Decenas de miles de jóvenes han tomado las calles en Francia, Bélgica, España, Portugal, Italia y Albania. Se suman así a la llamada revolución de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), que impulsó en los dos últimos años la caída del Gobierno de Bangladés, la dimisión del primer ministro de Nepal y la disolución del Gobierno de Madagascar. Ahora, en Europa, a las puertas de un superciclo electoral, en el que se decidirán los gobiernos de cuatro de los cinco países más poblados de la UE (Francia, Italia, España y Polonia), los jóvenes comparten un descontento generacional marcado por la sensación de que su futuro se vuelve cada vez más estrecho y precario.
Francia ha concentrado la atención de los medios. Las movilizaciones duran ya más de un mes y han llegado a congregar a 266.000 personas en una sola jornada. Fueron lideradas inicialmente por estudiantes de secundaria. El pasado sábado se unieron los chalecos amarillos y los sindicatos, agricultores, transportistas y funcionarios públicos. El detonante ha sido el deterioro de la educación pública: reclaman más gasto en profesores, menos alumnos por aula y mejores instalaciones educativas.
Las reivindicaciones se topan con una creciente presión sobre las finanzas públicas. Los países de la UE acumulan una deuda pública equivalente al 82,9% del PIB, con Francia entre los más endeudados de los 27, con un 117,6% del PIB.
Los franceses han inspirado a los estudiantes belgas e italianos. “Facciamo come in Francia”, hagamos como en Francia, reclaman desde el sur del continente. “Dinero para la escuela, no para la guerra”, gritan en las calles de Roma, Milán y Turín, entre otras ciudades. En Bélgica, las movilizaciones responden a los recortes en la educación francófona y al aumento previsto del coste de las matrículas universitarias. El Gobierno de la Federación Valonia-Bruselas aprobó un plan de cerca de 500 millones de euros en recortes, repartidos entre distintos sectores, incluida la educación.
La presidenta de la Federación de Estudiantes Francófonos de Bélgica (FEF), Lenaïk Dumont, relata por correo que el catalizador de las protestas este año ha sido la reforma al decreto Paysage, que establece límites al tiempo y los créditos académicos necesarios para continuar los estudios con financiación pública. “Ya estamos en un ambiente de precariedad, en el que muchos de nosotros tenemos que trabajar mientras estudiamos e incluso apoyar económicamente en casa, y esta reforma fuerza a los universitarios a completar sus estudios lo más rápido posible para poder recibir los subsidios, incluso si su situación financiera es precaria”, denuncia Dumont. “El acceso a la universidad no debería depender de tu capacidad para acumular deudas; la educación es un derecho, no un privilegio”, recalca.
En Portugal, a semejanza de España, miles de jóvenes han iniciado protestas contra el encarecimiento de la vivienda. En la madrugada del domingo, cientos de personas desafiaron las órdenes de desalojo y pasaron la noche acampadas en el centro de Lisboa y Oporto para reclamar viviendas asequibles, informa Efe. Los manifestantes instalaron decenas de tiendas en la plaza del Rossio, una de las más emblemáticas de Lisboa, y en la plaza de Dom João I de Oporto, escenario esta semana de un desalojo policial que dejó cerca de cuarenta heridos, según los organizadores. Las acampadas comenzaron después de las manifestaciones celebradas el sábado en varias ciudades portuguesas contra el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida.
En Milán, graves disturbios
En Italia la noche del sábado degeneró en graves disturbios en algunas ciudades de Italia, especialmente en Milán, en emulación de lo que sucedía en Francia, informa Íñigo Domínguez. Durante la jornada se habían sucedido manifestaciones de protesta sin incidentes por la educación escolar y contra el coste de la vida, y una de 100.000 personas en Roma convocada por el principal sindicato italiano, CGIL, que proclamó una huelga general para el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, a última hora aparecieron grupos violentos que se enfrentaron con la policía, en algunos casos muy jóvenes y menores de edad. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo alarmado que no había visto nada igual en 10 años y lamentó que la presencia policial era insuficiente. Este domingo se volvieron a registrar incidentes similares en la ciudad que dejaron 160 detenidos, muchos de ellos menores.
Las protestas que derivaron en actos de violencia, sobre todo en Milán, Turín, Bolonia, Brescia y Bérgamo. Al menos 141 agentes resultaron heridos. Lo que más conmoción ha causado son los episodios de ataques y saqueos a tiendas. En Milán, en la plaza del Duomo y la galería de Vittorio Emanuele. En Turín fue asaltada la gran librería Feltrinelli de la estación de Porta Nuova.
