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Fuego Para Prevenir Los Incendios: Funciona Y Es Rentable

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Durante siglos, los indígenas de lo que hoy es California provocaban incendios, rotando las zonas quemadas. Pero, desde comienzos del siglo pasado, las autoridades blancas prohibieron las quemas de los indios. De entonces, en particular con la creación del Servicio Forestal estadounidense en 1905 y el desastre del Great Fire de 1910, viene el paradigma de la extinción de los incendios. Un siglo después, California arde cada verano más que el anterior, a pesar de los más de mil millones de dólares que se dedican a extinguirlos. Ahora, Science publica un análisis de centenares de grandes siniestros forestales que muestra que allí donde se previno mediante quemas o clareo del bosque, se propagaron menos y menos intensamente. Además, calculan que, por cada dólar invertido, se evitaron casi cuatro en pérdidas. El fuego apaga el fuego.

“Estimamos que los tratamientos del combustible reducen la superficie total quemada por incendios forestales en aproximadamente un 36% en comparación con lo que habría ocurrido sin tratamiento”, cuenta Frederik Strabo, investigador de la Universidad de California Davis y primer autor del estudio en un correo. Eso son 152.000 acres, o 61.000 hectáreas. Por combustible, Strabo se refiere a la madera, hojarasca, broza y todo lo que pueda arder con facilidad. Por tratamientos, se centran en técnicas de clareo y quemas prescritas para reducir aquel combustible. En Europa, en especial los países mediterráneos, también es fundamental el pastoreo. Pero en el salvaje Oeste, como ilustran películas, series y novelas como las de Marcial Lafuente Estefanía, los ganaderos prácticamente extinguieron a los pastores de ovejas y cabras.

Apoyados en el análisis de 285 incendios producidos en la porción oeste de Estados Unidos, los investigadores pudieron ver cómo se comportaba cada fuego al encontrarse con una zona en la que se había reducido el combustible. Aunque el área con quemas controladas o clareo aún es poca, su amplia distribución geográfica (ver mapa) les ha servido para ver que la probabilidad de que un incendio siga avanzando tras toparse con una de ellas baja en un 13,5%. Además, la intensidad del mismo se reduce hasta en un 27%. También pudieron ver que, en los siniestros más severos (aquellos que acaban con 3/4 de la cubierta forestal), la reducción del daño subía hasta el 35% allí donde había habido medidas de prevención.

Como imaginaban, cuanto más grande es el área tratada y más reciente el tratamiento, mejor cortafuegos. Más revelador aún: unos tratamientos son mejores que otros. Aunque tanto las formas de clareo (tala selectiva, raleo, retirada mecánica de ramas y hojarasca…) como las quemas cuartean la continuidad del combustible, más aún si se combinan, los investigadores vieron que los fuegos preventivos combaten mejor los futuros incendios que la limpieza del bosque. “Muchos bosques del oeste de Estados Unidos son ecosistemas adaptados al fuego, por lo que las quemas controladas restauran de forma más fiel los procesos ecológicos naturales y reducen la cantidad de material combustible en superficie”, explica Strabo.

Más rentable quemar que extinguir

Otro de los puntos fuertes de esta investigación es que, por primera vez, se calcula la relación coste-beneficio de la reducción del combustible. El impacto económico de un incendio es múltiple: desde infraestructuras quemadas hasta impacto ecológico, pasando por las emisiones de CO₂ y las de partículas, que contaminan el aire, afectando a la salud humana. Gracias a las zonas tratadas, se evitó la destrucción de 4.090 construcciones en los grandes incendios de 2017 a 2023. También evitaron la emisión extra de 2,72 millones de toneladas de CO₂ y otras 25.757 toneladas de partículas.

Además de las 59 muertes que estiman se evitaron al retirar ese particulado tóxico, los autores del estudio monetizaron el conjunto de pérdidas evitadas. Así, no se perdieron 895 millones de dólares por daños a las infraestructuras y construcciones humanas, otros 503 millones por la menor emisión de gases de efecto invernadero y unos 1.390 millones ahorrados por el coste de la mortalidad prematura. En suma, calculan que por cada dólar dedicado a quemas y clareo, la sociedad recupera otros 3,73 dólares.

