La batalla judicial por la instalación en el puerto de Ceuta de un campamento para realojar a más de 1.700 migrantes irregulares que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva del 30 y 31 de julio no se ha cerrado. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisión del Ministerio de Transportes de ceder los terrenos de la instalación para acoger a parte de los extranjeros que permanecían en chabolas en las playas de El Trampolín y Benítez desde hace 50 días. El sindicato considera que el procedimiento seguido no garantiza la seguridad para los agentes que lo custodian, los propios migrantes y el resto del personal destinado en el campamento.

La resolución judicial, fechada el pasado viernes y que es recurrible, no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí judicializa la elección del puerto como lugar para instalar el campamento y obliga a Transportes a defender su actuación ante los tribunales. Como primera medida, la Audiencia Nacional da “un plazo improrrogable de 20 días” al departamento de Óscar Puente para que entregue el expediente completo. Ante la posibilidad de que en este pueda haber “documentos declarados como confidenciales por la Administración”, el tribunal pide al ministerio que no los incluya entre los que envíe a la Audiencia Nacional, pero que sí remita “un índice descriptivo” de los mismos y que estos queden “a plena disposición” de los magistrados. La resolución también pregunta al departamento de Puente si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos contra la decisión de instalar en el puerto las carpas para la acogida de los migrantes irregulares, para, en ese caso, proceder a acumularlos todos en un único procedimiento.

El SUP, a través de una nota de prensa, ha aplaudido la decisión judicial y reclamado, ahora que el campamento está operativo, “conocer y fiscalizar las evaluaciones de riesgos, protocolos, efectivos y medios previstos para garantizar la seguridad de los policías destinados en un entorno especialmente sensible como el Puerto de Ceuta. Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo, sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros”, añade el comunicado.

El sindicato policial recurrió el pasado martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la resolución del Ministerio de Transportes del 5 de septiembre que autorizaba utilizar temporalmente los terrenos del puerto para instalar carpas y espacios de descanso, enfermería y dispensario, zonas de atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y una caseta de seguridad. La autorización se extendía hasta el próximo 31 de diciembre, aunque dejaba abierta una eventual prórroga. El SUP alegaba que la autorización no había sido notificada ni publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y justificaba su oposición a la misma en que la acogida de un número tan elevado de personas en lo que es una instalación crítica suponía un riesgo. El sindicato recalcaba que su solicitud de paralizar el campamento no se dirigía “en modo alguno contra la atención humanitaria” a los migrantes.

La Audiencia Nacional acordó en un primer momento frenar los trabajos hasta resolver sobre sobre la medida cautelarísima ―por lo que el tribunal no tiene que oír a las partes antes de resolver―, lo que provocó un enorme malestar en el Gobierno. Sin embargo, el jueves el tribunal rechazaba finalmente la pretensión del SUP y permitía el uso temporal del campamento. Al día siguiente, eran trasladados al mismo cerca de 1.700 migrantes. Sin embargo, la admisión a trámite conocida este sábado confirma que la vía judicial sobre la instalación del campamento no está cerrada, aunque al tramitarse por el llamado procedimiento ordinario ―por escrito y con tiempos más largos de tramitación― demorará su resolución meses. Mientras tanto, el campamento podrá seguir funcionando.