La Política Sin Escrúpulos Pone A Las ONG Humanitarias En La Diana

Los ataques que desde hace lustros vienen sufriendo las ONG de ayuda humanitaria han generado una suerte de gas tóxico que ha acabado por estallar en lava como un volcán. Lo sucedido en Ceuta, que este verano se ha convertido en uno de los puntos más calientes a nivel internacional respecto a la migración, recuerda los muchos casos que se vienen dando en todo el planeta de los que se duelen las organizaciones de derechos humanos: los insultos y ataques a los trabajadores humanitarios se han hecho frecuentes. Es el resultado, dicen, de años de bulos y desinformación generados para minar una de las columnas del Estado de Bienestar, y todo ello, aseguran, animado por un interés económico y un brazo político que coadyuvan. Lo que antes fue una estrategia de desprestigio ha degenerado en conflictos abiertos, lo mismo en Sudán que en Libia, en Estados Unidos, en la dana de Valencia o en Ceuta, donde los trabajadores humanitarios son ahora los depositarios del odio y de la violencia. Si antes trabajar en ONG era motivo de orgullo y marchamo de solidaridad, ahora no son pocos quienes tienen que esconder sus chalecos o defenderse de crecientes hostilidades. Algunas organizaciones mencionan que empiezan a tener problemas hasta con sus tradicionales proveedores de insumos.

Reciente mensaje de Vox en las redes sociales: “La gran pregunta que hay que hacer es por qué el dinero de los ceutíes se destina a ONG que se dedican a mantener a los invasores y no a las familias ceutíes que no llegan a final de mes”. No mencionan cómo solucionarían ellos la situación, si sacarían a todos sin atender a las leyes ni a negociaciones bilaterales ni adónde los llevarían, ¿al mar? ¿al desierto?; si no atenderían las enfermedades que se puedan dar y sus posibles contagios; si permitirían que cientos de niños vagaran sin protección o fueran agredidos. No. Solo lanzan la sospecha de una financiación inmerecida. Pero son las ONG las que se dedican a solucionar esos problemas, financiadas, por supuesto. “Es la lucha que están imponiendo, pobres contra pobres. No tienen programa, no saben qué hacer, solo contra quién van”, dice Carlos Giménez Romero, antropólogo emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

La inmigración está en el centro del debate político y cualquier aleteo alcanza repercusiones mundiales. “Nos tachan de chiringuitos que nos beneficiamos de la financiación pública. Se mueven con un patrón que les funciona y contra el que es tan difícil luchar, que es la invocación del odio, de las emociones, del miedo”, dice María Tejada, responsable estatal de Comunicación y Campañas de Accem -una de las grandes organizaciones españolas de ayuda a migrantes y refugiados-, quien después de 30 años de trabajo en el sector asegura que no había conocido algo como lo que hoy se está viviendo. La desconfianza que ha ido calando en parte de la sociedad va a requerir de mucha pedagogía y sensibilización, dice Tejada, “porque los cambios de actitud son procesos largos que no se hacen de la noche a la mañana”. Las redes sociales y la Inteligencia Artificial (IA) están sirviendo la mejor yesca para el incendio, y en su manejo, coinciden los consultados para este reportaje, los que prenden el odio van ganando la partida.

La situación española, en un panorama mundial con patrones similares, es particular, “porque el modelo español se apoya como ningún otro en una red social de entidades con un enorme voluntariado, la más extensa y profesionalizada de Europa”, explica el catedrático Giménez Romero, que durante décadas ha trabajado la antropología y desarrollado trabajos de campo con estas ONG. Los años de dictadura en España, sin apenas Estado de Bienestar, fueron tejiendo ese entramado social de ayuda y prestación de servicios forjado en la lucha vecinal, católica, civil, que en la transición se hizo necesaria para complementar el sistema público, explica Giménez Romero. Los acuerdos con el Estado fueron consolidando una cooperación que gozó de prestigio y amplio apoyo social.

