Los hijos de los españoles nacionalizados por la ley de nietos que vivan en el extranjero podrán votar el 29-N. El Tribunal Supremo ha renunciado a extender a este grupo la suspensión del derecho al sufragio que decretó en septiembre para los hijos y nietos de la emigración y el exilio que han obtenido la nacionalidad con la Ley de Memoria Democrática. Los magistrados han rechazado la petición de Iustitia Europa y de Vox, que reclamaron que la medida adoptada por los jueces para más de 163.000 nacionalizados como descendientes del exilio se extendiera a su vez a los hijos de estos, nacionalizados por otro apartado de la Ley de Memoria que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo. La Abogacía del Estado se había opuesto a esa posibilidad y alegó que ampliar la suspensión del derecho al voto pondría en riesgo el cumplimiento de los trámites legales para el 29-N e incluso podría afectar al escrutinio. El tribunal coincide en que es demasiado “breve” el “lapso temporal” que queda hasta los comicios, por lo que opta por no ampliar la suspensión del voto. No obstante, en otra resolución notificada este martes, los jueces insisten en que los últimos datos aportados por el Gobierno acrecientan “los indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración” del censo de españoles en el extranjero.

Los magistrados recalcan que la petición se planteó una vez “transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña” y a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados de los nacionalizados que viven en el extranjero. En este sentido, entienden que iniciar ahora un proceso de revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ―“además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio”― resulta “contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”.

El tribunal insiste en que las decisiones que ha adoptado hasta ahora sobre los nietos “han partido y están presididas por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, concretada en la pureza o certeza del censo electoral que debería aplicarse a los procesos electorales”. Y recalca que el pasado septiembre, cuando suspendió el voto de los nacionalizados que viven en el extranjero, el escenario nacional no incluía un horizonte electoral inminente.

El Supremo ordenó en septiembre excluir del censo a más de 163.000 españoles que adquirieron la nacionalidad bajo el paraguas del apartado 1.1. de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria, que reconoce el derecho a la nacionalidad, entre otros, a los hijos y nietos de quienes la hubieran perdido tras haberse exiliado por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. Pero esa decisión dejó dentro del censo a los hijos de quienes tienen el voto suspendido y que se han nacionalizado gracias a ellos. Estos últimos han adquirido también la nacionalidad por dicha ley, pero por otro apartado, el 1.b de la disposición adicional octava. Sobre este grupo es sobre el que se había reclamado que se extendiera la suspensión del voto. Según los datos aportados por Exteriores, hay 189.678 españoles nacionalizados por esta vía incluidos en el CERA del 1 de agosto, el que cuenta para las elecciones del 29-N, pero esta cifra incluye también a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no está bajo la lupa del alto tribunal.

En la resolución de este lunes, los magistrados inciden en que en este momento las Juntas Electorales, la Oficina del Censo Electoral y la Administración consular “se encuentran en pleno desarrollo de las funciones que les ha encomendado la legislación electoral” y están “ejecutando” las resoluciones que dictó el Supremo en septiembre y octubre. “De hecho, la Oficina del Censo Electoral, en su informe del pasado 28 de octubre, señalaba que quedaban todavía 30.482 registros sin identificar, para poder cumplir la suspensión de la inscripción en el CERA”, apuntan. Y añaden que, en lo que respecta al tribunal, todavía está “resolviendo los recursos que están interponiendo las partes personadas”.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el Supremo asegura que “tiene serias dudas sobre la viabilidad” de suspender el voto también a los hijos de los nietos nacionalizados, porque dicha medida debería estar acompañada de actuaciones y garantías como “requerimientos a la Administración para identificar a los afectados” o “emplazamientos a los interesados para su personación y presentación de alegaciones”. Así, los magistrados subrayan que el plazo que queda hasta el 29-N “es tan reducido que permite cuestionar la posibilidad de su ejecución en tiempo hábil”; entre otros motivos porque “depende de la actuación de múltiples administraciones y terceros”.

El tribunal explica que, ante este escenario, la “valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar”. A su juicio, aceptar la petición de Vox y de Iustitia Europa podría generar una “perturbación grave de los intereses generales”. No obstante, deja claro que “si se cuestiona la inscripción” en el CERA de los progenitores, “en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos”, que son incluso más: 189.678 frente a 162.454.

Fuentes del Gobierno sostienen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha celebrado que el Supremo no atendiera a las peticiones de Vox y de Iustitia Europa, aunque apuntan que en La Moncloa lamentan que el razonamiento expuesto este lunes no se haya aplicado a los nacionalizados que todavía tienen suspendido su derecho.

Un magistrado en contra

La decisión de no extender esta suspensión a los 189.678 hijos de los nacionalizados por la ley de nietos que residen fuera de España ha contado con dos opiniones discordantes dentro del propio tribunal. Por un lado, consta el voto particular discrepante del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien sostiene que sus compañeros le han dado demasiada importancia a la cercanía de las elecciones para tomar esta decisión. Así, defiende que el Supremo debería haber estimado la petición de Vox y de Iustitia Europa para preservar la integridad de las elecciones. “Si en el primer caso [el de septiembre] era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria”, señala.

Por otro lado, figura el voto particular concurrente de Alicia Millán, quien ha discrepado hasta ahora de todas las decisiones de sus compañeros en lo relativo a la suspensión del voto. La magistrada coincide con la conclusión a la que ha llegado la mayoría, pero no con los argumentos, por lo que ha dejado por escrito los detalles de su postura.

Indicios de irregularidad

Este lunes, el tribunal ha dictado también otra resolución en la que rechaza las alegaciones que presentaron los afectados por la suspensión del voto decretada en septiembre que se han personado en el procedimiento judicial. El Supremo se reafirma en su decisión y sostiene que la “extraordinaria cifra” de afectados por esta medida (163.355 nacionalizados), en relación a los 901 que han acreditado ser descendientes de exiliados ―que sí podrán votar―, “acrecienta aún más los indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA”. En este punto, señala la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, “pero sobre todo” la Instrucción de 25 de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia que amplía las vías para optar a la nacionalidad y presupone la condición de exiliado a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Los magistrados consideran que los datos aportados “son lo suficientemente elocuentes” como para afirmar, en función de las cifras facilitadas, que “han accedido al CERA un número considerable de personas a las que les ha sido concedida la nacionalidad española” por la interpretación que la Instrucción de Justicia hace de la ley. Y recuerdan que ya en septiembre advirtieron de que dicha interpretación “no parece ajustarse” a la norma legal.

Para el tribunal, estos datos “fortalecen” las razones que le llevaron a acordar, en su momento, la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos. “En una democracia, lo hemos venido sosteniendo desde el primero de los autos dictados, la relación de los electores con derecho a voto que componen el censo electoral debe incluir única y exclusivamente a los que cumplen los requisitos legales para estarlo”, remarca la sala, que añade: “En un Estado de Derecho la limpieza del proceso electoral, desde la elaboración y modificación del censo electoral hasta el escrutinio final del resultado de la votación debe ser limpio, transparente y conforme a la legalidad, desechando cualquier sospecha o duda de irregularidad en alguna de sus etapas o trámites”.

Sobre varias de las quejas planteadas por los particulares que han acudido al Supremo, los magistrados avisan de un “error conceptual” y recuerdan que “privación y suspensión de un derecho son conceptos jurídicos muy distintos”. Insisten en que “la privación de un derecho implica no solo la pérdida de su ejercicio, sino también de su titularidad, además de tener un carácter firme y definitivo”. En esta línea, recalcan que la suspensión no afecta a la titularidad del derecho, solo a su ejercicio y de forma “meramente” temporal.