Rápidamente, como en otras ocasiones, se desató una pelea política. Pese a que todos los partidos condenaron los actos violentos, la primera ministra, Giorgia Meloni acusó a la izquierda de justificarlos. En todo caso, ante esta insólita explosión de rabia, todos los medios han destacado que los violentos aparentemente no tenían adscripción política alguna.
Donatella della Porta, socióloga y politóloga italiana especializada en movimientos sociales, explica por correo: “La Generación Z se ha criado atravesando múltiples crisis —austeridad, cambio climático, pandemia y ahora guerras— y se ha socializado en las protestas de solidaridad con Palestina y contra el genocidio israelí. En Italia los llamamos la Generación Gaza”.
Este sentimiento en favor de Palestina también ha florecido en Países Bajos, donde los universitarios bloquearon y ocuparon espacios académicos en Ámsterdam y Utrecht en mayo de 2024 para exigir que sus instituciones rompieran relaciones con universidades israelíes. Ahora, las movilizaciones se extienden también a los recortes universitarios y al rearme militar. Evy Kras, presidenta del sindicato nacional de estudiantes neerlandés, comenta que su organización lleva más de una década protestando contra el “sistema de préstamo”, implementado en el país en 2015, que cambió subsidios a los universitarios por deuda. “Algunos estarán pagando hasta los 40 años”, denuncia. La beca básica fue restablecida en 2023, pero persiste la deuda acumulada por quienes estudiaron bajo el sistema anterior.
También se concentran en su oposición a la militarización. El sindicato participó en el movimiento Stop de Oorlogskoorts (Frenemos la fiebre bélica), que organizó una manifestación en Ámsterdam el 27 de septiembre, y prepara huelgas y paros estudiantiles para el 20 de noviembre. “Hemos tenido poco contacto con organizaciones de otros países, pero al final ninguno de nosotros quiere combatir en una guerra ni ser llamados a filas mediante el servicio militar obligatorio”, explica Kras.
Mientras, al este del continente es donde más se han hecho notar los manifestantes. En Serbia, casi dos años de protestas continuas tras el desplome de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad, que provocó 16 muertes, han desembocado en la convocatoria de elecciones anticipadas. En Albania, más de cuatro meses de protestas inicialmente pacíficas contra proyectos turísticos, entre ellos uno impulsado por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, han confluido esta semana con una revuelta estudiantil, que ha causado graves destrozos en edificios públicos como el Tribunal Supremo o el Ministerio de Educación, incendiados en parte.
Desencanto político
Aunque Europa no atraviesa una crisis económica comparable a la de 2008, las perspectivas de los jóvenes están condicionadas por la precariedad. En agosto, el desempleo entre los menores de 25 años alcanzó el 15,4% en la Unión Europea, frente al 6,1% general. En 2025, el 24,2% de los europeos de entre 15 y 29 años se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción superior al 20,9% del conjunto de la población.
Uno de los problemas a los que apuntan los expertos es el desequilibrio demográfico. Tim Vlandas, politólogo de la Universidad de Oxford, acuñó el término “gerontonomía” para describir una economía en la que el creciente peso electoral de los mayores —que han pasado de ser el 17% de la población europea en 2005 al 22% en 2025, más que los menores de 20 años— incentiva políticas que favorecen mantener el consumo y las pensiones frente a la inversión social y el crecimiento futuro.
Las diferencias en edad se reflejan en las urnas. En España, el 51% de los mayores de 65 años, según un sondeo de 40dB de junio de 2026, vota al PP o al PSOE, mientras que la juventud se decanta por Vox (empatado con el PP entre el electorado menor de 25 años). En Francia, que celebra elecciones presidenciales en abril de 2027, las encuestas muestran que un 77% opta por la ultraderecha del Agrupamiento Nacional o la izquierda populista de La Francia Insumisa, frente a solo el 23% del resto de los partidos. Y en Italia, de cara a las legislativas del año que viene, casi el 50% de los votantes de entre 18 y 34 años se inclina por el bloque opositor de izquierdas frente a menos del 30% que respalda a la coalición de Giorgia Meloni, según sondeos de YouTrend.
La radicalización se combina con un desencanto con la política: en Francia, un 74% de los votantes menores de 30 niega que la clase política los represente o escuche, un dato similar al 69% en Italia o el 59% en España, según encuestas nacionales en cada país.
La estudiante belga Lenaïk Dumont reivindica: “Los jóvenes no somos apáticos, no nos falta interés en la política, estamos enfadados y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”. También reclama que sus protestas no son nuevas, llevan más de un año en las calles, como en el resto de Europa. La Unión Europea de Estudiantes (ESU), que representa a organizaciones estudiantiles de todo el continente, registró 54 acciones de protesta en 22 países entre marzo y mayo de este año, frente a 31 en 13 países durante el periodo anterior.
