El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, ha defendido su inocencia en la comisión de investigación del denominado caso Koldo en el Senado. El número dos del Instituto Armado, imputado por los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por su presunta implicación en la trama que habría liderado Leire Díez para torpedear investigaciones contra el Gobierno y el entorno del presidente, ha insistido en que no piensa dimitir. Mientras, en la Audiencia Nacional, está citada la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como imputada por el caso Leire. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha animado al expresident Carles Puigdemont a volver a España tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía. “Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda. Creo que eso sería también por su parte un gesto de liderazgo político”, ha dicho en una entrevista en RNE. Para el líder de ERC, Oriol Junqueras, “la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es suficiente, porque ahora corresponde al Tribunal Supremo aplicar la amnistía sin dilaciones”.

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La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el teniente general Manuel Llamas, actual director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, declaran este jueves en la Audiencia Nacional como imputados en las pesquisas sobre una supuesta red organizada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas que afectaban al PSOE, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez.

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La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se han opuesto a la petición de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, de excluir a la acusación popular (liderada por el PP) de la línea de investigación separada abierta en el caso Plus Ultra sobre las joyas intervenidas al exjefe del Ejecutivo. La defensa del exdirigente del PSOE alegó que la acusación popular carece de legitimación para participar en esta parte de las pesquisas. Una tesis rechazada por el ministerio público: “Lo que pretende el recurrente es cerrar el paso al ejercicio de la acción popular antes de llegar siquiera a conocer con certeza la calificación jurídica del delito objeto de esta pieza”.

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