En los primeros años de la democracia, España fue cambiando su condición de país emigrante por receptor de inmigración. Pero poco después, el racismo y la xenofobia, dice el antropólogo, servían ya algunas declaraciones políticas, que él todavía conserva en recortes de noticias periodísticas, “como cuando la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, decía que Cataluña se estaba islamizando y que pronto las iglesias serían mezquitas. Cuando en España la fuerza de trabajo de los extranjeros apenas representaba un 0,35% ya se decía que nos estaban quitando los empleos”.

Privatización

Mucho ha llovido desde entonces y las redes sociales han propiciado un giro en la globalización, sigue el catedrático, que “favorece la revolución conservadora radical que se vive hoy, llámese tecnofeudalismo o capitalismo o como se quiera. Solo hay que ver los acuerdos a los que han llegado el PP y Vox para formar sus gobiernos autonómicos, en los que la palabra desregulación ya lo dice todo”. A su parecer, este fenómeno mundial que “pone a los inmigrantes como chivo expiatorio de todos los males no es más que una estrategia de acoso a un pilar fundamental del Estado de Bienestar para favorecer el traspaso de los servicios públicos a una red privada lucrativa. Es injusto y cutre porque la pieza que están desmontando beneficia a todo el mundo”, afirma.

Una reciente encuesta de Acnur, la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas, revela que “el 93% del personal encuestado había sido testigo de información errónea, desinformación o discursos de odio, lo que afectaba la ejecución de su trabajo. Y las mujeres –tanto entre las personas refugiadas como entre el personal– están recibiendo ataques de manera desproporcionada”, contesta por escrito a las preguntas de este periódico Paula Barrachina, portavoz de la organización en España. “El discurso de odio no conoce fronteras”, prosigue, y cita algunos casos graves como “llamados en línea para compartir las coordenadas GPS de las direcciones del personal y vídeos que describen a los trabajadores como traidores a su país”. Es curioso, dirá por teléfono Giménez Romero, “porque estos trabajadores deberían ser considerados signos de identidad patriótica y los están convirtiendo en lo contrario”.

“Información dañina”

Todas las organizaciones están tomando medidas para poder desarrollar su labor y proteger al personal, y Cruz Roja, la extensa organización humanitaria, con presencia en 191 países, ya le ha puesto nombre a lo que está ocurriendo: hablan de “información dañina”. “La desinformación es uno de los problemas más graves de las sociedades actuales, que afecta a nivel global, no solo en España, y el ámbito humanitario no está exento de sufrir sus efectos”, señala, también por correo escrito, María Trénor, directora de Comunicación de Cruz Roja Española. Y añade: “Desde la irrupción de la pandemia estamos asistiendo a una escalada de desinformación que se ha convertido en una amenaza directa para la acción humanitaria y el sector, en un momento en el que los desastres y las emergencias afectan con mayor frecuencia a más personas”. “Es fundamental que los contextos relacionados con las personas refugiadas y la acción humanitaria no queden al margen de los debates sobre la gobernanza de la IA”, añade también Barrachina, de Acnur.

María Tejada, de Accem, afirma que hay una pérdida de confianza social, que se nota en el voluntariado y que urge recuperar “con pedagogía” y mostrando a la ciudadanía que el trabajo que desarrollan “hace avanzar a toda la sociedad”. Del descrédito, sostiene, no es responsable solo la ultraderecha con sus ataques descarnados y basados en datos falsos. “Hay una izquierda antisistema que se sitúa en la defensa de los migrantes y ataca nuestra labor, que nos acusan de trabajar para los gobiernos y que organizan sus propias ayudas sin mucha profesionalización, lo que a veces contribuye a una mayor sensación de descontrol y de inoperancia”, explica. “Sí, eso ha existido siempre”, coincide Mauricio Valiente, director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), otra de las grandes organizaciones españolas. “Son quienes opinan que hay que hacer solidaridad a puro pulmón y no a través de las Administraciones. Sin embargo, trabajar con ellas no te hace cómplice de sus políticas, pero, en todo caso, esas son críticas que podemos aceptar como tales, pero hay que diferenciarlas de los discursos de odio de la ultraderecha, que nos han llegado a decir que traficamos con personas, vaya, que somos organizaciones criminales, esto lo dijo Ortega Smith, de Vox”, recuerda Valiente.