En una pancarta exhibida este viernes por estudiantes italianos podía leerse: “Si nos quitáis el futuro, os bloqueamos el presente”. Queda por ver cómo se materializará este bloqueo en las citas electorales.
¿Atacó Ucrania los intereses de Alemania, su mayor aliado económico y militar en la guerra contra Rusia? Esta es la gran pregunta que marcará un juicio histórico que empieza este miércoles en Hamburgo. Serhii Kuznetsov, ciudadano ucranio de 50 años, se sentará ante un tribunal acusado de cometer un crimen de guerra al atentar con explosivos contra una infraestructura civil y alterar el funcionamiento de un servicio público alemán. Kuznetsov era, según la Fiscalía, el líder de un equipo de fuerzas especiales bajo órdenes de autoridades ucranias que saboteó en septiembre de 2022 los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y Nord Stream 2.
Nord Stream es un consorcio de empresas privadas alemanas y estatales rusas que transportaba gas natural ruso hasta Alemania a través del mar Báltico. La tubería aportaba a Alemania el 50% de sus necesidades gasísticas, según subraya la Fiscalía Federal. Kuznetsov está acusado de encabezar un grupo de cuatro buzos profesionales, un técnico en explosivos y el capitán del barco que los trasladó al lugar del sabotaje. A 80 metros de profundidad, cerca de la isla danesa de Bornholm, detonaron varias cargas explosivas que destruyeron sectores de ambos gasoductos y los dejaron inoperantes.
El equipo liderado por Kuznetsov, que por entonces era capitán de las Fuerzas Armadas Ucranias, alquiló un velero en la costa báltica de Alemania. La Fiscalía asegura que en 2022, en aquel primer año de invasión rusa, este veterano militar era oficial de un comando de fuerzas especiales dedicado a sabotajes en territorio enemigo. Testimonios de compañeros suyos de armas entrevistados en medios ucranios así lo han confirmado.
Tras acercarse con el velero a la costa danesa y luego a la polaca, el 26 de septiembre de 2022 cometieron el sabotaje, según la Fiscalía. Clave para identificar a los autores fueron las pruebas de su paso por varios puertos. Un veraneante fotografió la furgoneta en la que cargaban el material para el ataque en el municipio costero de Wiek. Esta persona declaró a la policía que la fotografió porque el grupo le parecía sospechoso. Lo mismo sucedió en el puerto de Kolobrzeg, en Polonia, donde los guardacostas inspeccionaron el bote porque les pareció inusual que un grupo de ciudadanos de la Europa del Este de diferentes nacionalidades y con poco aspecto de hacer turismo navegaran en una embarcación con bandera alemana.
Los presuntos autores del ataque viajaban con pasaportes falsos. En el caso de Kuzentsov, lo hacía con un pasaporte ucranio pero con otro nombre. La Fiscalía da por hecho que se lo facilitaron “los servicios secretos de Ucrania”. Kuznetsov era miembro de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU).
Tan importante como esto son las pruebas que supuestamente dejaron en la embarcación al devolverla a la empresa que la alquilaba en Alemania: restos de los explosivos, huellas dactilares y muestras de ADN que supuestamente coincidían con las de los sospechosos, entre ellos, Volodímir Zhuravliov. Este está detenido desde este agosto en Croacia pendiente de ser extraditado a Alemania.
Lo mismo argumentaron los abogados de Kuznetsov durante el proceso de extradición en Italia. Este fue detenido en agosto de 2025 mientras veraneaba en ese país y fue extraditado a Alemania en octubre de aquel año. Si el ataque se produjo, según sus letrados, es porque se trata de una infraestructura de guerra, ya que es Gazprom, empresa del Estado ruso, la que la cogestiona y los ingresos sirven para financiar la invasión.
El juicio se prevé que dure hasta febrero de 2027, según el Tribunal Superior de Justicia Hanseático. Más allá de los indicios encontrados en el velero, que apuntan contra Kuznetsov, en su teléfono se encontraron cartas náuticas del mar Báltico, documentos sobre el Nord Stream, manuales de ingeniería en gasoductos submarinos y de buceo de profundidad. Las autoridades italianas también pincharon una llamada de Kuznetsov con su mujer, durante su tiempo a la espera de extradición, en la que admitía haber participado en el sabotaje y que si lo hizo fue porque seguía órdenes.
