Donald Trump podrá continuar la construcción de su gigantesco salón de baile en la Casa Blanca tranquilamente. El Tribunal Supremo ha autorizado este lunes, por cinco votos contra cuatro, que esas obras continúen definitivamente, después de que la semana pasada hubiera emitido un permiso provisional mientras veía el caso. La decisión de la máxima corte judicial estadounidense revierte la decisión de una instancia inferior que habría paralizado la edificación por encima del nivel del suelo.

El Supremo ha rechazado la demanda de la Fundación Nacional para la Conservación Histórica al considerar que dicha institución no ha acreditado su condición de parte interesada. En su opinión, no ha demostrado que resultaría directamente afectada por la construcción, requisito que la ley estadounidense exige para interponer este tipo de acciones judiciales.

La Fundación alegaba que el presidente estadounidense no tiene competencias para ordenar por su cuenta y riesgo los trabajos de construcción que han demolido el ala Este de la Casa Blanca y van a reconstruirla convertida en una inmensa sala de baile sobre un búnker subterráneo aún más descomunal. La demanda sostenía que Trump tenía que recibir la autorización del Congreso antes de poder alterar de modo significativo la apariencia del edificio histórico. La Administración de Trump sostiene que la edificación del enorme complejo es imprescindible para la seguridad nacional.

Otros tribunales inferiores se habían alineado con las tesis de la Fundación y ordenaron a la Casa Blanca en dos ocasiones que detuviera los trabajos. Ambas veces esas órdenes quedaron paralizadas de manera provisional, lo que permitió que las obras continuaran. De hecho, los trabajos se aceleraron a un ritmo vertiginoso para llegar a un punto en el que estuvieran demasiado avanzadas como para poder paralizarlas, con independencia de lo que acabasen decidiendo los jueces.

El caso comenzó el año pasado cuando, sin notificación previa al Congreso, Trump dio la orden de demoler el ala Este. Los trabajos comenzaron en octubre. En cuestión de días, esa parte de la residencia oficial de los presidentes de Estados Unidos se había convertido en un gran agujero y un montón de escombros. El republicano llevaba tiempo mostrando a quien los quisiera ver los renders de su proyecto, del que aseguraba que era absolutamente necesario para que los mandatarios estadounidenses pudieran recibir a otros dignatarios y organizar actos en un lugar lo suficientemente espacioso. También sostenía que el plan no costaría ni un solo dólar al contribuyente. Aseguró entonces que él y otros donantes privados pagarían la factura de sus propios bolsillos.

Durante aquellos primeros tiempos, el presidente también juraba y perjuraba que el coste completo de toda la obra rondaría los 200 millones. Después pasó a decir que sería de unos 400 millones, también sufragados por donantes privados. Pero los documentos de contratistas citadas por el Washington Post indican que la factura es de unos 600 millones de dólares, de los cuales la mitad se pagará con dinero público.

Mientras las excavadoras iban agrandando el agujero, salió a la luz que el proyecto también incluía el búnker militar. Una edificación subterránea de cinco pisos con columnas y vigas resistentes a misiles, y que según el procurador general, John Sauer, está construida con el cemento “más resistente que existe, el tipo que se usa en las plantas de energía nuclear: impermeable y virtualmente indestructible”.

Citando al Secretario de Estado, Marco Rubio, el procurador insistió en que se debe dejar continuar con lo que para el Gobierno es un proyecto “absolutamente fundamental, no solo para la seguridad física de los invitados, sino también para que Estados Unidos pueda avanzar sus relaciones diplomáticas y sus intereses”. Sauer también reforzó su postura con palabras del director de inteligencia nacional, Jay Clayton: “Cualquier retraso incrementa sustancialmente el riesgo de que actores malignos recopilen inteligencia sobre el complejo”, lo que les permitiría “destruir la instalación más fácilmente en el evento de un conflicto armado”.

Por su parte, el Fondo Nacional reclamaba que la Casa Blanca obtuviera el permiso del Congreso para una modificación tan radical del que “tal vez sea el lugar más venerado de nuestro país” y “propiedad del pueblo estadounidense”. Su demanda reclamaba solo que se paralizara la construcción sobre tierra, no la subterránea: la edificación del búnker hubiera podido avanzar sin problemas.

El Gobierno de Keiko Fujimori esperó hasta la noche del viernes, cuando cumplía un mes en Palacio, para presentar al Congreso su pedido de facultades legislativas. La solicitud plantea que el Ejecutivo pueda legislar durante 120 días por decreto —sin el aval parlamentaro—y contiene 66 materias que abarcan desde seguridad ciudadana hasta asuntos laborales, tributarios, ambientales y financieros. El documento llega después de que, al inicio del mandato, se filtrara un primer borrador que despertó críticas por la amplitud de las materias que el Gobierno pretendía asumir. Ahora el Congreso deberá examinar una delegación cuyo trámite podría prolongarse alrededor de un mes.