Marisa Revilla, autora de Las ONG y la política, cree que se ha debilitado el reconocimiento del que gozaron estas organizaciones, “porque en su día se entendía que eran quienes ayudaban cuando la política no lo hacía. No es que sean apolíticas, porque no lo son, pero muchas desarrollan una labor encomiable y, sin embargo, se las ha criminalizado señalándolas como herramientas políticas, ideológicas, cuya ayuda no es neutra. Lo que se está criminalizando es la acción colectiva, la que quiere cambiar las cosas, profundizan en la individualización para atacar la fuerza social”, dice esta socióloga, catedrática de la Universidad Complutense.

¿Qué se puede hacer? Pedagogía, dicen. “Armarnos de paciencia y elevar el debate político. Estamos trabajando con otras ONG para ver formas distintas de llegar a ciertos sectores que se han alejado, porque dentro de la autocrítica podría decirse que quizá nos hemos institucionalizado y no creo que debamos criminalizar a quienes se han visto arrastrados por esas posiciones xenófobas, aunque a veces sea lo que nos pide el cuerpo ante esos mensajes trivializados y basura”, dice Valiente. “Debemos ser activistas de la contracultura y canalizar el espíritu crítico, si nos burocratizamos, somos menos eficaces”, explica el director de Cear, quien señala “una crisis de activismo” que está afectando a muchas organizaciones, también de forma interna entre los propios trabajadores, que ahora organizan sus vidas de otra forma. “Antes, nuestro servicio jurídico en Barajas lo sacábamos a golpe de voluntarismo, ahora es impensable que eso no tenga una compensación económica, y no es que sea criticable, es solo un cambio que constatamos”, cuenta. “No es menor compromiso, es que se canaliza de otra forma”.

El voluntariado moviliza al 10,5% de los mayores de 14 años, más de 4,4 millones de personas, según datos de la plataforma nacional en la que se reúnen. Muchos de ellos son profesionales, de la abogacía, de la medicina, a los que hay que sumar el personal de las organizaciones, también profesionalizado. Los ciudadanos extranjeros suponen ya el 12% de todos ellos.

Marisa Revilla critica que algunas ONG han “descuidado la capacidad de movilización social”. “Se trata de explicar las cosas e invocar un discurso que no sea el que mueve las tripas, sino hacer pedagogía cívica, porque los Estados se hacen cada vez más pequeños y tienen que dar dinero para ofrecer servicios donde no llegan o tirar de mano de obra voluntaria. Si el modelo público funcionara mejor…”. Sobre esto, Giménez Romero critica a quienes acusan a las ONG de lucrarse con dinero público, cuando “hay una red solidaria magnífica. ¿Alguien ha medido cuánto dinero público reciben las empresas? Las ONG ni están mimadas ni hiperfinanciadas, sino todo lo contrario”, asegura. Y desde Cruz Roja, más que alejarse de la Administración, abogan por “reforzar la colaboración entre instituciones, gobiernos, plataformas digitales, agencias humanitarias y comunidades locales para detectar, prevenir y contrarrestar la desinformación”.

Cuando la dana sembró de barro y muerte las calles de Valencia, hileras de jóvenes llegados de todas partes se abrieron paso a pie hasta llegar a las víctimas. No era la primera vez, imágenes similares se dieron con el vertido de chapapote del Prestige en Galicia. “Situaciones así rompen el discurso de que los jóvenes han dado la espalda al voluntariado”, sostienen en Cear. La directora de comunicación de Cruz Roja también se refiere a aquella terrible dana, “cuando se difundió información errónea en internet en la que se afirmaba que Cruz Roja Española estaba ausente, que simulaba la ayuda para hacerse fotos, que desviaba la asistencia a la población migrante o que hacía un uso indebido de los fondos. Las personas voluntarias sufrieron acoso en ocasiones, y se trató de minar la confianza en la organización. Esto complicó las labores de respuesta durante una emergencia activa, aunque no las impidió. Pero el riesgo de que un día ocurra está ahí”. María Trénor no cree que se esté ante “la pérdida de confianza de una gran parte de la población. Evidentemente, existen personas que sí la sienten, pero recuperar esa confianza sería tarea de todos”.