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Brecha salarial

El Gobierno Eleva Las Sanciones A Las Empresas Que Oculten Información Contractual O Salarial A Sus Empleados

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El Consejo de Ministros de este martes no solo aprueba la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.286 euros brutos en 14 pagas, un 5,3% más que los 1.221 euros que rigen actualmente. El Gobierno aprobará otras normas de carácter laboral, contenidas en un gran decreto-ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y que espera que quede refrendado posteriormente en la Diputación Permanente, según indican fuentes gubernamentales. Entre otras novedades, el texto eleva las sanciones a las empresas que no aporten la suficiente información contractual y salarial a los trabajadores que lo pidan. Y refuerza la transparencia salarial en las empresas, intentando cumplir una directiva europea sobre igualdad retributiva que se debería haber traspuesto el 7 de junio: reconoce a cada trabajador el derecho a conocer los salarios medios de puestos equivalentes y amplía la información de los registros salariales. Además, el derecho a la información se extiende a todas las relaciones laborales, independientemente de su duración. Ya no se limita a las que duren más de cuatro semanas.

Asimismo, el proyecto de Trabajo, según explica fuentes del Gobierno, establece que las ofertas de empleo incluyan información sobre la retribución inicial asociada al puesto, la prohibición de pedir a los candidatos información relativa a su historial retributivo y que los anuncios de vacantes y las denominaciones de los puestos sean neutros respecto al género. Con este planteamiento, el ministerio que dirige Yolanda Díaz persigue evitar que se pague con distinto salario una misma tarea de igual valor.

La principal novedad del proyecto es el aumento de los castigos a las empresas que no informen convenientemente a sus trabajadores sobre distintos elementos de su relación laboral. Según fuentes gubernamentales, la carencia de información sobre partes esenciales del contrato deja de considerarse una infracción leve y se tipifica como grave. Es decir, en vez de castigarse con hasta 750 euros la sanción escala hasta un máximo de 7.500. En la misma línea, también se considerará grave no respetar las obligaciones asociadas a los planes de igualdad.

Otras actuaciones pasan a considerarse muy graves. Por ejemplo, cuando la empresa pida datos prohibidos o de carácter personal en el trámite para una contratación o un cambio de puesto en la empresa. Asimismo, el proyecto amplía las exigencias de transparencia retributiva al mismo momento en que se esté produciendo la contratación. Con este cambio, Trabajo busca evitar posibles discriminaciones.

Este martes Trabajo también aprueba un decreto que fortalece la transparencia salarial en las empresas, al permitir que cualquier empleado conozca los salarios medios de puestos equivalentes. También obliga a las compañías a dar más información sobre cómo fijan sueldos y ascensos, además de reforzar las auditorías salariales y el control de la brecha salarial. El último texto conocido sobre esta iniciativa, en audiencia pública en verano, planteaba varios cambios en un decreto de 2020, que ya reforzó las exigencias de transparencia salarial a las empresas.

Las mujeres cobran un promedio de 2.163 euros brutos al mes y los hombres, 2.593. Atendiendo a estos datos del INE de 2024, esto significa que ellas ingresan un 83% de lo que cobran ellos. Con este proyecto, Trabajo intenta reducir esa brecha salarial entre sexos: persigue que las empleadas tengan más información con la que negociar con sus empleadores.

Con este cambio, el Gobierno intenta dar cumplimiento a una directiva europea que debería haber traspuesto el 7 de junio, pero no cumplió a tiempo ese compromiso. Cinco meses después, el texto llega a la reunión del Ejecutivo. Trabajo trató este texto con los agentes sociales, pero no alcanzó un acuerdo formal con ellos. Con todo, fuentes sindicales vienen apuntando que el planteamiento del ministerio se acerca a las peticiones de las centrales.

El Gobierno también aprobará una parte de la trasposición de la directiva europea relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles que había quedado pendiente de desarrollo. La mayor parte se aprobó a principios de septiembre, cuatro años después del plazo que fijaba Bruselas. Entonces se endurecieron las condiciones para que los contratos fijen periodos de prueba superiores a seis meses, entre otras medidas de calado.

Para consolidarse en la normativa laboral, este conjunto de cambios tendrá que recibir el visto bueno de la Diputación Permanente, más favorable al Gobierno que el Pleno del Congreso. Al proyecto de Trabajo le basta el apoyo (además de la izquierda) del PNV, que ya refrendó uno de los decretos de vivienda cuyo rechazo inicial en el Congreso derivó en la convocatoria de elecciones generales.

Registro horario

Otro proyecto que Trabajo espera aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre es el refuerzo del registro horario. Díaz criticó este lunes al PSOE por incluir el refuerzo del control horario en su programa electoral, una “incoherencia” en opinión de la vicepresidenta segunda porque les acusa de “boicotear” la entrada de esta política en el Consejo de Ministros. En su texto de propuestas, los socialistas plantean “implantar un registro horario digital fiable, que recoja las jornadas laborales reales, haciendo efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital”, extracto que Díaz compartió en Bluesky con la siguiente reflexión: “No doy crédito. Si quieren aprobar el registro horario el decreto está listo y podemos hacerlo ya”.

Después abundó en esa reflexión en La Sexta: “Me entristece. Estas son las cosas que hacen que la gente no vaya a votar. No puede ser que el PSOE boicotee el registro horario, como sabe todo el periodismo económico de este país, y ahora lo lleven en su programa electoral, para un país en el que se hacen tantas horas extra impagadas”. El refuerzo del registro horario, recordó Díaz, “es un reglamento, no necesita al Congreso; démosle una alegría a los trabajadores”. Es la parte del proyecto de reducción de jornada a 37 horas y media, rechazado por la mayoría de PP, Vox y Junts, que Trabajo esperaba salvar precisamente por no invadir rango legislativo.

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