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Andy Burnham

Brussels ‘closes The Door On Piecemeal Brexit Reversal Talks’ Ahead Of Crucial EU-UK Summit Tomorrow

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El Reino Unido Y La UE Cierran Un Acuerdo Post Brexit Tras Superar El Escollo De La Movilidad Juvenil

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Ninguno de los dos quería que la segunda cumbre bilateral entre el Reino Unido y la UE de la era post Brexit fuera un fiasco, sobre todo después del entusiasmo suscitado por el nuevo primer ministro, Andy Burnham, sobre un futuro regreso de su país al club.

Londres y Bruselas han avanzado este viernes en el principal escollo de las negociaciones, un acuerdo de movilidad juvenil que permitirá cada año que un tope de 100.000 ciudadanos comunitarios de menos de 31 años viajen al Reino Unido para trabajar o estudiar. A cambio, otra cifra similar de británicos podrá hacer lo mismo en los países de la UE.

Burnham se ha estrenado en un encuentro de este tipo, que inauguró su predecesor, Keir Starmer, en mayo del año pasado. Downing Street se ha limitado a negociar con la UE gran parte de los asuntos que ya había comenzado a preparar el equipo de Gobierno anterior, pero el giro drástico de mensaje que ha colocado Burnham en el debate público del Reino Unido, al sugerir que está dispuesto incluso a largo plazo a plantear la reincorporación de su país al club comunitario, ha elevado las expectativas de la reunión.

“Este es un buen día para el Reino Unido. El mundo hoy es diferente de lo que era en 2016. Nuestro país en 2026 se encuentra en una situación diferente, pero también lo está Europa. Y la gente, al observar el mundo, pensaría que quienes comparten ideas afines deben trabajar juntos. Deben estrechar lazos”, ha defendido el acercamiento el premier británico al comienzo de la reunión en Bruselas, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que lo han recibido calurosamente pese a que no se ha logrado cerrar del todo el principal acuerdo sobre los jóvenes

Sin embargo, Londres ha mantenido hasta el final la cautela que mostró la administración de Starmer en el asunto de la movilidad juvenil. Ni siquiera se aviene a usar ese término, que recuerda la libertad de movimiento de personas consagrada en los tratados europeos y resucita el espantajo que agitaron los euroescépticos durante la campaña del Brexit. Prefieren hablar de un Youth Experience Scheme (Esquema de Experiencia Juvenil), y han negociado con uñas y dientes su contenido para presentarlo como un pacto limitado y preciso.

El acuerdo contempla que hasta 100.000 jóvenes comunitarios, no mayores de 31 años, pudieran viajar cada año al Reino Unido con un visado temporal, para trabajar y estudiar. No está aún claro cuál sería la duración de ese visado, aunque en los últimos meses fuentes de uno y otro lado lo fijaban en tres años. Según fuentes europeas, la cifra de jóvenes británicos también ha sido fijada en 100.000 anuales.

Bruselas había condicionado inicialmente la firma del acuerdo previsto para este viernes, que incluye otros asuntos de relevancia económica, a que se cerrara finalmente el acuerdo de movilidad juvenil. En vista de que aún no parece posible concluir este aspecto, las dos partes se han dado un margen para que la cita clave no fracase: “La UE y el Reino Unido trabajarán para alcanzar un acuerdo complementario al Acuerdo de Comercio yCooperación sobre las tasas de matrícula de los estudiantes de la UE en el Reino Unido y de los estudiantes del Reino Unido enla UE. El acuerdo se aplicará a todos los estudiantes de la otra Parte, independientemente de la vía de inmigración. El objetivo es aumentar las oportunidades de los estudiantes para estudiar en los territorios de la otra Parte. Concluiremos las negociaciones en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la cumbre”, asegura el texto final del acuerdo.

En cualquier caso, las dos partes señalan que cualquier acuerdo sobre este tema se cerrará en 2028 y “trabajarán para asegurar que las oportunidades que contempla este esquema estén al alcance de nuestros jóvenes no más tarde de enero de 2030”.

Von der Leyen no ha ocultado la importancia de cerrar de una vez este acuerdo, que tiene un objetivo no solo de formación laboral: “Los jóvenes serán los mejores embajadores de nuestra amistad”, ha subrayado durante el encuentro a puerta cerrada de los responsables europeos y Burnham.

Teniendo en cuenta que Burnham tiene de plazo hasta julio de 2029 para convocar elecciones, esas fechas sugieren que el primer ministro prefiere que un asunto que puede dar munición a la ultraderecha euroescéptica no se ponga en marcha antes de esa cita.

Sobre todo, los negociadores de la UE reclamaban al Gobierno británico que cobrara a los estudiantes universitarios europeos la misma matrícula universitaria que pagan los británicos: 9.790 libras al año, o unos 11.700 euros. Hoy las universidades del Reino Unido cobran a sus alumnos extranjeros unas tasas que oscilan entre las 18.000 y las 24.000 libras (entre 21.500 y 28.700 euros), para equilibrar sus cuentas.

Bruselas se ha quejado durante todo este tiempo de que, una vez alcanzado el acuerdo de movilidad juvenil, los estudiantes británicos se beneficiarían de unos precios que en las universidades públicas europeas resultan notablemente ventajosos comparados con los de las del Reino Unido.

Acuerdo fitosanitario

Salvado con un previsible aplazamiento el escollo de la movilidad juvenil, Londres y Bruselas se disponen a sacar adelante asuntos importantes como el acuerdo para la reducción de los controles sanitarios y fitosanitarios de las exportaciones ganaderas y agrícolas. El Gobierno de Burnham confía en ahorrar a las empresas británicas miles de millones de euros con este pacto, y calcula que podría incrementar a medio-largo plazo el PIB del Reino Unido en un 0,4%. El plazo fijado para la entrada de esta parte del acuerdo es marzo de 2028, según establece el acuerdo.