Para Matthew Reimer, primer autor de la investigación y también de la Universidad California Davis, la situación encaja bien en el problema de los bienes públicos: “A pesar de sus amplios beneficios para la sociedad, existen incentivos insuficientes para invertir en medidas de prevención sin pruebas claras y creíbles de sus beneficios”. Reimer reconoce que los esfuerzos de extinción “ofrecen resultados inmediatos y visibles, mientras que los beneficios de los tratamientos de combustible son tardíos, inciertos y difíciles de observar”. El resultado es que ni políticos ni población ven las ventajas de quemar el monte por muy controlado que sea.

“Las quemas prescritas en España son anecdóticas”, lamenta el catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida, Víctor Resco de Dios. “Tienen un fin formativo, para que los bomberos aprendan a usar el fuego técnico, al que se recurre durante la extinción de incendios”, añade. Sobre el retorno económico, da dos cifras: “Los bomberos de la Generalitat de Cataluña estiman que apagar un incendio cuesta 19.000 euros la hectárea. Mientras, gestionar quemas prescritas, estaríamos hablando de 200-300 euros la hectárea, si hacemos tratamientos a gran escala.”

Para el catedrático, que no ha participado en esta investigación, las quemas siempre serán mejores que el clareo, por muy bien que se haga. “La retirada del combustible nunca será completa y, por ejemplo, las cabras no se comen las hojas muertas, la hojarasca”. Sin embargo, sí apuesta por la combinación de “primero quemas, después mantenerlo con ganadería extensiva; esa es una forma de mantener el ecosistema sin que haya que estar siempre quemando”. Tan convencido está de su eficacia que plantea un escenario que asustaría a algunos: “Un sitio perfecto para gestionar con fuego prescrito serían los espacios protegidos, porque estamos recreando un proceso natural que habíamos extirpado”.

Emilio Chuvieco es, además de profesor de la Universidad de Alcalá, coordinador científico del proyecto europeo FirEUrisk. Como los autores del estudio y Resco de Dios, cree que hay que invertir más en prevención que en extinción. También cree que la clave está en la reducción del combustible. “Los tres medios clásicos serían con el pastoreo, la extracción mecánica y las quemas prescritas”. Aunque sean más eficaces y económicas, las quemas “se enfrentan a la opinión pública”. Además, son peligrosas allí donde se solapan bosque y urbanizaciones, como sucedió con los incendios de Los Ángeles del año pasado. “Ahí es mucha mejor solución volver a las cabras o el tratamiento mecánico”.

El problema, reconoce, es que en España “el abandono de la ganadería tradicional es un factor clave de la acumulación del combustible, junto al abandono de cultivos en zonas marginales”. Y la demografía de la España rural no facilita volver a esas prácticas, “pero sería muy deseable, quizá orientando por ahí parte de la inmigración”, sugiere. Sin embargo, está sucediendo lo contrario, con la inversión pública en prevención de incendios desplomándose a la mitad en 13 años.

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Meth Purer Than In ‘Breaking Bad’ And Stash Houses In The Kardashians’ Neighborhood: How Barrio 18 Ran Its Los Angeles Drug Operation

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A U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) operation has exposed the activities of a violent Los Angeles gang, Barrio 18, which was distributing Mexican cartel drugs on the streets. The group sold methamphetamine with 100% purity (even higher than the 99.1% boasted by Walter White in Breaking Bad), used a business as a front, and relied on dealers who did not fit the usual profile. One of their stash houses was located in the exclusive neighborhood where the Kardashian family lives, while gang members sold their product in a park crowded with addicted homeless people — described by authorities as an “open‑air drug market.”

On Wednesday, as the operation came to a head, dozens of federal and local agents took control of MacArthur Park, a few blocks west of downtown, and raided two homes and a business in the early morning hours. They arrested at least 18 people, including Yolanda Iriarte-Avila, a 40-year-old woman identified as the area’s main drug distributor. All of them face sentences of between 10 and 20 years in prison.

Under the fearless leadership of @POTUS, we are crushing the drug trade and saving countless American lives: 25 alleged drug dealers and traffickers have been arrested and federally charged in the last 24 hours.