La seguridad ocupa el lugar más visible del paquete. El Ejecutivo quiere declarar “organización terrorista” a las bandas criminales, ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y en los penales, y establecer una presunción de legítima defensa a favor de quien actúe para repeler una agresión. También pretende devolver capacidad operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia, una institución que fue declarada en reorganización en 2015 después de denuncias de espionaje a políticos. La solicitud, sin embargo, va bastante más allá. Incluye medidas para eliminar barreras burocráticas, modificar la normativa ambiental y eliminar los topes a las tasas de interés, una medida que permitiría a los bancos elevarlas en los créditos formales.

El pedido llega en un momento particularmente delicado para Fujimori. Durante la campaña presidencial prometió que los primeros cambios serían visibles en 15 días, pero un mes después su Gobierno ha empezado a moderar las expectativas. “Auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido el país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, sostuvo hace poco. Es más, reconoció el desgaste acumulado durante sus primeras semanas en el poder. “Efectivamente, hoy [por el viernes 28 de agosto] cumplimos un mes que parece un año. Han sido días muy intensos”, dijo.

El país que Fujimori describe como difícil de gobernar acumula varios frentes abiertos. La pobreza monetaria alcanza al 25,7% de la población, más del 40% de los peruanos enfrenta inseguridad alimentaria y el sistema de salud atraviesa problemas estructurales. Pero ninguna de esas urgencias concentra tanta atención como la inseguridad ciudadana. Fue, además, uno de los principales ejes de la campaña presidencial de Fujimori y una de las áreas en las que prometió decisiones rápidas. La delegación de facultades que permite al gobierno legislar sin la aprobación del Congreso aparece ahora como la principal herramienta con la que el Ejecutivo pretende demostrar capacidad de acción frente a una violencia que, lejos de disminuir, continúa produciendo episodios cada vez más graves.

El Gobierno acaba de declarar a Lima y Callao en estado de emergencia por los próximos 60 días. La Policía Nacional mantiene el control del orden interno, aunque con apoyo de las Fuerzas Armadas. No se trata de una fórmula nueva. Desde febrero de 2022, Lima y Callao han estado 23 veces en estados de emergencia —incluidas las prórrogas— relacionados con la criminalidad, sin que esas declaratorias hayan conseguido resultados sostenidos. El mismo viernes, mientras el Ejecutivo presentaba su pedido al Congreso, Betsy Mallma Sarmiento, una dirigente vecinal en San Juan de Miraflores, fue asesinada a balazos por sicarios frente a sus hijas. La mujer cubrió con su cuerpo a su bebé de apenas un mes.

El episodio que terminó por elevar la presión sobre el Gobierno ocurrió en la madrugada del domingo, en Trujillo. Un grupo de delincuentes vestidos con uniformes de la Policía simuló una intervención para secuestrar al empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla. Sus cuatro acompañantes —su novia, una amiga y dos agentes de seguridad— fueron asesinados con armas provistas de silenciador. La Policía investiga si detrás del ataque se encuentra la banda Los Pulpos. La magnitud del crimen llevó a Fujimori a convocar un Consejo de Ministros extraordinario y a suspender sus acostumbradas transmisiones en TikTok. El Ejecutivo vinculó además el caso con su pedido al Congreso e insistió en que la delegación de facultades debe acelerarse.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó la tarde del lunes que la Policía liberó al empresario y que capturó a cuatro implicados. “La víctima del secuestro se encuentra en compañía de su familia. Adicionalmente, se ha detenido al operador logístico que coordinó con los miembros de la organización Los Pulpos y que les brindó las armas y los uniformes”, dijo.

El primer ministro, Luis Galarreta, fue explícito. “Es urgente la delegación de facultades en seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales y frenar la violencia”, afirmó. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, viajó a Trujillo y defendió también una mayor participación militar. “Lo que necesitamos es poder utilizar inteligencia militar y grupos de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas para actuar quirúrgicamente contra estos delincuentes”, señaló. Según el Gobierno, la Policía y el Ejército realizan labores de rastrillaje y han establecido cercos en las zonas donde se presume que podrían encontrarse los responsables o sus cómplices.

Trujillo convive desde hace dos décadas con el sicariato y las mafias de cobro de cupos, mientras Pataz —de donde era natural Lara Tantaquilla— se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilegal y violencia vinculada al control del oro. En 2020, una empresa vinculada a Lara Tantaquilla apareció en una investigación fiscal por la presunta utilización de permisos de formalización minera para transportar y legalizar oro de procedencia ilícita.

Para el Ejecutivo, la sucesión de crímenes es ahora el principal argumento para defender ante el Congreso una delegación que inicialmente había generado reparos. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, ha insistido en esa prioridad: “El punto principal es la seguridad ciudadana, que es lo que más agobia a todos los peruanos (…) vamos a empezar el camino para tratar de destrabar lo que ha existido durante décadas: el problema del hacinamiento de los penales, el juntar reos primarios con reos muy avezados”. La semana, sin embargo, ha comenzado con una nueva señal de alarma: una granada fue dejada este lunes frente al Poder Judicial del Callao.