Su defensa buscará que no sea considerado como un crimen de guerra y demostrar que el procesado solo obedecía órdenes como militar, según se desprende de las pocas declaraciones públicas de sus abogados en los últimos meses. La cadena británica BBC aseguró el 10 de octubre que la defensa pedirá que Kuznetsov no declare durante el juicio, amparado por el silencio que como militar debe guardar respecto a sus misiones. Para confirmar la confidencialidad que por ley ucrania debe guardar, según el medio británico, testificarán dos de sus superiores militares.
Es un interrogante hasta dónde puede llegar la investigación sobre quién decidió el sabotaje. La Fiscalía alemana da por hecho en su informe de acusación que Kuznetsov seguía órdenes “de una agencia estatal ucrania”, sin precisar cuál. Tanto el Gobierno ucranio como su presidente, Volodímir Zelenski, han negado cualquier vínculo con el atentado. Las autoridades ucranias quieren desmarcarse del asunto hasta el punto de que no han aportado apoyo legal ni económico para los detenidos, según Bojan Pancevski, periodista y autor del libro de referencia sobre el caso, La conspiración del Nord Stream.
El enigma Zaluzhni
El principal sospechoso de la justicia alemana en el escalafón superior de Kuznetsov ha sido el coronel Roman Chervinski, su comandante en las fuerzas especiales del SSU. Chervinski entra y sale de prisión en Ucrania desde 2023, primero por una acusación de desacato a sus superiores, y luego por un caso de un presunto chantaje a un empresario.
Varias informaciones en medios alemanes y estadounidenses de 2023 y 2024 publicaron que tanto la Fiscalía alemana como la CIA apuntaban al general Valeri Zaluzhni, por entonces comandante en jefe del ejército ucranio, como la persona de mayor rango que autorizó el ataque. Zelenski no dio su aprobación final por presión de Estados Unidos, según medios como The Wall Street Journal. Zaluzhni, que actualmente es embajador de Ucrania en el Reino Unido, ha negado su implicación. Una persona próxima a la oficina de Zelenski aseguró a EL PAÍS en 2024 que las consecuencias del sabotaje del Nord Stream fueron una razón más de la mala relación entre el presidente y el general. Zaluzhni fue cesado aquel año como jefe del ejército.
Pancevski opina que la Fiscalía no buscará en el juicio posibles responsables en la cúpula política o militar ucrania. “Pero la Fiscalía sí entiende que el sabotaje es una operación militar”, apuntó Pancevski en un encuentro de la Asociación de Prensa Extranjera de Alemania. “Será raro si un soldado ucranio es la primera persona condenada en Occidente por crímenes de guerra en la invasión rusa”, opina Pancevski.
El Gobierno alemán, primero bajo el excanciller Olaf Scholz y ahora con su sucesor, Friedrich Merz, ha evitado que el asunto se convierta en un obstáculo entre Alemania y Ucrania. Merz visitó de nuevo Kiev este mes, prometiendo que su país ayudará a Ucrania “el tiempo que sea posible”. Alemania es hoy el mayor contribuyente militar y económico que tiene Ucrania para resistir a la invasión rusa. Lo es desde 2025, desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos y cortó el grifo de la asistencia militar y económica a Kiev. Merz se enfrenta a un creciente malestar en la sociedad alemana a favor de suspender la asistencia a Ucrania, tal y como exige, entre otros, la extrema derecha de AfD.
El juicio también podría sentar un precedente sobre la posible consideración legal de los ataques de ambos enemigos contra sus redes energéticas. Rusia bombardea periódicamente el sistema energético de Ucrania, sobre todo la red eléctrica, llevando al límite a millones de personas en los meses de frío. Las fuerzas ucranias, por su parte, castigan a diario la industria petrolera y gasística rusa para perjudicar los ingresos del Estado agresor.
La subsecretaria de Estado estadounidense Celeste Wallander ya advirtió en 2024, cuando Joe Biden era presidente de EE UU, que los ataques contra el sector energético ruso, pese a que eran la fuente de ingresos del Estado agresor, podían suponer un crimen de guerra. “Estamos preocupados por el hecho de que se ataquen infraestructuras críticas cuando se trata de objetivos civiles”, dijo Wallander en una intervención en el Congreso, “porque Ucrania se compromete con los más altos estándares del respeto de las leyes de un conflicto armado, y esto es uno de los elementos de ser una democracia europea”.
Andy Burnham ha construido un estilo de hacer política consistente en decir la verdad sin rodeos. El nuevo primer ministro del Reino Unido ha asegurado lo que durante años fue una sospecha y un hecho solo a medias sugerido: que Rusia interfirió en la campaña del referéndum del Brexit de 2016 con desinformaciones y bulos en las redes sociales.