El exfuncionario del gobierno de Venezuela y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, comparecerá este martes ante la corte de Miami que lo acusa de delitos de lavado de dinero y corrupción para declararse culpable. Saab en principio había afirmado ser inocente, pero documentos judiciales indican que en la audiencia de mañana cambiará su declaración.

El empresario de origen colombiano hizo fortuna en Venezuela como contratista en la construcción de viviendas de interés social y en la importación de alimentos subsidiados mientras el país vivía una de sus peores crisis de hambre y pobreza. Sus negocios eran la punta del iceberg de una enrevesada trama de corrupción que involucra a altos funcionarios del chavismo, incluido el propio gobernante Nicolás Maduro, y una decena de países.

En su acusación de enero de este año, el Gobierno estadounidense señaló a Saab de planificar y ejecutar desde octubre de 2015 un esquema de corrupción para enriquecerse junto con sus asociados, algunos de ellos de Miami, a costa del programa de abastecimiento de alimentos del Estado venezolano conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) detalló que el entramado consistió en pagar sobornos a funcionarios públicos en Venezuela para conseguir contratos del programa CLAP e importar alimentos bajo pretensiones falsas desde países como Colombia y México. Saab y sus asociados recurrieron a compañías, facturas, registros navieros y documentos falsos para quedarse con cientos de millones de dólares que se supone hubiesen gastado en importaciones de alimentos para los venezolanos más pobres. Algunas de esas ganancias ilegales fluyeron, agregó la acusación, a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

La trama, según el DOJ, se amplió hacia 2019 cuando las sanciones de Washington golpearon las exportaciones venezolanas, incluyendo los envíos clave de petróleo, y al país sudamericano se le complicó pagar deudas como las que mantenía con los proveedores de alimentos del programa CLAP.

Saab y sus secuaces, detalló el DOJ, aprovecharon entonces su acceso directo a funcionarios del Gobierno de Venezuela para vender crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). “Lo recaudado de estas ventas ilegales fue transferido a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para promover el esquema ilegal del CLAP”, dijo el Gobierno estadounidense.

Contratista, ministro y extraditado

El empresario barranquillero ha sido, alternativamente, héroe y villano para el régimen chavista que manda desde 1998 en Venezuela y, por su cercanía al Palacio de Miraflores, ha sido empleado como moneda de cambio en las relaciones entre Caracas y Washington.

Saab ha sido investigado por Estados Unidos durante más de una década y, en ocasiones, también ha actuado como colaborador para la agencia antidrogas DEA en la construcción del caso contra Maduro. En junio de 2019, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su lista de sancionados por sus negocios con el régimen de Venezuela y un mes después, le acusó formalmente de ocho cargos de lavado de dinero. En junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde, mientras viajaba en un vuelo privado con un pasaporte diplomático venezolano; ese mismo año, en octubre, fue extraditado a Estados Unidos.

Maduro emprendió entonces una campaña internacional para pedir la liberación de Saab y en esas diligencias, hasta el actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, actuó como uno de sus abogados. En diciembre de 2023, el empresario colombiano regresó a Caracas como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con el gobierno de Joe Biden, y más tarde fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela.

En el más reciente capítulo de esta trama, el interinato de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, extraditó a Saab a Estados Unidos el 16 de mayo. Saab ya había sido destituido de su cargo de ministro y detenido por cuerpos de seguridad venezolanos en febrero, luego de que un grupo de asalto de Estados Unidos bombardeó la capital y se llevó por la fuerza a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a una cárcel de Nueva York.

Donald Trump has turned a potential $5,000 payment for American adults into a key promise ahead of the midterm elections. The president says the money will be distributed if Republicans retain control of the House of Representatives and the Senate after the November 3 ballot, although there is still no approved mechanism to finance or distribute the checks.

Trump defended the proposal again on Sunday during his visit to Ireland, saying the payment will happen because he believes the United States is taking in enormous amounts of money and that the strength of the economy would allow the government to afford the payout. “The $5,000 checks are going forward, 100%,” he said.

The promise, however, faces a key condition from the outset: Congress would have to authorize the spending, which according to an estimate by the Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) would cost $1.2 trillion, more than what was spent on the three stimulus checks issued during the pandemic. House Speaker Mike Johnson, a Republican from Louisiana, acknowledged that lawmakers would have to act to make the plan a reality. “Of course, the devil’s in the details. We have to figure all that out,” he told CNN on Sunday. Johnson also pledged to work to advance the initiative despite Republicans’ narrow margin in Congress. “He’s the president of big ideas. We’re going to try to implement as much as we can,” he said.

Trump originally unveiled the proposal on September 9, during the unprecedented Republican convention in Dallas. At the time, he promised $5,000 to every American adult if Republicans retained both chambers of Congress in the midterm elections. The president dubbed the payment the “Trump dividend” and said the money would have to be spent within the United States.

The potential cost explains much of the skepticism surrounding the initiative. The United States has approximately 240 million adult citizens, which would put the total payout at around the $1.2 trillion figure estimated by the CRFB. Trump has maintained that the payments would not have to be financed with taxpayers’ money, while the White House has also pointed to new private investment and reductions in government spending as possible sources. At this point, it is unclear how much money would actually be available.

It is also unclear how much Republican support the proposal would receive in Congress. Republican Sen. Susan Collins said that, given the few details available, the dividend would have no income cap and would be “extraordinarily costly.” The CRFB warned that the measure would cause a sharp increase in the deficit and likely in inflation. Along the same lines, Florida Gov. Ron DeSantis, a Republican, agreed that such payments could pose risks to the country’s debt and inflation.

Democrats have rejected the proposal more forcefully. Some lawmakers have described it as an attempt to buy votes ahead of the election, while House Minority Leader Hakeem Jeffries said it is not a serious proposal.

Among Republicans, however, Sen. Bernie Moreno of Ohio announced that he would prepare a bill to approve the so-called Trump dividend after the November election.

Other similar plans proposed by the president have stalled. Last year, he promoted a $2,000 dividend financed with tariff revenue and another $5,000 payment tied to savings from the so-called Department of Government Efficiency led by Elon Musk.

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