These defendants and anyone who helps spread the scourge of drugs… pic.twitter.com/mbvTr13KqD

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 6, 2026

Iriarte-Avila lived in Calabasas, a wealthy and quiet town north of Los Angeles. She was a neighbor of the Kardashian family, Drake, Justin Bieber, The Weeknd, Will Smith, and Miley Cyrus, among other celebrities. Her apartment was the perfect stash house, until she sold a kilo of fentanyl for $10,000 to a DEA informant, and her cell phone was found to contain some 150 phone conversations she had over 30 days with her boyfriend, Jesús Morales-Landel, a known drug dealer in MacArthur Park.

On Wednesday, authorities found 18 kilograms of fentanyl at Iriarte-Ávila’s hideout. She and her partner have been linked to the Barrio 18 gang, a rival of Mara Salvatrucha (MS-13). The DEA has not revealed who supplied the drugs to Iriarte-Avila, although it said that the gang has formed alliances with the Sinaloa Cartel, Jalisco New Generation Cartel, and Los Zetas.

A park disputed by three gangs

The federal indictment names at least 25 people involved in this criminal network and details 27 undercover purchases of fentanyl and methamphetamine made between March 9 and April 15, both inside and around the park. To track them, the DEA had the support of the Los Angeles Police Department and the Sheriff’s Office, who deployed drones, surveillance cameras, and a tracker installed in one of the suspects’ vehicles.

Agents monitored suspects’ movements through houses, parking lots, restaurants, clothing stores and supermarkets, until they reached what investigators describe as the group’s center of operations: a business called El Paraíso, located across from the park, where — according to the investigation — they stored narcotics and coordinated sales ranging from $10 to $40.

At the mid-level of distribution were Mallaly Moreno-López, 31, and her boyfriend, Jackson Tarfur, 28. A swarm of police officers woke them while they slept in their Westlake apartment. As a desperate measure, they flushed the fentanyl pills they had with them down the toilet, and some remained in the toilet bowl; this was seen in a video released by the DEA as the final piece of evidence against them. Both are now in jail.

“For far too long, MacArthur Park has been plagued by drug addiction, crime, and despair,” said Anthony Chrysanthis, head of the DEA’s Los Angeles office, in a statement. “While this is a drug enforcement operation, it is also an effort to restore safety and wellness, and to return MacArthur Park back to the community.”

For years, MacArthur Park has been a recreational space for dozens of Hispanic migrant families. But it also became contested territory for gangs such as Barrio 18, MS‑13, and the Crazy Riders. According to authorities, to avoid clashes between rival groups, the prison gang known as the Mexican Mafia divided control of different sections of the park among them. After the pandemic, the area filled with homeless people and drug users, creating a lucrative open‑air market for these criminal structures.

“We witnessed drug activity return to MacArthur Park, ” Los Angeles Police Chief Jim McDonnell said in the statement.

Covert purchases

Amid the constant bustle of Alvarado Street, a man approached Jordan Jaramillo, who was wearing a black sweatshirt, camouflage pants, and a black mask covering his face. He asked for “crystal,” handed him a $20 bill, and received a small white rock. The dealer had a Chilean accent, uncommon in this neighborhood that has welcomed Central American and Mexican diasporas for decades. The customer, who was actually a police informant, placed the rock on a napkin and put it in his bag. Tests by a DEA lab revealed it to be 1.74 grams of methamphetamine with a purity level of 100%.

That same day, March 9, agents arrested Jaramillo while he was traveling in a car with one of his accomplices, and his Chilean passport appeared in the police database. According to the Department of Justice, Barrio 18 has been using undocumented South Americans to carry out street-level drug sales, in an apparent attempt to mislead authorities and break with the typical profile of dealers.

Other undercover police buyers approached Jaramillo to purchase powdered fentanyl for $20 to $40. In code, they asked him for “fettie.” This Chilean man was recorded by surveillance cameras that the Los Angeles government had installed in various areas of the park, and those images are now part of the evidence presented by the Central District of California. According to the indictment, at one point, this gang’s operations became so blatant that they stopped taking precautions: they were constantly entering the El Paraíso store and selling the merchandise in plain sight, right in front of the shop.

During Wednesday’s operation, as a loudspeaker warned in English and Spanish that it was a DEA raid, an agent used a saw to cut through El Paraíso’s metal shutter. The scene marked the end of the hideout from which Barrio 18 had operated with impunity.

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