.

El foco de la investigación también apunta a los supuestos manejos para colocar a trabajadores de forma irregular en la Fundación Visit Valencia, que en mayo de 2024 publicó tres convocatorias laborales. Una de ellas, permitió la contratación de un empleado procedente del Consorcio Valencia 2007, cuya plantilla fue despedida en julio de 2024. Las otras dos plazas se declararon desiertas. En un caso porque el aspirante no cumplía los requisitos y, en otro, porque no se resolvió.

Con el mismo modus operando, según la denuncia, la Autoridad Portuaria de Valencia, ofertó en abril de 2024 dos plazas para las áreas de infraestructuras y economía y anunció pruebas selectivas. El proceso también habría estado dirigido presuntamente a facilitar la contratación a dedo de los candidatos procedentes del Consorcio Valencia 2007.

Un Informe de la Intervención General del Estado de auditoría ya sembraba dudas en 2024 sobre las contrataciones en la APV. “La gestión de las plazas convocadas para personal excluido del convenio resulta deficiente con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”, rezaba el documento.

Una de las plazas mencionadas por la Intervención general del Estado en su informe es un empleo que ahora investiga la Fiscalía, según Compromís. El organismo fiscalizador destacó que, de los 11 candidatos que aspiraban a este puesto, solo dos cumplían con los requisitos de experiencia. Y uno de ellos fue excluido del proceso “sin que hubiera soporte legal”. “Podrían no respetarse los principios de acceso a la función pública”, censura el organismo fiscalizador.

La portavoz municipal de Compromís en Valencia, Papi Robles, enmarca la presunta recolocación irregular en “una trama para contratar a afines en puestos directivos y acusa al gobierno municipal de PP y Vox de utilizar las instituciones como ”una agencia de colocación”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento, y ha dicho que la actuación de Anticorrupción es “un trámite” que se hace “con absoluta normalidad”. Ha explicado que el proceso de recolocación de personal tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 ha sido “totalmente trasparente” en el caso del Ayuntamiento, al que solamente afecta el caso de un trabajador que pasó a la Fundación Visit València. En esta fundación sin ánimo de lucro participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y empresas del sector turístico.

La Autoridad Portuaria de Valencia ha declinado valorar el caso. “No informamos de los tramites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha que consideramos forman parte de una instrucción. Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador”, ha asegurado el organismo.

Una tabla de Excel fue el problema. Ignacio Zaldívar, trabajador de Adif, la hizo para consumo propio. Nunca pensó que traspasaría las paredes de su despacho para llegar hasta el Tribunal Supremo. En ella apuntó “presidencia” junto al nombre de Jésica Rodríguez como una bandera roja para recordarle que esa chica era un caso “especial”. La huella laboral de la joven, la expareja de José Luis Ábalos a la que el exministro de Transportes colocó ―gracias a las gestiones de su fiel colaborador, Koldo García―, en hasta dos empresas públicas, ha sido uno de los rompecabezas que los magistrados han intentado descifrar en la segunda sesión del juicio por los presuntos amaños en la compra de mascarillas. No ha sido una tarea sencilla, porque el rastro era endiablado y porque el relato de los testigos tampoco lo ha puesto fácil.

El cuadro lo han pintado dos trabajadores de Ineco, una de Tragsatec y Zaldívar, de Adif. El tribunal ya venía de escuchar a antiguos directores gerentes de Logirail ―otra empresa pública en la que Ábalos y García lograron situar a una segunda mujer: Claudia Montes― y al expresidente de Renfe Isaías Táboas, también por la contratación de la ex miss Asturias +30 de 2017, que se ha definido como “amiga” y “compañera de partido” de “José Luis”. Fuera por el cansancio o por la complejidad de los hechos, lo cierto es que el tribunal se ha rendido a la evidencia. “Pero usted ¿pertenece a Adif?, ¿y también a Ineco?“, ha preguntado el presidente, Andrés Martínez Arrieta. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ya mostraba también cierto hartazgo, ha sido el encargado de desenredar la madeja con un pedagógico interrogatorio sobre cómo funcionaba la dinámica de contrataciones entre las compañías dependientes de Transportes.

