Una corte federal de apelaciones rechazó este miércoles la política impulsada por la Administración de Donald Trump que permite a agentes migratorios detener sin posibilidad de fianza a prácticamente cualquier persona indocumentada en proceso de deportación, incluso si ha vivido durante años en Estados Unidos sin antecedentes penales.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta y jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama, representa otro revés judicial para la interpretación que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adoptó el año pasado sobre la ley migratoria de 1996. Bajo esa nueva interpretación, cualquier persona que hubiera ingresado al país sin autorización podía ser considerada automáticamente como “solicitante de admisión” y, por tanto, quedar sujeta a detención obligatoria mientras avanza su caso migratorio.

El fallo fue emitido por un panel dividido de tres jueces. La mayoría sostuvo que el Gobierno federal excedió el alcance de la ley al intentar aplicar de manera masiva una disposición originalmente diseñada para personas recién llegadas a la frontera.

“En pocas palabras, la redacción que el Congreso ha optado por utilizar no otorga al Poder Ejecutivo la facultad ilimitada de detener, sin posibilidad de fianza, a todo extranjero no admitido que se encuentre en el país”, escribió el juez Stanley Marcus en la opinión mayoritaria. El magistrado agregó que “en ninguna parte del texto” de la ley de 1996 “encuentra esa interpretación un fundamento sólido”.

Durante décadas, administraciones de ambos partidos interpretaron la legislación como una herramienta enfocada en personas detenidas poco después de cruzar la frontera. Quienes ya vivían dentro del país, muchas veces desde hacía años, podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez migratorio antes de permanecer detenidos por el ICE.

Sin embargo, la reinterpretación adoptada en julio de 2025 amplió drásticamente el alcance de la medida. Desde entonces, personas con trabajos estables, familias estadounidenses y sin historial criminal podían quedar detenidas automáticamente mientras enfrentaban procesos de deportación. La política también provocó un incremento considerable en la población detenida por el ICE, y el número de personas bajo custodia migratoria superó las 70.000 a principios de este año.

La decisión del 11º Circuito se produce después de que dos tribunales de apelaciones respaldaran la política del Gobierno de Trump y otros dos la rechazaran. Un quinto tribunal terminó dividido, sin alcanzar una mayoría clara.

Esa fractura judicial aumenta la posibilidad de que la disputa llegue próximamente al Tribunal Supremo, que probablemente tendrá la última palabra sobre la legalidad de la política de detención obligatoria.

La decisión también llega después de una ola de demandas presentadas por migrantes detenidos en distintos puntos del país. Cientos de tribunales federales han fallado en contra de la interpretación impulsada por la Administración Trump, en muchos casos a través de peticiones de habeas corpus presentadas por personas que buscan recuperar su libertad mientras avanzan sus procedimientos migratorios. El Departamento de Justicia no ha hecho declaraciones sobre el fallo.

La jueza Barbara Lagoa, designada por Trump, votó en contra de la decisión de la mayoría y defendió la postura de la Administración. En su opinión disidente, argumentó que el tamaño de la población afectada refleja años de falta de aplicación estricta de la ley migratoria, no un exceso de la interpretación actual. “El hecho de que el Poder Ejecutivo no haga cumplir una ley no puede limitar su significado de manera retroactiva”, escribió Lagoa. “En todo caso, el crecimiento de la población pone de relieve las consecuencias de la falta de aplicación de la ley, más que el alcance previsto de la misma”.

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