A cambio, Londres deberá aceptar el constante alineamiento en esta materia de su normativa a la de Bruselas. En la última recta de la negociación, el equipo de Burnham exigió que el Reino Unido pudiera participar con voz y voto en la elaboración de esa legislación, una idea fuertemente rechazada por el lado comunitario, especialmente por los franceses. El acuerdo que se perfila es que Londres pueda, “de manera excepcional”, participar en reuniones de emergencia pero que, en ningún caso, tendrá derecho al voto, de acuerdo con las fuentes comunitarias.

Junto al acuerdo fitosanitario, Londres y Bruselas habrían sacado adelante un entendimiento para integrar sus mercados de emisión de carbono, y permitir así a las empresas británicas poder comprar o vender estos derechos con sus homólogos comunitarios.

El acuerdo de este viernes abrirá nuevas negociaciones para los próximos meses en materias como la integración del mercado energético, la colaboración en la lucha contra la inmigración irregular o una mayor participación del Reino Unido en la inversión para el rearme de Europa.

Pero más allá de las palabras de optimismo, no habrá referencia a los planes de Burnham de comenzar a hablar de la futura relación entre el Reino Unido y la UE. El primer ministro británico se reserva la apertura de esa “conversación nacional” prometida para el mes de diciembre. Burnham no ha descartado ninguna de las opciones, que irían desde mantener la situación actual impuesta por el Brexit a integrarse en el Mercado Interior, regresar al espacio aduanero común o incluso volver a la UE.

Pero Downing Street ha rebajado el entusiasmo de un debate que ha vuelto a agitar las aguas políticas del Reino Unido, tanto para animar a los partidarios del regreso como para irritar a los euroescépticos, y señala que cualquier decisión tendría como horizonte unas elecciones generales que, hoy por hoy, no están previstas hasta 2029.

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Burnham’s Free Movement Bid: Could This Solve The 90-Day Issue?

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Andy Burnham ready to negotiate. Credit: repic – Shutterstock

British people with second homes in Spain could benefit if the UK eventually restores freedom of movement with the European Union, following Andy Burnham’s call for an “honest discussion” about the country’s post-Brexit relationship with Europe.

The UK Prime Minister’s comments have reopened a debate that could have practical consequences for thousands of Britons who want to spend more time at their Spanish properties without applying for residency or arranging a long-stay visa.

However, Burnham has not proposed a specific change to the rules for British homeowners, and no agreement has been reached.

Why Burnham’s comments are interesting to Brits in Spain

In an interview with The Sunday Times, published on October 25, Burnham said Britain needed an evidence-based discussion about whether to restore free movement with the EU. He argued that migration patterns had changed since Brexit, suggesting that before the UK left the bloc, more people came to Britain for a few years before returning home.

Burnham wants Britain to consider its future relationship with Europe as a whole, rather than treating freedom of movement as a separate issue. He is due to meet EU leaders in Brussels on November 20, according to the UK Government’s announcement of the next UK-EU summit.

The debate could be important to British people living between the UK and Spain, particularly those who own holiday homes but do not have Spanish residency.

Could free movement remove the 90-day limit?

Since Brexit, British visitors have generally been limited to 90 days in any rolling 180-day period across the Schengen area. Time spent in Spain, France and other Schengen countries counts towards the same allowance, as explained in the European Commission’s official guide to Schengen visa rules.

Owning a property in Spain does not exempt British citizens from the restriction. Those wanting to stay longer generally need an appropriate visa or residence status. The UK Government’s Spain entry requirements explain the rules for British visitors and those planning longer stays.

A genuine restoration of free movement rights could potentially allow British citizens to live in Spain without being subject to the current short-stay limit. Britain did not need to belong to the Schengen area to enjoy free movement when it was an EU member.

However, the outcome would depend on the terms of any future agreement. A limited mobility deal would not necessarily restore the same rights as full free movement. EWN previously examined efforts by MPs to change the 90-day travel rule for Britons in Spain.

Is a change likely anytime soon?

Burnham’s comments do not mean the rules are about to change. Labour’s 2024 election manifesto ruled out restoring free movement, joining the EU single market or re-entering the customs union. The Labour Party’s 2024 manifesto set out its position on Britain’s future relationship with the EU.

The debate about closer ties with Europe has continued, but that is not the same as a government decision to restore free movement. Any major change would involve political and diplomatic negotiations, with the EU likely to expect Britain to accept reciprocal rights and other obligations.

Burnham has also said he cannot imagine recommending that Britain adopt the euro or join the Schengen area. Neither decision, on its own, determines whether a separate agreement on free movement could be reached.

For UK owners of second homes, the distinction is important: a discussion about closer EU ties is not the same as a deal restoring the right to spend unlimited time in Spain.

What could complicate talks?

For the time being, British second-home owners should continue to plan around the existing 90-day limit unless they have another legal basis for staying longer.

Immigration rights and Spanish tax residency are also separate matters. Spending more than 183 days in Spain in a calendar year will generally make someone tax-resident there, although other circumstances can affect that assessment. The Spanish Tax Agency’s guidance on tax residence explains the main criteria.

Burnham’s intervention has reopened a debate with potentially important consequences for Britons in Spain. Whether it leads to any change for second-home owners, however, will depend on what Britain and the EU are prepared to agree.

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