Zaldívar, que estaba ahí sentado, ha sido el cooperador necesario de Luzón. Y desde la silla que el tribunal reserva a sus interlocutores, con sus gafas, su vestimenta oscura y su tono pausado, ha ido explicando ―no sin cierta dosis de paciencia― que Adif usaba a Ineco y Tragsatec como caladero cuando necesitaba personal con perfiles concretos para proyectos puntuales. El recorrido habitual era entrar por Ineco, donde no superaban los dos años de contrato, y seguir en Tragsatec, pero siempre vinculados a encargos de Adif. Eso mismo hizo Rodríguez. Alberto Durán, el abogado del PP, que lidera las acusaciones populares, ha sido el único en llamar la atención sobre este modus operandi. “Usted sabe que eso en derecho laboral no es admisible”, le ha dicho. “Perdone, pero yo soy un técnico y me está poniendo en un brete”, ha espetado Zaldívar.

Navegando entre fichas, partes y certificaciones

Aclarado este punto, el siguiente reto ha sido averiguar quién debía vigilar a Rodríguez, si se dio cuenta de que no trabajaba y si tomó medidas. Amparo Monterrey, actual trabajadora de Ineco que no lo era en esa época pero a la que se encomendó investigar a posteriori qué había pasado, ha confesado que en la empresa “fue una sorpresa” enterarse por la prensa de que tuvieron en nómina a alguien que no desempeñó actividad laboral alguna. “No consta que hubiese ninguna incidencia” porque “ella” o alguien con su “usuario” rellenaba los partes de trabajo, ha justificado. La persona que recibía estos partes, María Dolores Tapia, lo ha confirmado. Ha costado porque “Mariló” ha sido exquisita a la hora de denominar los documentos que manejaba. Ha llegado un momento en que ni el fiscal, ni el tribunal, ni nadie sabía de qué papeles hablaba. “Eso es una ficha y el parte de horas es otra cosa”, ha soltado, en un verdadero esfuerzo explicativo. El testimonio se ha encarrilado y ha quedado claro que lo único que la llevaba de cabeza era que la joven “imputara horas en un festivo local”, pero eso era algo que siempre le tocaba corregir. “Los chicos se equivocan”, ha asumido Tapia, que al final se ha sentido tan cómoda que, pese a que la sesión terminaba, no veía problema en seguir el juicio. “Fenomenal”.

Por Tragsatec ha comparecido Raquel Yagüe, otra trabajadora que lo es en la actualidad pero que no lo era en la época y de la que el tribunal solo ha sacado en limpio que su certificado (también palabra importante) reflejaba la realidad sobre lo que Rodríguez cobró de esa empresa, unos 9.500 euros. Zaldívar ha rematado la jornada como emisario de Adif. Su papel, ha indicado, era hacer seguimiento de esos proyectos en los que había personal enviado por Ineco y Tragsatec. Entre “relaciones”, “certificaciones” y “confirmaciones”, ha revelado que la joven nunca estuvo adscrita a la Presidencia de Adif. En su Excel lo puso así porque la entonces presidenta, Isabel Pardo de Vera, le llamó por teléfono hasta dos veces con un mensaje alarmante: “Me ha llamado el ministro, que estáis molestando a esta”. Una vez fue porque Ineco no conseguía localizarla para darle unos cheques de comida; la segunda, por un problema en Tragsatec que Zaldívar no logró averiguar. La joven, con la que habló por el primer incidente, le parecía “altiva y soberbia” pero no era su “misión” saber “qué hacía” y la recomendó para continuar en Tragsatec, como con todo el mundo. “Yo soy correa transmisora. Simplemente, transmito”.