Marina Martínez tenía siete años cuando esquivó la muerte por apenas 20 centímetros. A esa distancia pasó la furgoneta que mató a su hermano pequeño, Xavier Martínez, de tres años, en los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (17-A). Ambos paseaban por La Rambla con su madre, Silvia, y sus tíos abuelos Paco y Roser. El primero falleció y la segunda sufrió heridas graves. Fue la pulsera, que ahora descansa en la tumba de Xavier, lo que salvó a Marina y a su madre. Ambas acababan de separarse del grupo para comprar el accesorio cuando irrumpió la furgoneta. Cuatro años después la sentencia no pudo imponer una responsabilidad civil a los autores porque fueron abatidos por los Mossos d´Esquadra y los padres de Xavier solo recibieron la cuantía mínima. La Diputación Permanente del Congreso aprobó este miércoles un Real Decreto Ley que permite a las víctimas reclamar al Estado indemnizaciones superiores incluso cuando los autores de los atentados hayan fallecido sin ser juzgados o no se sepa quienes son. Además, esta medida aumenta las pensiones mínimas a las víctimas del terrorismo un 34%.
Hasta ahora, la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 garantizaba una indemnización mínima a los afectados de atentados. No obstante, para acceder a cantidades superiores era necesario que un tribunal estableciera la responsabilidad económica a los autores. Esto dejaba en una situación de desigualdad a las víctimas de ataques como los del 17-A, cuyos responsables murieron sin poder ser juzgados. Es el caso de Javier Martínez, el padre de Xavier, que recibió 125.000 euros por el asesinato de su hijo, pero no pudo reclamar una cantidad mayor.
El abogado Agustí Carles, que representa a Martínez, explica que la nueva normativa pretende corregir esta desigualdad y permite a las víctimas solicitar la cantidad complementaria hasta alcanzar la cifra establecida. La reforma también se aplica a atentados anteriores: quienes se encuentren en esta situación dispondrán de cuatro años para presentar su reclamación ante el Ministerio del Interior y este procederá al pago en tres anualidades.
En el momento del atentado, Martínez estaba trabajando de electricista cuando recibió la llamada que le “rompió la vida”. Cogió un taxi y se dirigió a La Rambla. Lo primero que recuerda es el silencio que reinaba en el lugar pese al caos y a las personas tendidas en el suelo. Encontró a su hijo Xavier en un centro de atención primaria (CAP), donde los sanitarios intentaban reanimarlo. Antes de que se lo llevaran en ambulancia, pudo abrazarlo, darle un último beso y decirle: “¡Venga, Tarzanito, venga, ánimo!”. Minutos más tarde, su hijo falleció.
Nueve años después, el dinero no es lo que más le importa a Martínez. Denuncia la falta de asistencia psicológica que recibió tras perder a su hijo. Recuerda que una psicóloga atendió a su familia durante un año. Sin embargo, considera que fue insuficiente para afrontar las consecuencias del atentado.
No pudo volver a trabajar durante siete años debido al trauma por la muerte de su hijo y vivió de la indemnización en casa de su madre. Su principal preocupación era conocer “toda la verdad” sobre los atentados. Tenía sus esperanzas puestas en la comisión de investigación del Congreso sobre los ataques de Barcelona y Cambrils, pero el adelanto electoral la ha disuelto antes de las conclusiones. Ahora lamenta que se haya avanzado en las indemnizaciones sin esclarecer todas las incógnitas sobre lo ocurrido y teme que un cambio de Gobierno impida retomar los trabajos de la comisión.
Hace un año y medio consiguió reincorporarse al trabajo para intentar tener una situación económica estable. Una de sus principales preocupaciones es poder dejar algo a sus dos hijas, con lo que la nueva normativa podría ayudarle. No es el único que se beneficiará de este decreto. Según explica Miguel Gallego, abogado de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, también se beneficiarán las víctimas que reciben las pensiones mínimas extraordinarias derivadas de un atentado.
Hasta ahora, estas prestaciones eran de 1.800 euros, de acuerdo al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice de referencia en España para solicitar ayudas. Con la nueva normativa, la cuantía mínima pasa a calcularse tomando como referencia el doble del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta alcanzar los 2.442 euros mensuales. Además, al estar vinculadas al SMI, estas pensiones se actualizarán con sus futuras subidas, lo que evitará la pérdida de poder adquisitivo del IPREM, actualizado con menos frecuencia.
Una de las personas que se beneficiará de esta subida de pensiones es Robert Manrique, que tenía 24 años y trabajaba como carnicero en el Hipercor de Barcelona cuando ETA estalló un coche bomba en el aparcamiento del establecimiento el 19 de junio de 1987. Fue el atentado más mortífero de la organización terrorista, con 21 fallecidos y 45 heridos. Lo primero que recuerda es un fogonazo y la sensación de que se estaba derritiendo. Atendía a una madre y a su hija cuando el explosivo, situado justo debajo de la carnicería, abrió un enorme agujero en el suelo y provocó una llamarada que le causó graves quemaduras por todo el cuerpo.
Durante años intentó reincorporarse al trabajo, pero las secuelas se lo impidieron: los injertos y las cicatrices le provocaban continuos problemas. En 1989, en uno de los tratamientos derivados de las quemaduras, recibió unas inyecciones contaminadas con el virus de la hepatitis. Tres años más tarde, un hepatólogo le advirtió de que no podía continuar manipulando alimentos. Finalmente, consiguió que se le reconociera una incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada del atentado. Desde entonces, gracias a la pensión extraordinaria que ahora aumenta con este decreto, ha dedicado buena parte de su vida a asesorar y ayudar a otras víctimas del terrorismo.
Aunque celebra la medida, considera que llega con décadas de retraso. Además, advierte de que todavía queda, a su juicio, un gran problema pendiente: las personas que nunca han sido reconocidas como víctimas del terrorismo. Especialmente aquellas que, pese a sufrir secuelas psicológicas, encuentran dificultades para demostrar el daño causado por los atentados. Manrique asegura que hay muchos obstáculos para que las administraciones reconozcan la situación de las personas afectadas por estos ataques cuando no estuvieron en el lugar de los hechos. Una realidad que las nuevas indemnizaciones y pensiones no terminan de resolver.