Pedro Sánchez Entra En La Polémica De Los Centros De Datos Y Carga Contra El Excesivo Consumo De Energía Y Agua

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado de lleno en la actual polémica sobre la expansión de los centros de datos en todo el mundo, incluida España, para hacer frente al crecimiento de la demanda de infraestructuras digitales generada por la inteligencia artificial (IA). Así, ha publicado una tribuna en la agencia Bloomberg, con el título Cómo evitar que los centros de datos consuman demasiada energía, en la que recuerda que, “aunque a menudo se percibe la economía digital como algo inmaterial, cada servicio en la nube y cada aplicación de IA dependen de una infraestructura física masiva que ocupa suelo, consume energía, utiliza agua y exige inversiones cada vez mayores”.

Según Sánchez, la rápida expansión de los centros de datos se ha convertido en una de las expresiones más tangibles de la revolución de la inteligencia artificial. El Ejecutivo tramita desde finales de agosto un proyecto de real decreto en el que establece restricciones a su desarrollo que han levantado en armas a la industria. La intención de Transición Ecológica es que los data centers tengan que darse a sí mismos el 80% del consumo con renovables y que lo acrediten hora a hora, lo que les impediría únicamente tirar de fotovoltaica, que no funciona durante la noche.

El presidente del Gobierno explica de que la experiencia internacional sugiere que, a medida que la industria de los centros de datos crece, surgen tensiones. En Irlanda, representaron el 21% del consumo eléctrico del país en 2023 y podrían alcanzar el 32% este año. En Estados Unidos, se espera que su peso en la demanda se triplique: del 4% en 2023 a un 12% previsto para 2028. No sorprende, por tanto, que esto sea una fuente de creciente preocupación política y ciudadana. “Una encuesta de Gallup constató que el 71% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en su comunidad local”, dice.

En su opinión, más allá de las inquietudes por el consumo de energía y de agua, cada vez hay más evidencia de otros efectos locales indeseados. “Investigadores de la Universidad de Cambridge han identificado lo que denominan un ’efecto isla de calor de datos’, por el cual las grandes instalaciones pueden elevar las temperaturas en las zonas circundantes. Y un estudio reciente de investigadores de Yale y de la Universidad de Chicago concluyó que el desarrollo de un nuevo centro de datos se asocia con un aumento de los precios de la vivienda en su entorno”, destaca.

Sánchez afirma que, ante esta realidad, la cuestión no es si los centros de datos son necesarios —lo son—, sino cómo se desarrollan y quién gobernará su expansión. “La experiencia económica enseña una lección sencilla: la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva. Y es, desde luego, mucho mejor que la ausencia de intervención. Contar con reglas claras desde el principio permite separar los proyectos responsables de los insostenibles, alinear los incentivos privados con el interés público y garantizar que la inversión y el crecimiento vayan de la mano de la protección de los recursos críticos y de las comunidades”, señala.

El presidente del Gobierno afirma que la experiencia internacional resulta, de nuevo, ilustrativa. Irlanda endureció sus normas solo después de que los centros de datos se convirtieran en una fuente importante de presión sobre la red eléctrica. En Estados Unidos, el estado de Nueva York ha adoptado una moratoria temporal, y un número creciente de proyectos ha sufrido retrasos o cancelaciones a medida que se intensificaba la resistencia local. “La lección no podría ser más clara: no planificar ni regular desde el inicio acaba resultando más costoso y menos eficaz”, destaca.

Sánchez asegura que España está todavía lejos de enfrentarse a ese tipo de presión. “Y, sin embargo, la solidez de nuestra economía y nuestra capacidad renovable han despertado un enorme interés inversor en la construcción de centros de datos, lo que significa que sus necesidades energéticas superarán con seguridad las previsiones. Las estimaciones actuales de demanda eléctrica para capacidad de computación llegan hasta los 4 gigavatios en 2030, pero las solicitudes y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones multiplican varias veces ese objetivo”, explica.

Según el presidente del Gobierno, aunque es improbable que muchos de estos proyectos se materialicen, la rápida tendencia al alza es evidente. “Nos acercamos a un punto de inflexión y debemos actuar para anticiparnos. En agosto, mi Gobierno lanzó una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio diseñado precisamente para ello. La propuesta parte de un principio sencillo: el acceso a la red eléctrica es un activo estratégico escaso y no debe quedar bloqueado por proyectos que carezcan de credibilidad, viabilidad o de una contribución significativa a la economía y a la sociedad”, asegura.

De igual forma, indica que la propuesta del Gobierno introduce estándares de eficiencia energética e hídrica. “Los centros de datos deberán publicar indicadores clave de desempeño, lo que nos permitirá evaluar y comparar su uso de recursos y desincentivar el despilfarro”, explica.

También añade que todo incremento de la demanda eléctrica deberá ir acompañado, además, de capacidad renovable adicional. El marco incluye requisitos para asegurar que una parte significativa del consumo de los centros de datos se respalde con nuevos proyectos de energía limpia. La lógica es económica y ambiental.

“Los grandes nuevos consumidores de electricidad no deberían competir con la demanda existente ni aumentar la dependencia de los combustibles fósiles; deberían ayudar a catalizar la inversión en la transición energética”, señala.

Activo estratégico

Sánchez dice que la regulación reconoce también que los centros de datos son un activo estratégico. En un mundo en el que Europa sigue dependiendo en gran medida de capacidades digitales no europeas, el marco combina salvaguardas sobre el control de los datos —y sobre la gestión de la infraestructura— con incentivos concebidos para expandir el sector tecnológico europeo y reforzar la soberanía del continente.

“Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios. España quiere aprovechar plenamente las oportunidades que generan los centros de datos y la IA. Pero el desafío consiste en garantizar que la infraestructura se expanda en consonancia con la capacidad del sistema eléctrico, que los valiosos recursos energéticos se dirijan a proyectos útiles y que todo ello haga a Europa menos dependiente tecnológicamente”, asegura.

El presidente del Gobierno insiste en que el objetivo no es frenar el crecimiento ni limitar la innovación. “Todo lo contrario: es asegurar que sean económicamente sostenibles y ambiental y socialmente justos. Los países que lo entiendan serán los que estén mejor posicionados para liderar la próxima fase de la economía digital”, concluye.